Por Agroempresario.com
La Exposición Rural de Palermo volvió a ser el escenario de un crudo diagnóstico sobre uno de los problemas estructurales más graves del país: la crisis de infraestructura productiva. En una jornada impulsada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), representantes de entidades rurales, cámaras empresarias, referentes técnicos y expertos alertaron que la Argentina pierde más de 25.000 millones de dólares por año en capital productivo por no mantener su red vial, infraestructura hídrica, logística y activos públicos clave.
El reclamo unánime fue convertir la infraestructura rural y productiva en una verdadera política de Estado, con planificación técnica, inversión continua y federalización de prioridades. “Lo que nos falta no es plata, es decisión política”, sintetizó Tomás Palazón, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al exponer frente a una audiencia compuesta por referentes del agro, la construcción, la industria y el comercio.
Durante la jornada, se presentaron datos alarmantes: la red vial nacional se encuentra en estado crítico, con más de 22 tipos de activos deteriorados, desde rutas hasta hospitales rurales. Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la inversión mínima necesaria para mantener el capital físico debería ser del 1,21% del PBI, lo que representa más de US$ 6700 millones por año, cifra muy lejana de la inversión real ejecutada.
Palazón destacó que postergar el mantenimiento tiene un costo acumulativo: a mayor deterioro, mayor el costo de recuperación. Además, advirtió que el mal estado de caminos rurales y rutas afecta directamente la productividad agropecuaria, incrementa los tiempos y costos logísticos y expulsa población del interior.
Uno de los momentos más contundentes de la jornada fue la intervención de Bernardino Capra, de la Asociación Argentina de Carreteras. Denunció que los caminos rurales están en estado de abandono estructural, sin planificación técnica ni responsables capacitados.
“No hay un inventario nacional de caminos rurales. En muchos municipios, ni siquiera saben cuántos kilómetros tienen”, expresó. Capra criticó la improvisación con la que se gestiona la red rural: “Se arreglan caminos como si fuera un parche casero. Nadie arreglaría un puente sin técnicos, pero los caminos sí se animan”.
Advirtió también que los productores no tienen a quién reclamar cuando los caminos son intransitables, y que las tasas municipales se cobran sin transparencia ni planificación. “Sin caminos rurales no hay arraigo, ni producción, ni equidad territorial”, sentenció.
Fabrizio Cattaneo, también de la Asociación Argentina de Carreteras, advirtió que la red vial primaria de Argentina está al borde del colapso. El país cuenta con 39.000 kilómetros de rutas pavimentadas principales, pero solo 9300 pasarán al nuevo esquema de concesiones federales, que contempla inversiones específicas en bacheo, señalización y seguridad.
“El capital vial nacional asciende a 100.000 millones de dólares, pero solo se invierten 4000 millones por año en mantenimiento, cuando harían falta muchos más para evitar su colapso”, afirmó. También alertó sobre el alto costo en vidas humanas por el mal estado de las rutas.
El encuentro también abordó la situación crítica de infraestructura hídrica. El ingeniero Marcelo Rastelli presentó el caso del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, una obra estratégica que afecta a más de 17 millones de hectáreas en el corazón agroproductivo bonaerense. Esa zona representa más del 30% del PBI agropecuario nacional.
Rastelli explicó que la falta de obras de canalización y control de excedentes hídricos provoca anegamientos e inundaciones recurrentes, con pérdidas millonarias en producción de granos, carne y en logística. “Es una obra estructural que debería estar avanzada en un 80% y apenas roza el 40%. Las demoras en la ejecución comprometen la competitividad y la sustentabilidad del agro”, dijo.
La jornada fue organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que integran entidades como la Camarco, la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), y la Sociedad Rural Argentina, entre otras. También forma parte la CGT, lo que da cuenta de un amplio consenso multisectorial.
Gustavo Weiss (Camarco), Adelmo Gabbi (Bolsa), Natalio Mario Grinman (CAC), Javier Bolzico (Adeba), Rodrigo Pérez Graziano (UIA), y Nicolás Pino (SRA), coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda de infraestructura profesional, transparente y continua, alejada de vaivenes políticos.
“El problema no es técnico ni financiero. Es político”, fue la frase que sobrevoló la sala y que resume el espíritu del encuentro.
Argentina se enfrenta a una encrucijada: invertir hoy o asumir pérdidas crecientes en capital, competitividad, seguridad vial y empleo. Las entidades convocadas en Palermo no hablaron solo de caminos, rutas o hidrovías. Hablaron de la estructura misma sobre la que se construye el país productivo. La que permite sacar una cosecha, llevar una vaca al frigorífico, conectar un pueblo con un hospital o garantizar que un insumo llegue a tiempo a una fábrica.
La solución no es mágica ni inmediata, pero sí posible: planificación federal, inversiones plurianuales, políticas de Estado y un diagnóstico claro. Palermo, como tantas veces en la historia argentina, volvió a poner la infraestructura en el centro del debate.