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Por Agroempresario.com
Estados Unidos aceptó formalmente entablar consultas con Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras la imposición de aranceles del 50% sobre productos brasileños. La decisión se concretó mediante una carta enviada a la sede del organismo en Ginebra, donde la delegación estadounidense expresó: “Estados Unidos acepta la solicitud de Brasil de entablar consultas y quedamos a disposición para acordar una fecha mutuamente conveniente con la misión de su país”.
La controversia comenzó a principios de agosto de 2025, cuando Brasil recurrió al sistema de solución de diferencias de la OMC, argumentando que los aranceles impuestos por Donald Trump vulneran los compromisos multilaterales asumidos por Estados Unidos. El gravamen del 50% constituye una de las sobretasas más altas aplicadas por Washington y afecta aproximadamente al 36% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, equivalente al 4% del total de ventas externas del país sudamericano.
El gobierno de Trump justificó la medida bajo la premisa de que las políticas comerciales de Brasil representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense. La Casa Blanca también abrió investigaciones por supuestas prácticas comerciales desleales y por presuntos ataques a empresas estadounidenses, invocando la Sección 301 de la Trade Act de 1974, un mecanismo histórico para sancionar a terceros países por comercio injusto.
Brasil rechazó de plano la justificación estadounidense y defendió la resolución del conflicto en un ámbito multilateral. La misión diplomática brasileña en Washington sostuvo que un país no puede actuar como juez y parte en su propio conflicto. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró: “Nos pidieron actos jurídicamente imposibles, como suspender un juicio contra un ex presidente. La responsabilidad de destrabar esta crisis recae en Estados Unidos”, en referencia al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
La mención a Bolsonaro es central en el diferendo. El expresidente enfrenta un juicio por presunta intentona golpista, y la administración Trump habría vinculado esta situación con la imposición de aranceles. Según expertos, la relación entre procesos judiciales internos y sanciones comerciales generó preocupación en círculos diplomáticos y empresariales, que alertan sobre la politización de la política comercial estadounidense.
Ante los aranceles, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó un paquete de medidas para mitigar el impacto en las exportaciones. Se anunciaron créditos por 5.500 millones de dólares para empresas afectadas, seguros reforzados, plazos fiscales extendidos e incentivos al mercado interno. Lula ha reafirmado su postura de no aceptar condicionamientos externos en asuntos judiciales internos y ha fortalecido la agenda de integración regional a través del Mercosur.
La disputa se enmarca en una crisis diplomática más amplia. En abril de 2025, la Casa Blanca decretó una “emergencia nacional” vinculada a Brasil, ampliando la posibilidad de imponer sanciones comerciales. Desde entonces, los roces bilaterales se multiplicaron en medio de acusaciones cruzadas y presiones políticas, en lo que analistas consideran la peor crisis diplomática entre ambos países en décadas.
Las consultas ante la OMC representan un primer paso formal. Durante 60 días, las partes intentarán negociar una solución. Si no se llega a un acuerdo, Brasil podría solicitar la formación de un panel de arbitraje en Ginebra, lo que abriría un litigio formal. No obstante, Estados Unidos ya dejó claro que considera algunos aspectos del caso vinculados a su seguridad nacional, un argumento que históricamente ha permitido al país eludir fallos adversos en disputas comerciales.
La tensión contrasta con la relación económica entre ambos países. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Según el Departamento de Comercio estadounidense, en 2024 el saldo positivo superó los 7.000 millones de dólares. Este dato debilita el argumento de que los aranceles buscan corregir desequilibrios comerciales y refuerza la percepción de que la medida responde más a motivaciones políticas que económicas.
El gravamen del 50% afecta a sectores estratégicos de la economía brasileña, incluyendo manufacturas y productos agrícolas, que representan un alto porcentaje de las exportaciones hacia Estados Unidos. Expertos destacan que las empresas exportadoras brasileñas enfrentan ahora el desafío de diversificar sus mercados hacia Europa, Asia y países emergentes para compensar la pérdida de competitividad en el mercado estadounidense.
El vínculo entre sanciones comerciales y procesos judiciales internos evidencia la politización de la medida. La administración Trump ha utilizado la argumentación de “seguridad nacional” para respaldar sus aranceles, mientras que Brasil insiste en que la OMC es el foro adecuado para resolver el conflicto. Esta dinámica refleja tensiones geopolíticas más amplias y la importancia estratégica del comercio bilateral para ambos países.
El desenlace de las consultas ante la OMC determinará la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado. Un fallo favorable para Brasil podría obligar a Estados Unidos a reducir o eliminar los aranceles, mientras que un resultado adverso consolidar la justificación de Washington sobre la seguridad nacional como base legal para sanciones unilaterales.
Analistas internacionales advierten que el caso podría sentar un precedente importante en materia de comercio global, ya que involucra no sólo cuestiones económicas, sino también judiciales y diplomáticas. Las decisiones que tome la OMC serán observadas de cerca por otros países que enfrentan aranceles unilaterales de Estados Unidos o medidas comerciales similares.
