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Por Agroempresario.com
Juan Roo, gerente general del laboratorio CDV, uno de los referentes en vacunas veterinarias en Argentina, expresó su profunda preocupación por la reciente desregulación que facilita la importación de vacunas para animales desde el exterior. Implementada por el Gobierno nacional a través del Senasa, esta medida apunta a agilizar trámites, pero Roo advierte que se hizo “sin escuchar a los técnicos” y que pone en riesgo el prestigioso estatus sanitario argentino.
En diálogo exclusivo con Agroempresario.com, Roo analizó también la situación actual de la vacunación contra la fiebre aftosa, la calidad y el costo de las vacunas nacionales, y el impacto que estas políticas podrían tener en la industria y la producción agropecuaria.
Para Juan Roo, la simplificación de trámites en el sector público es generalmente positiva, pero “en el caso de la biología veterinaria, y específicamente de las vacunas, es un tema mucho más complejo”. Señaló que el proceso llevado adelante por Senasa careció de una consulta técnica profunda, algo que para él es fundamental para no poner en riesgo el estatus sanitario que Argentina ha logrado mantener con esfuerzo durante años.
“El problema central es que se habla de un concepto de ‘equivalente’ para aprobar productos importados sin saber exactamente qué significa ni cómo se aplica”, explicó Roo. Este “equivalente” permitiría, según su visión, que en apenas 30 días un producto de cualquier lugar del mundo entre al país sin controles rigurosos sobre su producción, sin auditorías de plantas y sin trazabilidad confiable, elementos que en otros mercados internacionales sí se exigen.
Además, advirtió que en el caso de la vacuna contra la aftosa, esta situación es aún más crítica. “El lote que se importó para pruebas provenía de una planta que estaba cerrada y sin auditoría. En los controles básicos iniciales, la vacuna no pasó porque rompió la emulsión,” ejemplificó Roo, alertando que esto no solo pone en riesgo a productores y a la industria nacional, sino que puede afectar la exportación de carne argentina, un negocio que mueve más de 3.000 millones de dólares al año.
CDV invirtió más de 80 millones de dólares en una planta de producción en Pilar, Buenos Aires, desde que asumió el actual Gobierno. Sin embargo, para Juan Roo, esta inversión se ve amenazada por las nuevas reglas que facilitan la competencia con productos importados que no enfrentan los mismos controles ni costos regulatorios.
“Nos afecta profundamente. ¿De qué sirve invertir en producción local para exportar si los productos importados entran sin cumplir con los estándares que nosotros debemos respetar? Además, la carga impositiva todavía es mucho más alta que en países vecinos como Paraguay ",señaló.
El gerente general destacó que el mensaje que se envía con esta política es contradictorio: se incentiva la inversión local pero, a la vez, se permite que los importados ingresen con ventajas.
En el escenario regional, Brasil y Bolivia fueron declarados libres de aftosa sin vacunación por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en 2023, mientras Paraguay también evalúa dejar de vacunar en el corto plazo. Esto generó un debate en Argentina sobre la conveniencia de mantener o no la vacunación obligatoria.
Roo advirtió que “la decisión no puede ser apresurada ni política, sino un trabajo de análisis profundo entre todos los sectores involucrados”. Recordó que Uruguay es un ejemplo exitoso: “Vacunan y exportan a más de 100 países sin problemas.”
Además, remarcó que Argentina ya intentó dejar de vacunar en el pasado y perdió mercados durante más de 15 años. “Hoy hay problemas más urgentes para atender, como mejorar el porcentaje de destete que es del 63% cuando debería estar cerca del 90%, y combatir enfermedades endémicas como la diarrea viral bovina (DVB), el carbunclo y la rabia.”
Roo enfatizó que dejar de vacunar es más costoso que mantener la vacunación: “Es una inversión, no un gasto. El costo de vacunar contra la aftosa representa menos del 1,2% del costo total anual que genera una vaca. Un plan sanitario completo no supera el 4%.”
Otro aspecto en discusión es la reducción de las campañas de vacunación. Actualmente, Argentina realiza dos campañas al año, pero la Mesa de Enlace propuso eliminar la segunda para algunas categorías, manteniendo solo una campaña para terneros en 2026.
Para Roo, esta decisión debe basarse en evidencia científica y no en factores económicos. “Las vacunas producidas en Argentina son de altísima calidad y contribuyen a mantener el estatus sanitario que nos distingue. Senasa, INTA y otros organismos técnicos deben liderar el análisis,” afirmó.
Sobre las quejas por el costo de las vacunas nacionales, Roo fue contundente: “Se desvirtúa la información con fines oportunistas. Comparar el precio argentino con el de Brasil o Paraguay no tiene sentido. Argentina está en proceso de ordenamiento macroeconómico y tiene una carga impositiva más alta.”
Destacó que la vacuna argentina hasta marzo de 2025 contenía cuatro cepas, mientras que la de países vecinos solo dos, y que la vacuna está exenta de IVA, lo que impacta en los costos.
“En Pilar, donde tenemos la planta, la tasa de Seguridad e Higiene es mayor que Ingresos Brutos, haciendo que los impuestos superen el 50% del costo final de la vacuna", detalló.
El precio promedio de la última campaña fue aproximadamente $1000 argentinos, es decir, cerca de US$0,83. “El lote importado rechazado tenía un costo estimado en US$0,60, pero sin considerar la logística para distribuirla en todo el país", señaló.
Por último, Juan Roo aclaró el rol de los entes vacunadores y el canal de distribución. “Los entes surgen por la necesidad de los productores, y el Senasa debe controlar la correcta aplicación de las vacunas. Los laboratorios producimos y nuestro canal natural es el veterinario, quien garantiza el uso adecuado del producto.”
Sobre críticas a honorarios y viáticos, concluyó: “Los entes son de los productores, ellos establecen esas condiciones y aseguran la garantía de aplicación.”
