Por Agroempresario.com
En medio de las negociaciones políticas que se desarrollan en el Congreso Nacional, los gobernadores patagónicos decidieron plantar bandera. A sabiendas de que el presidente Javier Milei necesita apoyo parlamentario para sostener sus vetos, las provincias del sur condicionan su acompañamiento a la transferencia de fondos atrasados, especialmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y a una distribución más equitativa del impuesto a los combustibles líquidos.
El reclamo tiene como trasfondo un acuerdo tácito: “El Gobierno necesita votos, las provincias recursos”. Así lo graficó un colaborador cercano a un mandatario patagónico, que participó de los intercambios informales con funcionarios de la Casa Rosada. Las conversaciones, aunque incipientes, ya dan cuenta de un delicado equilibrio entre las necesidades fiscales de la Nación y la urgencia de financiamiento en las provincias.
En este contexto, la presión que ejercen los gobernadores no es homogénea, pero sí coordinada. Cada uno suma sus demandas específicas, aunque todos convergen en el mismo punto: la necesidad de señales concretas desde Buenos Aires. “No hay un condicionamiento zonificado, pero todos pensamos igual”, reconocen desde el entorno de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
La estrategia de Milei para blindar sus vetos incluye ausencias tácticas y abstenciones, además de apoyos explícitos. El llamado “poroteo” que impulsa el oficialismo mira con atención a los representantes de provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego. Allí, la presión de los gobernadores podría inclinar la balanza.
En particular, Chubut —gobernada por Ignacio Torres— ha hecho saber que los canales de diálogo están abiertos, pero aún no hubo avances significativos. “Mientras no haya propuestas, no es posible anticipar qué postura tomarán los parlamentarios del sur”, explican desde su entorno.
La misma postura es compartida por el gobierno de Claudio Vidal en Santa Cruz. Aunque admiten que están en línea con las conversaciones, no hay definiciones. “Sabemos que el Gobierno analiza ofrecimientos, pero mientras no estén sobre la mesa, no hay confirmaciones posibles”, dicen colaboradores del mandatario.
Uno de los casos que expuso con mayor crudeza el conflicto entre Nación y provincias es el de Río Negro. Luego de un accidente vial en una deteriorada ruta nacional cerca de Catriel, que dejó un saldo fatal de cuatro personas fallecidas, el gobernador Weretilneck recrudeció sus críticas. “La desidia mata”, sentenció en un comunicado, donde recordó la demanda judicial presentada por su gobierno contra el Estado Nacional por el estado de la Ruta 151.
El mandatario advirtió que no se trata solo de un reclamo económico, sino de una “obligación moral, institucional y política”. La tensión, sin embargo, no impidió que en paralelo haya gestos de acercamiento: días después, Weretilneck bajó la candidatura a senador nacional de su vicegobernador, Pedro Pesatti, quien mantiene un discurso más combativo hacia Milei y es afín a Sergio Massa.
Pesatti expresó su molestia en redes sociales tras quedar fuera de la lista: “He sido vetado por mis ideas”, denunció. Detrás de ese gesto político, algunos ven un guiño a la Casa Rosada, en un intento de mantener abiertos los canales de diálogo en un momento donde cada voto cuenta.
El escenario es complejo y las provincias del sur no están dispuestas a resignar poder sin obtener compensaciones. La administración central, por su parte, juega al límite con su estrategia de consolidar el equilibrio fiscal, lo que reduce al mínimo el margen para transferencias discrecionales.
Los gobernadores, sin embargo, entienden que el margen de negociación se amplía cuando el Ejecutivo necesita respaldo legislativo. “Estamos dispuestos a conversar, pero tiene que haber algo a cambio”, resumen desde el sur.
Con el Congreso como campo de batalla y la caja como herramienta de presión, la pulseada entre Nación y provincias se recalienta. La Casa Rosada deberá decidir si cede ante los pedidos de los gobernadores o si arriesga sus vetos en una votación que podría marcar un antes y un después en la relación con las provincias patagónicas.