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Por Agroempresario.com
La reciente baja transitoria de los derechos de exportación (DEX) impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate en el sector agropecuario argentino. Si bien desde el Ejecutivo se celebró la medida como un impulso al campo, referentes rurales y opositores cuestionaron duramente su impacto real, asegurando que los beneficios quedaron concentrados en manos de las grandes compañías exportadoras, sin alcanzar al productor agropecuario.
Durante tres días, el régimen especial promovido por el Decreto 682 permitió al Estado recaudar alrededor de US$7000 millones, movilizando más de 11 millones de toneladas de granos. Sin embargo, entidades como CONINAGRO, CARBAP, CRA, FAA, así como dirigentes de la oposición como Ricardo Buryaile, aseguran que fue un “negocio redondo” para las exportadoras y un esquema que dejó fuera a los pequeños y medianos productores.
Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se emitió un comunicado en el que se valoró el gesto de avanzar hacia una futura eliminación de retenciones, pero se criticó que esta medida transitoria “no alcanzó a derramar sobre el productor agropecuario, que es quien más riesgo asume”.
La entidad alertó sobre la concentración de beneficios: “La ventana impositiva se tradujo en una oportunidad para unos pocos jugadores, sin fortalecer a quienes generan la producción primaria y sostienen el arraigo rural”.
En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue más directa: “Con la baja temporaria de los DEX, la diferencia no llegó al campo: se la quedaron los exportadores”. Para la organización, el alivio fiscal fue aprovechado por los grandes actores del comercio exterior, mientras que miles de productores agrícolas vieron beneficios mínimos.
Durante la Expo Rural de Bell Ville, Córdoba, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó reglas claras y duraderas para el agro. "Si bien la medida representó un alivio inicial, están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor", señaló, pidiendo al Gobierno extender la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre.
El 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA) fue el escenario donde los delegados ratificaron su rechazo unánime al esquema de retenciones. La entidad advirtió que la medida favoreció a “algunos pocos amigos” en detrimento de miles de productores pequeños y medianos.
Los federados también alertaron que, de mantenerse esta política, el mercado agroindustrial argentino seguirá concentrándose en menos manos, afectando la diversidad productiva y la vida rural.
Mientras tanto, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) destacó que, gracias al régimen especial, se logró un récord histórico de ventas, con más de US$3500 millones liquidados en tiempo récord. Según comunicaron en la red social X, las empresas están cumpliendo con los procesos de liquidación ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), consolidando así la dinámica del mercado de granos.
El exministro de Agroindustria y actual referente de la oposición, Ricardo Buryaile, calificó la medida como un “negocio redondo” para las exportadoras. “El productor no vio un peso”, declaró en diálogo con LT9 de Santa Fe.
Buryaile explicó que las empresas que dominan el mercado manejan márgenes de rentabilidad de más del 200% anual en dólares, y que sin controles adecuados, la baja impositiva no fue más que una transferencia de recursos a los grandes exportadores. “Es como poner a los lobos a cuidar las ovejas”, sentenció.
El dirigente radical también comparó esta medida con los esquemas del dólar soja promovidos por Sergio Massa, advirtiendo que este tipo de medidas coyunturales sólo generan distorsiones y no políticas sostenibles.
Buryaile también apuntó a la presión internacional en las decisiones económicas del país. Mencionó un reciente posteo de Scott Benson, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en el que criticó las “vacaciones impositivas” en Argentina. Para el exministro, estas declaraciones reflejan el peso de la geopolítica alimentaria en un mundo donde las potencias compiten por el mercado de soja, especialmente entre China y Estados Unidos.
Las entidades agropecuarias y dirigentes opositores coinciden en que el camino debe ser una eliminación definitiva de las retenciones, transformada en una política de Estado que brinde previsibilidad, equidad y estabilidad fiscal para todos los actores del campo.
El contraste entre el discurso oficial y los resultados en el terreno es hoy el eje central de una discusión que seguirá abierta durante los próximos 90 días, a medida que se concreten o no los pagos por las operaciones ya declaradas.
