Por Agroempresario.com
El Gobierno argentino logró esta semana un hito financiero clave: sumar los dólares necesarios para afrontar el pago de deuda previsto para el 9 de julio. Con una inyección de USD 604 millones a través del Bonte 2030, el Ministerio de Economía elevó su cuenta en divisas en el Banco Central a USD 4.583 millones. Así, podrá cumplir con los compromisos asumidos en la reestructuración de deuda de 2020, en un contexto donde el acceso al financiamiento internacional aún permanece limitado.
Esta acumulación de reservas es fundamental para evitar un impacto directo en las arcas del Banco Central, ya que las obligaciones deberán pagarse al contado. El Tesoro no tiene, por ahora, la posibilidad de refinanciar vencimientos mediante emisiones en los mercados internacionales, un escenario que el Gobierno busca revertir con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el organismo internacional insisten en que una “implementación decisiva del programa económico” y una “acumulación sostenida de reservas” permitirán que Argentina regrese a los mercados a tasas razonables, lo cual sería clave para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. El acceso a financiamiento externo volvería a estar sobre la mesa a partir de 2026, según el último staff report del FMI.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene abierta la posibilidad de que ese regreso se anticipe, siempre que los indicadores económicos acompañen. La visita del FMI a Buenos Aires esta semana busca revisar estos parámetros técnicos y definir los próximos desembolsos del programa firmado en abril.
En el plano local, el tercer trimestre suele ser una etapa de menor acumulación de divisas, ya que los ingresos por la cosecha fina —que inicia en semanas— no alcanzan el volumen de los picos de abril y mayo. Durante ese pico estacional de ingreso de dólares del agro, el Gobierno decidió no intervenir en el mercado oficial de cambios, priorizando otras herramientas para engrosar reservas y cumplir con los objetivos acordados con el FMI.
Un informe de la consultora Outlier explicó que la próxima meta de reservas netas, con vencimiento el 30 de septiembre, requerirá una caída de USD 600 millones respecto de diciembre de 2024. Esto incluye un impacto negativo fuerte por el pago de julio, que supera los USD 4.000 millones, correspondiente a vencimientos de los bonos Globales y Bonares.
Este desembolso no solo implica una salida directa de recursos, sino que también afecta el cálculo de reservas netas que contempla los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central. Al 18 de junio, ese stock ascendía a USD 3.995 millones, con lo cual el uso de estos fondos reducirá sensiblemente esa posición.
A su vez, el mismo informe advirtió que, aunque el programa con el FMI podría ser recalibrado en plazos, las metas actuales siguen vigentes. Y no será fácil cumplirlas si no hay nuevas estrategias de intervención o ingresos extraordinarios. De hecho, el tope mensual de USD 1.000 millones fijado para las subastas del Tesoro limita el margen de maniobra.
Frente a esto, se abre un interrogante clave: ¿el Tesoro usará parte de sus divisas para intervenir en el mercado de cambios (MULC)? De hacerlo, podría estabilizar el tipo de cambio frente a colocaciones del sector privado o provincial, aunque también implicaría mayor presión sobre las reservas.
En cualquier caso, la hoja de ruta está trazada. La prioridad del equipo económico es mantener la estabilidad cambiaria y garantizar el cumplimiento de compromisos externos. Con la mirada puesta en el segundo semestre del año, el desafío será sostener este equilibrio en un contexto en el que las herramientas siguen siendo limitadas y la confianza del mercado aún no se ha restablecido por completo.
Por ahora, el “Plan Caputo” parece haber ganado una batalla clave al evitar una crisis de pago en julio. Resta saber si podrá sostener ese equilibrio en los próximos trimestres, frente a un calendario de vencimientos cada vez más exigente y sin acceso pleno al crédito externo.