Uruguay revisa impuesto mínimo global tras presión empresarial y de la oposición

Por Agroempresario.com

El Gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, decidió modificar aspectos clave del proyecto de ley de Presupuesto tras recibir fuertes cuestionamientos del sector empresarial y de legisladores de la oposición. Los principales cambios se centraron en la aplicación del Impuesto Mínimo Global y la posibilidad de que la Dirección General Impositiva (DGI) levantara el secreto bancario sin orden judicial.

La propuesta original, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderado por Gabriel Oddone, incluía la implementación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, también conocido como impuesto mínimo global, dirigido a empresas con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Esta iniciativa respondía a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca garantizar una tasa mínima efectiva de impuestos corporativos a nivel mundial.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Empresarios del sector industrial y exportador, junto con dirigentes del Partido Nacional, expresaron su preocupación por el impacto que podría tener el nuevo tributo en la inversión extranjera y en las garantías jurídicas previamente ofrecidas por el Estado a empresas radicadas en zonas francas.

Frente a esta presión, el MEF ajustó el articulado para aclarar que el impuesto solo se aplicará a aquellas empresas multinacionales que ya tributan este impuesto en el país de su casa matriz. Si la empresa está radicada en una jurisdicción que no ha adoptado el impuesto global, como ocurre con algunas compañías estadounidenses, no estará sujeta al gravamen en Uruguay.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Gabriel Oddone explicó el alcance del cambio: “Para UPM, este impuesto es neutro porque ya lo está pagando en Finlandia. Lo que va a tener en Uruguay es el cobro del impuesto y un certificado que presentará en su país de origen para evitar la doble imposición”.

El ministro también hizo referencia a Pepsico, una de las empresas que no se vería afectada debido a que su matriz está en una jurisdicción que no aplica el impuesto mínimo global. Además, destacó que las compañías instaladas en zonas francas uruguayas siguen exentas por compromisos legales asumidos por el país.

Otro punto conflictivo fue el artículo que permitía a la DGI acceder a información bancaria sin orden judicial. Tras críticas de la oposición y de asociaciones empresariales, el Ejecutivo introdujo una nueva redacción: se mantiene la necesidad de intervención judicial, pero se establece un plazo de 10 días para que un juez se expida. Si no hay respuesta en ese período, el secreto se levantará automáticamente. Esta medida busca conciliar las exigencias de la OCDE con las garantías legales internas.

“Lo que hacemos es mantener la intervención del Poder Judicial con algunos plazos establecidos, de manera tal de poder cumplir con lo que la OCDE establece”, dijo Oddone en el Parlamento, donde explicó que el MEF fue “sensible” a los cuestionamientos y reafirmó la importancia de “custodiar bien las garantías ciudadanas”.

No obstante, los ajustes no convencieron del todo a la oposición. El diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional, fue tajante: “Es el mismo perro con distinto collar. Filosóficamente, no vamos a votar nuevos impuestos”.

Desde el oficialismo se insiste en que estas reformas son necesarias para adaptar la política fiscal uruguaya a los estándares internacionales y evitar ser considerado un paraíso fiscal.

El debate continuará en el Parlamento, donde el proyecto de Presupuesto se discutirá en comisiones antes de pasar al plenario. Se espera que las negociaciones entre el Ejecutivo, la oposición y el sector privado sigan marcando la agenda económica del país.