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Por Agroempresario.com
La producción frutícola del Alto Valle de Río Negro atraviesa un momento crítico. Lejos de ser un problema nuevo, el deterioro estructural de esta economía regional se ha agudizado por la apertura de las importaciones, la presión impositiva y un tipo de cambio desfavorable. Frente a este panorama, Facundo Fernández, secretario de Fruticultura de la provincia, intenta sostener una agenda de doble vía: atender las urgencias del presente sin descuidar el desarrollo estratégico a largo plazo.
“La situación es compleja”, reconoce Fernández en diálogo con Bichos de Campo. Pero más allá del diagnóstico, asegura que no basta con administrar la emergencia: su gestión también pone foco en el consumo interno, en la eficiencia productiva y en herramientas de financiamiento que permitan recuperar competitividad.
Un gesto simbólico de esa estrategia se vio recientemente en la Exposición Rural de Palermo, donde el funcionario repartió peras y manzanas del Alto Valle. “Llevamos dos agendas paralelas. Una es la de la coyuntura y otra es la de los objetivos que no queremos perder de vista, como que la gente aprenda a consumir nuestra fruta”, explicó.
Fernández conoce de cerca las dificultades de producir fruta en la región. Altos costos, precios que no cubren la inversión, falta de crédito y la creciente competencia de fruta importada son parte de una realidad que, lejos de mejorar, amenaza con expulsar a los pequeños y medianos productores. Algunos ya hablan de impulsar medidas de fuerza como un tractorazo, mientras el vínculo con el gobierno nacional parece diluirse.
“Nosotros creemos que el método es otro: es trabajar codo a codo de manera productiva”, sostiene el secretario, que asegura mantener diálogo abierto con todos los actores del sector. “Atendemos incluso al productor independiente que no se identifica con ninguna cámara. Nos debemos a todos”, remarcó.
En ese sentido, destaca el rol de la Federación que agrupa a 17 cámaras frutícolas, con la que su cartera mantiene un vínculo constante. Pero también apunta más arriba en la cadena estatal: “Lo que se nota es que la fruticultura no es prioridad en la agenda del gobierno nacional”.
Uno de los principales reclamos del sector es la falta de condiciones competitivas, tanto en el mercado interno como externo. En el país, el 80 por ciento de las manzanas producidas se destinan al consumo local, pero deben competir con fruta proveniente de Chile y China, que ingresa a menor precio. Por otro lado, el 90 por ciento de las peras va al mercado internacional, donde la carga impositiva y el tipo de cambio juegan en contra.
“Si nosotros no le damos al productor eficiencia, por más política que apliquemos, está fuera de juego”, admite Fernández. Pero aclara que el reclamo no pasa por cerrar las importaciones ni exigir un tipo de cambio diferencial. “No pedimos que se prohíba la importación. Solo queremos reglas de juego parejas”, insistió.
¿Cuáles serían esas reglas? Según el funcionario, una menor presión impositiva y líneas de financiamiento a largo plazo. “Hoy, el sueldo en dólares de un trabajador frutícola argentino duplica al de uno chileno. Y además, la empresa debe pagar una alta carga de aportes”, explicó.
La energía eléctrica es el segundo componente más importante en la estructura de costos del sector frutícola, especialmente por el uso de cámaras frigoríficas durante varios meses. En este sentido, desde la Secretaría de Fruticultura proponen una medida concreta: reducir el IVA para los insumos energéticos, que hoy tributan un 27 por ciento. Esa rebaja permitiría reducir costos en forma indirecta y mejorar la rentabilidad del productor.
Actualmente, el productor primario no paga Ingresos Brutos y tributa un 10,5 por ciento de IVA. Pero esa política fiscal no ha sido suficiente para evitar la descapitalización progresiva del sector.
Mientras aguardan respuestas de Nación, desde el gobierno de Río Negro se impulsan líneas de crédito provinciales destinadas a capital de trabajo e inversiones estructurales. Entre ellas, se destacan proyectos vinculados a infraestructura de riego, mallas antigranizo, reconversión tecnológica, y hasta iniciativas para la producción de bioenergía a partir de residuos frutícolas.
“Todos los créditos que otorgamos son para establecimientos de menos de 50 hectáreas. Al productor grande lo acompañamos al banco”, explicó Fernández. Su visión es clara: la política pública debe enfocarse en reconstruir la base de pequeños y medianos productores, sin descuidar al resto de la cadena.
El desarrollo de subproductos también entra en la estrategia de largo plazo. Desde jugos y dulces hasta generación de energía limpia con desechos orgánicos, la diversificación aparece como una salida posible ante una matriz que ya no puede depender solo de la exportación de fruta fresca.
Finalmente, otro de los desafíos planteados por el secretario es reinstalar el consumo de fruta en la mesa de los argentinos. Para eso, se necesita tanto promoción como accesibilidad. “No sirve producir más si la fruta no llega a las familias”, reflexiona. En ese sentido, se proponen campañas educativas y acuerdos con cadenas de comercialización que reduzcan la distancia entre campo y góndola.
“La fruticultura fue una locomotora del Alto Valle durante décadas. Hoy tenemos que volver a ponerla en movimiento, y para eso necesitamos una estrategia compartida entre todos los niveles del Estado”, concluyó Fernández.
