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El gobernador Martín Llaryora anunció este jueves en Córdoba un plan histórico de reducción de impuestos para 2026, una decisión que forma parte del proyecto de Presupuesto enviado a la Legislatura provincial. La medida, presentada formalmente por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, contempla una disminución impositiva de $900.000 millones, equivalente a USD 600 millones, con el objetivo de aliviar la carga tributaria, estimular la inversión privada y dinamizar la actividad económica en todo el territorio provincial. Según indicó el mandatario en su cuenta de X, la iniciativa se diseñó teniendo en cuenta la previsión de un crecimiento económico nacional del 6% en 2026.
De acuerdo con el proyecto oficial, la estrategia fiscal se apoyará en tres ejes principales: bajas en el Impuesto a los Ingresos Brutos, reducciones y exenciones en el Inmobiliario Urbano y un esquema de alivios progresivos en el Inmobiliario Rural. El Gobierno provincial presentó el plan como la reforma tributaria más profunda de los últimos años, orientada a acompañar a sectores productivos, comerciantes, pymes, familias e inversores que sostienen la actividad económica de Córdoba.
Uno de los ejes centrales del programa es la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, que representa la mayor parte de la recaudación provincial. El Gobierno informó que las medidas de alivio en este tributo implicarán $450.000 millones menos para el Estado, fondos que quedarán en el circuito productivo local.
Entre las decisiones destacadas se encuentra una baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes, que pasarán del 3,5% al 2,5%. Según datos oficiales, este cambio beneficiará al 64% del comercio cordobés, es decir, a todos aquellos contribuyentes con una facturación anual de hasta $88,1 millones.
Además, se anunció la implementación de Ingresos Brutos cero para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones equivalentes al 1,2% de su facturación, en el marco de la nueva Ley de Promoción Industrial. El paquete también incluye exenciones de hasta el 100% para quienes inviertan en el Noroeste y Sur-Sur provincial, como parte de la Ley de Igualdad Territorial, a la que la Provincia destinará hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación máxima de $154.000 millones.
Asimismo, se mantendrá el esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y se ampliará la medida al sistema de salud. Otros beneficios incorporados son la alícuota cero para la actividad agrícola, para la industria promovida, para créditos hipotecarios y exenciones para la Economía del Conocimiento y el Fondo Emprendedor.
El Impuesto Inmobiliario Urbano también será alcanzado por el plan, con un criterio que, según la Provincia, garantiza que ningún contribuyente experimente aumentos reales. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada para 2026, mientras que una gran parte de los contribuyentes tendrá reducciones en términos nominales y reales.
El Gobierno precisó que el 41% de los contribuyentes, unas 500.000 personas, registrarán reducciones nominales de hasta el 25% frente a lo abonado en 2025, lo que implica recortes reales de hasta el 54%. Por otra parte, el 11% de los contribuyentes pagará lo mismo que en 2025, lo que representa una disminución del 29% en términos reales. Un 21% de los propietarios sufrirá una actualización del 29%, sin variaciones reales, mientras que el 27% restante tendrá aumentos menores que la inflación esperada, lo que también se traducirá en rebajas efectivas.
Además, unas 175.000 personas e instituciones de la provincia quedarán exentas al 100% del Inmobiliario Urbano. También se mantendrán los beneficios habituales, como el 30% por contribuyente cumplidor y el 10% por pago de contado.
El impacto fiscal del alivio urbano asciende a $200.000 millones, fondos que, según la Provincia, se mantendrán en manos de familias, comerciantes y pymes.
El esquema de reducción tributaria también alcanza al Impuesto Inmobiliario Rural, con un diseño acordado con las principales entidades agropecuarias. La actualización para 2026 se realizará en función del índice de inflación rural, y el Gobierno destinará el 98% de lo recaudado al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que financia obras de infraestructura productiva.
Entre los beneficios anunciados se encuentra un nuevo descuento del 5% para propietarios productores, con el fin de incentivar el trabajo directo sobre los campos. También se mantendrán el descuento del 30% por contribuyente cumplidor, los incentivos vinculados a Buenas Prácticas Agropecuarias y la aplicación de un tope del 29% para cualquier actualización. El plan incluye además alícuota cero para la mera compra, exenciones para entidades sin fines de lucro y beneficios para bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas de desastre agropecuario.
Según cálculos oficiales, este capítulo de rebajas implica $250.000 millones que la Provincia dejará de percibir, recursos que permanecerán dentro del circuito económico cordobés, principalmente en actividades rurales.
Con la presentación formal del Presupuesto 2026 y el anuncio de este paquete tributario, el Gobierno de Córdoba busca consolidar una política de desarrollo basada en la combinación de alivio fiscal, estímulos productivos y simplificación impositiva. “La Provincia presenta un presupuesto que cuida a los cordobeses, fortalece la producción e implementa un importante plan de reducción impositiva”, señaló Llaryora en una publicación en X, donde defendió la estrategia como un componente central para sostener la competitividad provincial.
El proyecto deberá superar el procedimiento legislativo de doble lectura para su aprobación definitiva. De avanzar, representará la mayor reducción impositiva en Córdoba en más de una década, con impacto directo en sectores claves como el comercio, la industria, la agricultura, los servicios y los hogares.
El Gobierno sostiene que la decisión permitirá reforzar el consumo interno, mejorar la inversión y acompañar el crecimiento proyectado para el próximo año. Con este paquete, $900.000 millones permanecerán en manos de familias y empresas, lo que, según la Provincia, contribuirá a un esquema tributario más equitativo y orientado al desarrollo.
