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El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este miércoles en Toulouse que su país dará un “no rotundo” al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en su forma actual. El mandatario busca calmar el creciente malestar de los productores rurales y reforzar su imagen como defensor del modelo agrícola francés, en medio de un clima de desconfianza y protestas.
El anuncio se produjo durante una reunión con representantes del gremio rural, en la que Macron enfatizó que Francia no validará el pacto sin la incorporación de cláusulas de salvaguardia sólidas y las llamadas “medidas espejo”, que exigen que los productos importados respeten las mismas normas sanitarias, ambientales y laborales que rigen dentro del bloque europeo.
“Ni los agricultores ni los consumidores pueden aceptar que se importen alimentos que no cumplan con las reglas que imponemos a nuestros propios productores”, declaró la ministra de Agricultura, Annie Genevard, quien acompañó al mandatario en el encuentro. Según la funcionaria, el Ejecutivo francés se mantendrá “sumamente firme” en la defensa de estas exigencias, consideradas esenciales para evitar el dumping ambiental y social.
La intervención de Macron se desarrolló en un contexto de alta tensión. Unas 300 personas, entre ellas numerosos agricultores que se movilizaron con tractores, se concentraron en los alrededores del lugar donde el presidente participaba en un debate sobre redes sociales y democracia. Las manifestaciones respondieron directamente a los dichos del mandatario durante su reciente visita a Brasil, donde se había mostrado “bastante positivo” respecto de la posibilidad de aprobar el tratado.
Aquellas declaraciones fueron interpretadas como una señal de apertura hacia el acuerdo y desataron críticas tanto del sector agropecuario como de la oposición política, que acusaron al Gobierno de ceder ante Bruselas. Desde México, días después, Macron intentó aclarar su postura y sostuvo que Francia aún espera respuestas claras antes de tomar una decisión definitiva, aunque su mensaje no logró disipar las sospechas.
El pacto comercial entre la UE y el Mercosur —que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— lleva más de dos décadas de negociaciones y fue validado por la Comisión Europea el pasado 3 de septiembre. Su objetivo es reducir aranceles y facilitar el comercio entre ambas regiones. El texto permitiría incrementar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas, mientras que los países sudamericanos obtendrían mayor acceso al mercado europeo para sus productos agrícolas, como carne, azúcar, arroz y soja.
Sin embargo, Francia, Irlanda y Austria encabezan el bloque de países que se oponen al acuerdo, argumentando que compromete los esfuerzos europeos en materia de agricultura sostenible y pone en riesgo a los productores locales frente a la competencia de economías con regulaciones más flexibles.
Las asociaciones rurales francesas han manifestado su preocupación por el impacto que el tratado podría tener sobre los agricultores medianos y pequeños, en beneficio de las grandes agroindustrias de Brasil y Argentina. “Este acuerdo destruye el equilibrio que necesitamos para mantener un campo europeo vivo y competitivo”, expresaron desde la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).
El rechazo francés encontró eco en el Parlamento Europeo, donde alrededor de 150 eurodiputados de distintos partidos —tanto de derecha como de izquierda— anunciaron su intención de presentar una resolución para llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si el recurso prospera, podría retrasar la ratificación del tratado por al menos seis meses.
Por el contrario, varios gobiernos europeos —entre ellos Alemania, España y Portugal— defienden la necesidad de concretar el pacto, al considerar que fortalecería la posición geopolítica del bloque en América Latina frente al avance comercial de China y Estados Unidos. Desde Bruselas, la Comisión Europea sostiene que el texto fue reforzado con compromisos ambientales adicionales, en comparación con la versión original acordada en 2019.
La nueva postura del presidente francés se enmarca en un contexto político interno complejo. Tras meses de movilizaciones del sector agrícola por los costos de producción, los precios del combustible y la competencia extranjera, el Gobierno enfrenta una fuerte presión para mostrar resultados concretos en defensa del campo.
El malestar rural, sumado a la caída en la popularidad de Macron y al avance de fuerzas opositoras en las encuestas, llevó al mandatario a adoptar un tono más proteccionista y enfocado en la “soberanía productiva” francesa. Analistas locales sostienen que el jefe de Estado intenta reconectar con su electorado rural de cara a las elecciones europeas de 2026 y recuperar la confianza de un sector clave para la economía del país.
En ese marco, el “no rotundo” al acuerdo con el Mercosur se presenta como un gesto político de alto impacto. Aunque el Ejecutivo francés no descarta futuras negociaciones para introducir cambios en el texto, la decisión de bloquear la ratificación en su forma actual podría retrasar el calendario de aprobación previsto por la Comisión Europea.
El futuro del pacto UE-Mercosur vuelve así a quedar en suspenso. Mientras los países sudamericanos esperan concretar el entendimiento como una herramienta clave para diversificar mercados y atraer inversiones, las divisiones dentro del bloque europeo amenazan con dilatar el proceso indefinidamente.
La posición de Francia será determinante. Con un discurso centrado en la defensa del medio ambiente y del empleo rural, Macron busca equilibrar las presiones externas con las demandas internas, en un tablero político que combina intereses económicos, tensiones ambientales y desafíos diplomáticos, según destacó Infobae.
Por ahora, el mensaje del presidente fue claro: sin garantías ambientales equivalentes y sin reglas de competencia justa, Francia dirá no al acuerdo.
