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Por Agroempresario.com
El tomate industrial, motor histórico de la economía agrícola en el Valle de Uco, Mendoza, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Productores de la región denuncian que la importación de pasta de tomate desde Chile y, en menor medida, desde China, está afectando gravemente la rentabilidad del cultivo local. El panorama es tan crítico que muchos ya anuncian que no volverán a plantar en la próxima campaña.
En una actividad con márgenes ajustados, el ingreso de productos importados más baratos desploma los precios que paga la industria argentina. A eso se suma una inflación descontrolada, aumentos constantes en los costos de producción y la falta de acceso a crédito, factores que ponen contra las cuerdas a un sector estratégico en la cadena agroindustrial.
“Nos pagaron lo mismo que el año pasado. Con esos valores, es imposible sostenerse. Fue una campaña muy mala”, expresó Mario Leiva, productor de la zona. Según detalla, quienes participaron del programa Tomate 2000 cobran entre 100 y 112 pesos el kilo con contrato, los mismos valores que en 2024, sin actualización por inflación. Los productores que vendieron fuera de contrato, el llamado “tomate libre”, recibieron entre 60 y 90 pesos por kilo.
El dato más preocupante es que el precio percibido no alcanza a cubrir los costos básicos de producción, que aumentaron fuertemente en los últimos meses. “Para tener rentabilidad, el productor debería recibir al menos 120 pesos por kilo y cosechar como mínimo 100.000 kilos por hectárea”, explicó Mauricio Sáez, otro productor del Valle de Uco.
Actualmente, Argentina destina unas 8.000 hectáreas al tomate industrial, trabajadas por unos 400 productores, muchos de ellos en el Valle de Uco. La variedad predominante es el tomate perita, que si bien es reconocido por su textura y firmeza, tiene un menor rendimiento por tratarse de una zona fría. En promedio, se cosechan 100.000 kilos por hectárea, aunque en provincias como San Juan el rendimiento puede duplicarse.
Uno de los factores que más preocupa es el desplazamiento del tomate argentino por pasta de tomate importada. Según los productores, las industrias procesadoras reducen la superficie sembrada y prefieren importar tambores de pasta desde Chile o China, más baratos pero de calidad inferior.
“El tomate extranjero puede ser un 10% o 15% más barato, lo cual es determinante en un mercado tan ajustado. Pero es un producto de menor calidad, que termina afectando también al consumidor final”, advirtió Leiva. Además, muchos de estos productos son reempaquetados y vendidos en góndolas locales como si fueran de origen argentino.
La Asociación Tomate 2000 ya había alertado que, de mantenerse estas condiciones, la superficie cultivada podría reducirse hasta un 40% en la próxima campaña, lo que implicaría la pérdida del autoabastecimiento nacional logrado en 2024. En los campos del Valle de Uco, el desánimo es palpable. “Muchos ya decidieron no volver a plantar. Van a cambiar de cultivo o abandonar la actividad”, agregó Leiva.
Otro de los reclamos recurrentes es la demora en los pagos por parte de las industrias, que además aplican fuertes descuentos por calidad, incluso cuando el producto se entrega en condiciones óptimas. “En algunos casos tardaron meses en pagar y encima descontaron mucho por supuestas fallas de calidad. Así no se puede seguir”, afirmó Leiva.
Esa tensión entre la producción primaria y el sector industrial es uno de los principales desafíos estructurales del rubro. “No tenemos retenciones, pero lo que vivimos es peor: una relación industrial injusta que nos deja en la indefensión total”, denunció.
El acceso a maquinaria moderna también marca una brecha entre los productores que pueden sostener la actividad y los que están al borde del abandono. “La única manera de reducir costos en la cosecha es tener máquinas propias. El que debe pagar el servicio tercerizado, está al límite”, explicó Sáez.
Las máquinas de última generación permiten realizar entre cuatro y cinco pasadas por surco, optimizando el rendimiento y facilitando la recolección. Pero esa tecnología no está al alcance de la mayoría. Además, los costos laborales del servicio de cosecha han subido fuertemente, lo que termina erosionando cualquier margen de rentabilidad.
En este sentido, la falta de crédito real y accesible es otro escollo. “En Argentina no hay financiamiento privado. Las tasas bancarias son prohibitivas y ningún productor puede invertir si no tiene respaldo financiero”, apuntó Sáez.
Otro dato clave es que, por la baja en el consumo interno y las dificultades económicas generales, muchas industrias tienen stock acumulado y no necesitan comprar tomate fresco en grandes volúmenes. “Este año no aparecieron las pequeñas fábricas que solían comprar tomate libre. Ese tomate quedó sin destino, se perdió en el campo”, relató Sáez.
La suma de todos estos factores configuran un escenario altamente incierto y desalentador para la campaña 2025. “Todavía no hay definiciones concretas. Las industrias ya anunciaron que van a reducir la superficie plantada de manera significativa”, señaló.
Lo que está en juego no es solo la próxima cosecha, sino el modelo productivo del tomate industrial en Argentina. Si el país pierde el autoabastecimiento, dependerá en mayor medida de las importaciones, con consecuencias para la calidad, el precio y el empleo rural.
“La situación es insostenible. El productor que tiene contrato con la industria, sobrevive. El que no, desaparece”, resumió Sáez. En una actividad donde el esfuerzo, la inversión y el clima son determinantes, el impacto de una política comercial desfavorable puede ser devastador.
Por eso, los productores piden reglas claras, precios justos, acceso a financiamiento y controles sobre la importación, para proteger una economía regional que da trabajo directo e indirecto a miles de personas.
“Estamos cautivos de una estructura injusta. Si no cambia algo de fondo, vamos camino a la desaparición del tomate industrial en muchas zonas del país”, concluyó Leiva.
