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A partir de diciembre de 2025, la Unión Europea (UE) solo comprará soja libre de deforestación, es decir, proveniente de campos que no hayan sido desmontados desde 2021. Para Argentina, cuyo complejo sojero representa una de las principales fuentes de divisas, la medida plantea un reto inminente: adaptarse al nuevo marco ambiental o perder un mercado de USD 4.000 millones anuales.
Un estudio elaborado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) determinó que los costos de adecuación son mínimos y podrían incluso generar beneficios a largo plazo. Según el trabajo, la adaptación a las normas europeas demandaría entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada, un valor insignificante frente al precio internacional del poroto, que ronda los USD 400.
“La cadena de la soja genera el mayor valor agregado de la economía argentina. De los 50 millones de toneladas anuales, el 80% se industrializa como harina, aceite y biodiésel. De ese total, un 20% se destina a la Unión Europea”, explicó Silvina Dal Pont, docente de Economía General en la FAUBA.
De acuerdo con el informe, las empresas exportadoras deberán acreditar que la soja exportada es libre de deforestación mediante sistemas de verificación, como imágenes satelitales, auditorías externas o infraestructura específica.
El docente Ulises Martínez Ortiz precisó que los costos varían según la estrategia adoptada. Si cada empresa certifica por su cuenta, el gasto asciende a 4,20 USD/tonelada. En un modelo intermedio, segregando la soja por destino (europeo o no), el costo baja a 3,55 USD/tonelada. El escenario más eficiente sería una adaptación colectiva, como la que impulsa la plataforma VISEC, donde todo el sector se ajusta en conjunto a un costo marginal de 1,28 USD/tonelada.
“Este último caso es el ideal: los costos son bajos y permiten mantener la competitividad internacional”, afirmó Martínez Ortiz.
Si el nuevo sistema se implementa correctamente, los productores de soja libre de deforestación podrían obtener una prima adicional de hasta 0,75 USD/tonelada, lo que representaría más de 5 millones de dólares anuales solo por las ventas al mercado europeo.
Martínez Ortiz recordó que el sector ya demostró capacidad de adaptación ante normas ambientales exigentes. “Desde 2008 cumplimos con requisitos similares para exportar biodiésel. Hoy, los exportadores pagan una prima a quienes certifican sus productos como sostenibles”, señaló.
El especialista advirtió que esta tendencia será global. “Estados Unidos, China y el Reino Unido avanzan con regulaciones parecidas, y pronto se extenderán a otras cadenas como la carne bovina, la madera y la pulpa. Lejos de ser una barrera, estas reglas abren la posibilidad de posicionar al agro argentino en mercados de alto valor agregado”, concluyó.
