Soja: ROSARIO
$505.000 14.82%
Maíz: ROSARIO
$258.800 -1.93%
Trigo: ROSARIO
$279.000 0.17%
Por Agroempresario.com
La experiencia de los productores de cereales en Rusia guarda sorprendentes similitudes con la situación que enfrentan los agricultores en Argentina, donde los derechos de exportación y otras medidas de intervención del Estado dificultan la planificación y afectan la rentabilidad. En ambos países, las cargas impositivas buscan financiar al Estado, pero generan un impacto negativo sobre la producción y la inversión en el sector.
En Rusia, país líder en la producción y exportación de trigo, la crisis del sector cerealero se ha profundizado en los últimos tres años. Según datos de UKRAgro, más de 35.000 productores de cereales se declararon en quiebra en los últimos cinco años, mientras que quienes permanecen activos han agotado las reservas acumuladas durante los periodos de bonanza. La Unión Granaria de Rusia alerta que los bolsillos de los productores están vacíos, principalmente por la aplicación de derechos de exportación, cuotas restrictivas y un entorno competitivo deteriorado.
Aunque los aranceles rusos se aplican con fórmulas distintas a las retenciones argentinas, cumplen la misma función: sostener ingresos fiscales a costa de la producción. Los productores han solicitado reiteradamente revisar la fórmula del impuesto o eliminarlo, pero hasta el momento el gobierno ha desoído los reclamos. Como resultado, se estima que la participación del trigo en la nueva campaña podría disminuir, dado que las cuentas de los productores no cierran frente a los costos crecientes.
Los aranceles de exportación constituyen una fuente significativa de ingresos para el Estado ruso. UKRAgro indica que en 2024 generaron alrededor de USD 1.600 millones y que para 2025 la previsión asciende a USD 2.370 millones. El Ministerio de Agricultura publica semanalmente las tarifas, que han mostrado variaciones extremas: desde cero hasta casi USD 6 por tonelada, dificultando la planificación a largo plazo. Esta volatilidad se suma al déficit presupuestario generado por las sanciones internacionales, los gastos derivados de la guerra en Ucrania y la caída de los precios internacionales del petróleo.
Los créditos para los productores se han vuelto prohibitivos, con tasas de interés elevadas, mientras que los costos de insumos como fertilizantes, energía y combustibles siguen aumentando. En contraste, los precios internacionales del trigo han mostrado bajas recientes, generando una pérdida de competitividad. Además, la sobrevaluación del rublo ruso disminuye el ingreso por exportación y la concentración del comercio en cinco empresas exportadoras reduce aún más las posibilidades de obtener un precio justo para los productores.
Frente a esta situación, algunos agricultores rusos consideran reducir la superficie de trigo y aumentar la de girasol, que ofrece mejores márgenes de rentabilidad. Sin embargo, esta estrategia implica riesgos: sobreoferta de girasol, menor aporte de rastrojos para el suelo y mayor incidencia de enfermedades por la repetición de cultivos. Las normas rusas indican un intervalo mínimo de seis o siete campañas entre siembras de girasol en el mismo lote, una regla que se incumple ante la presión económica de los productores.
Las consecuencias del intervencionismo estatal también se reflejan en la caída de las ventas de maquinaria agrícola. Según Rostselmash, en 2024 se vendieron unas 3.900 cosechadoras de granos, el nivel más bajo de la última década. Desde Rusagrotrans, operador de infraestructura ferroviaria para transporte de granos, se solicita al gobierno medidas concretas: revisión de aranceles, alto el fuego temporal y reducción de tasas de interés por parte del Banco Central de Rusia.
La situación se agrava debido a la guerra en el Mar Negro. La presión sobre los exportadores privados para acelerar la venta de trigo y generar divisas ha generado un ritmo de exportación más lento desde la invasión de Ucrania, afectando la oferta global y la formación del precio internacional del cereal.
En Argentina, aunque no enfrenta un conflicto bélico, el sector agrícola ha experimentado un esquema similar de intervencionismo. Las retenciones a la exportación continúan siendo una herramienta utilizada por el Estado, y aunque recientemente se anunció su reducción transitoria a cero hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), la planificación sigue siendo compleja para los productores. La medida exige liquidar al menos el 90% de las divisas en tres días hábiles para mantener el beneficio, un factor que genera incertidumbre.
Como en Rusia, los costos de producción en Argentina han aumentado y la competitividad internacional está condicionada por la política tributaria. Productores locales han expresado preocupación sobre la temporalidad de la medida, advirtiendo que solo una reducción permanente de retenciones permitiría planificar con certidumbre para la próxima campaña. La volatilidad fiscal y monetaria genera un efecto negativo sobre la inversión, la adopción de tecnología y el desarrollo sostenible de la cadena agroindustrial.
El paralelo entre ambos países evidencia que la imposición de derechos de exportación, aunque concebida como instrumento de financiamiento estatal, termina debilitando la posición de los productores y reduciendo la oferta futura. En Rusia y Argentina, los agricultores se enfrentan a la necesidad de equilibrar costos crecientes, riesgos de mercado y presión fiscal, mientras buscan mantener la productividad y la rentabilidad de sus explotaciones.
La situación de ambos países también muestra cómo las decisiones políticas afectan directamente la competitividad internacional. Rusia, pese a ser un actor clave en el mercado global de trigo, enfrenta riesgo de menor producción y concentración de exportaciones; Argentina, con medidas temporarias de retenciones cero, busca incentivar la liquidación de divisas, pero la falta de previsibilidad genera incertidumbre para los productores de soja, trigo, maíz y girasol.
En conclusión, tanto en Rusia como en Argentina, el sector agrícola enfrenta un desafío común: producir bajo un esquema de intervención estatal que prioriza la recaudación sobre la inversión productiva. La experiencia muestra que, para sostener la producción, mejorar la competitividad y evitar la desertificación del campo, es indispensable implementar políticas de previsibilidad fiscal y monetaria, reducir cargas impositivas distorsivas y garantizar acceso a financiamiento competitivo. Solo así los productores podrán planificar campañas sostenibles, mantener la producción de cereales y oleaginosas y asegurar la estabilidad de sus ingresos.
