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Por Agroempresario.com
Los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga la compra de acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2007. La iniciativa busca que las provincias productoras tengan participación activa en un proceso que hoy condiciona al Estado argentino en un juicio multimillonario por la expropiación de la petrolera.
Torres señaló que las provincias son accionistas de YPF y advirtió: “Vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”. Incluso adelantó que, si fuera necesario, acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta que avance la causa penal en Argentina.
El mandatario chubutense recordó que el grupo Eskenazi se hizo del 25% de YPF apalancándose en dividendos futuros, y tras la expropiación de 2012 transfirió el reclamo judicial a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park, lo que derivó en la condena de la jueza Loretta Preska, quien ordenó al país pagar 16.000 millones de dólares más intereses y entregar el 51% de las acciones de la compañía.
Paralelamente, las provincias presentaron un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, argumentando que el fallo de Preska no contempló que el 49% del 51% expropiado pertenece a las provincias productoras de petróleo y que solo se puede embargar lo que corresponde al Estado nacional.
El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando el Grupo Petersen adquirió el 25% de YPF a Repsol mediante sociedades en España. En 2012, el Congreso argentino sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera, consolidando el control estatal. Posteriormente, Repsol aceptó una indemnización de US$ 5.000 millones.
Con esta acción judicial, los mandatarios provinciales buscan resguardar no solo los intereses de las provincias productoras, sino también la soberanía energética y el rol estratégico de YPF en el desarrollo económico del país.
