Por Agroempresario.com
En un contexto de tensiones fiscales y negociaciones entre Nación y provincias, un nuevo proyecto de ley busca reconfigurar la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad con que actualmente se asignan esos fondos. La propuesta, impulsada por un grupo transversal de gobernadores, pretende que el 100% de los recursos del ATN se repartan automáticamente bajo los mismos criterios que establece la Ley de Coparticipación Federal.
Este cambio, según un estudio reciente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), implicaría para el gobierno nacional un costo fiscal de $269.465 millones sólo en el segundo semestre de 2025, lo que equivale a un 0,05% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para ese año.
La iniciativa está siendo debatida en el Congreso y suma apoyos entre mandatarios provinciales que reclaman reglas claras y previsibilidad en el manejo de los fondos que, aunque se originan en la recaudación nacional, hoy son asignados bajo criterios discrecionales por el Ministerio del Interior.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se conforma principalmente con el 1% de la masa coparticipable neta y el 1% del componente coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Hasta el año 2017, también se nutría con el 2% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, pero ese componente fue eliminado.
Si bien estos recursos se generan automáticamente, su distribución no está garantizada. El Poder Ejecutivo nacional los administra discrecionalmente, lo que históricamente ha sido objeto de críticas por parte de las provincias que reclaman mayor equidad en el reparto.
De acuerdo con IERAL, entre enero de 2017 y junio de 2025, el Fondo ATN habría recaudado $8,6 billones (en valores constantes de 2025), pero sólo el 48% de esos fondos fueron efectivamente transferidos a las provincias. El resto, un 52%, quedó acumulado en cuentas del Tesoro nacional, generando superávit fiscal para Nación sin ser redistribuido como se esperaba.
El documento advierte que cuando el Ejecutivo no ejecuta la totalidad de los recursos del ATN durante el año fiscal, esos fondos no se pierden, pero sí impactan positivamente en el resultado fiscal nacional, al no ser transferidos ni utilizados.
El caso más extremo fue el de 2024, cuando del total recaudado por el Fondo ATN, equivalente al 0,12% del PBI, sólo se giró el 0,01% a las provincias. Según IERAL, eso representó una diferencia de $881.296 millones, que la Nación no gastó, logrando una mejora artificial de su superávit.
Si la ley ya hubiese estado en vigencia en ese momento, las provincias habrían recibido al menos 0,07% del PBI, mostrando cómo el nuevo esquema representaría una mejora significativa para las finanzas provinciales.
El estudio del IERAL ofrece un panorama claro del impacto estimado para el segundo semestre de 2025. De aplicarse la reforma, las provincias recibirán en conjunto $334.563 millones, frente a los $65.098 millones que hubieran recibido con el sistema vigente. La diferencia de $269.465 millones representa el costo fiscal que asumiría la Nación.
Entre las más beneficiadas figuran:
En términos relativos, Córdoba sería la gran ganadora: el incremento representa un 2,5% adicional sobre su coparticipación. El informe aclara que, salvo Chubut, todas las provincias verían incrementos. La provincia patagónica sería la única en perder: pasaría de $5.438 millones a $5.111 millones, una baja de $327 millones.
El informe también explora un ejercicio contrafáctico: si el proyecto hubiese estado en vigencia en 2024, las provincias habrían recibido $489.505 millones más en ese año. Ese monto representa un 0,06% del PBI, y habría significado una reducción del 20% en el superávit financiero nacional.
Además, revela que durante el régimen actual, ciertas provincias han sido favoritizadas por el reparto discrecional: Chubut ha recibido 1,7 puntos porcentuales más que lo que le corresponde por ley, mientras que otras como Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tenido 2 puntos porcentuales menos que su participación teórica.
Tanto el gobierno nacional como las provincias cerraron el 2024 con superávits fiscales. Nación logró un superávit de 0,3% del PBI, mientras que las provincias, en conjunto, terminaron con 0,2% del PBI de superávit. Esto fue posible, en parte, por un fuerte ajuste del gasto público: una caída real del 26% a nivel nacional y del 17% en provincias.
Sin embargo, el primer trimestre de 2025 muestra una divergencia preocupante. Las provincias aumentaron su gasto real en un 21%, mientras que Nación lo mantuvo estable. En simultáneo, los ingresos provinciales crecieron un 10%, pero los nacionales cayeron un 2,3%, por la eliminación de impuestos como el PAÍS.
IERAL advierte que si las provincias hubieran alineado su crecimiento del gasto al ritmo nacional (3% real interanual), habrían liberado recursos equivalentes al 46% de la recaudación de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, considerados distorsivos por los analistas.
El informe señala que automatizar el reparto del Fondo ATN no resuelve todos los problemas, pero sí constituye un avance concreto y viable para reducir la discrecionalidad y fortalecer el federalismo fiscal.
Eso sí, plantea que los fondos adicionales no deberían usarse para aumentar el gasto corriente, sino para impulsar reformas estructurales. Entre las sugerencias:
Según el informe, los ATN automáticos que habrían correspondido a las provincias en 2024 son equivalentes al 16% de lo recaudado en concepto de Sellos ese mismo año. De allí, la oportunidad de recomponer competitividad sin perder ingresos fiscales.
La reforma del ATN se suma a un contexto donde Nación busca mantener el equilibrio fiscal, pero las provincias enfrentan mayores presiones de gasto y demandas sociales. El proyecto apunta a dar transparencia al reparto y evitar su uso como herramienta de alineamiento político o favoritismo.
En medio de una negociación federal clave, la redefinición del Fondo ATN se posiciona como un capítulo central en el debate sobre cómo construir un federalismo más equitativo, transparente y sostenible en la Argentina.