Por Agroempresario.com
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró su firme intención de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports Company, filial de la corporación china CK Hutchison Holdings, operar los puertos estratégicos de Balboa y Cristóbal, situados a ambos extremos del Canal de Panamá. El mandatario calificó el acuerdo como “lesivo para el interés nacional” y advirtió que no tolerará que el país mantenga una relación contractual que, en su opinión, no representa beneficio alguno para el Estado panameño.
La concesión fue renovada en 2021 por 25 años más, decisión que hoy se encuentra bajo el escrutinio de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, luego de que la Contraloría General presentará dos demandas que buscan declarar inconstitucional el contrato original y anular la ampliación. El presidente Mulino sostuvo: “No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado”.
Desde la perspectiva del Gobierno, el acuerdo con la empresa asiática ha significado una pérdida de soberanía económica y control estratégico sobre infraestructuras vitales para el país. Según Mulino, no se puede permitir que empresas extranjeras definan de manera unilateral los porcentajes de participación del Estado panameño en los beneficios portuarios.
Frente a las críticas, Panama Ports defendió su permanencia alegando que sus operaciones han generado empleos e inversión, y apeló al principio de seguridad jurídica. También manifestó su disposición al diálogo, aunque Mulino fue tajante: aceptará conversaciones, pero “bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino contrario a los intereses nacionales”.
El debate sobre el rol de China en la región se enmarca en un contexto más amplio de tensiones geopolíticas. En este sentido, se destaca la influencia creciente de Beijing en América Latina, la cual ha sido motivo de preocupación para Estados Unidos. En declaraciones recientes, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, calificó a Panama Ports como un “operador malo” que “no ha hecho un buen trabajo” y acusó a la empresa de deber más de 600 millones de dólares al pueblo panameño.
Estas declaraciones evidencian el creciente peso geopolítico del caso. El control de los puertos que funcionan como entrada y salida al canal tiene implicancias no solo económicas, sino también estratégicas. La posibilidad de que activos fundamentales para el comercio global estén bajo el control de empresas alineadas con el Partido Comunista Chino plantea interrogantes sobre la soberanía regional y la seguridad hemisférica.
Mientras tanto, desde Hong Kong, CK Hutchison Holdings ha evaluado la venta de sus activos portuarios —no sólo en Panamá, sino también en otros países— a un consorcio internacional que incluye a la firma estadounidense BlackRock Inc.. Esta posible operación no hace más que intensificar las fricciones entre Washington y Beijing.
La resolución que adopte la Corte Suprema será determinante. De fallar a favor del Gobierno, abriría la puerta para que Panamá recupere el control directo sobre los puertos más importantes del país. De lo contrario, la concesión seguirá vigente hasta 2047, consolidando así la presencia china en una posición estratégica del comercio marítimo internacional.
La situación actual ha encendido las alarmas entre sectores nacionalistas, defensores del patrimonio estatal y aliados de Washington, quienes consideran prioritario frenar el avance chino en puntos neurálgicos del continente. En palabras de Mulino, se trata de “recuperar lo que le pertenece al pueblo panameño”.