El Parlamento de Canadá aprobó este lunes el plan fiscal del primer ministro Mark Carney, un presupuesto diseñado para contener el impacto económico de los aranceles impuestos por Estados Unidos, en una votación ajustada que definió la continuidad del Gobierno liberal. La Cámara de los Comunes avaló la iniciativa con 170 votos a favor y 168 en contra, un resultado que permitió al Ejecutivo superar un voto de confianza y evitar así un llamado anticipado a elecciones generales.
El Gobierno, que carece de mayoría parlamentaria, necesitaba sumar apoyos fuera de su bancada para sostener el proyecto. Ese respaldo llegó a través del voto afirmativo de la diputada del Partido Verde, Elizabeth May, y de la abstención de dos legisladores del Nuevo Partido Democrático (NPD). Ambas decisiones resultaron decisivas para impedir la caída del Ejecutivo y habilitar la implementación del primer presupuesto elaborado por Carney desde su llegada al cargo.
Según informó la prensa canadiense, la administración liberal sostiene que la aprobación del plan fiscal es fundamental para enfrentar la tensión comercial derivada de las recientes medidas adoptadas por Washington. Para Carney, la hoja de ruta económica propuesta constituye una oportunidad “generacional” para reforzar la economía nacional, fortalecer la autosuficiencia productiva y disminuir la dependencia estructural del mercado estadounidense.
En declaraciones previas a la votación, el primer ministro señaló que “la fortuna favorece a los valientes”, al defender el incremento del déficit público que implica la legislación. Según explicó, ese aumento es una respuesta necesaria al impacto provocado por lo que calificó como políticas comerciales adversas impulsadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Para el Gobierno canadiense, estas medidas no solo alteraron el funcionamiento del comercio bilateral, sino que también profundizaron la necesidad de adoptar políticas contracíclicas.
El presupuesto aprobado duplica el déficit fiscal respecto del año anterior y prevé un paquete de inversiones estratégicas por 280.000 millones de dólares canadienses destinado a ejecutarse durante los próximos cinco años. Los fondos se distribuirán entre programas de vivienda, defensa, infraestructura, energía limpia y productividad, con el objetivo de ampliar la resiliencia del país ante eventuales tensiones externas. De acuerdo con la planificación oficial, estas inversiones buscan impulsar proyectos de largo plazo que contribuyan a consolidar una estructura económica más diversificada y menos vulnerable a las fluctuaciones del comercio global.
Además de las inversiones, el plan económico contempla una reducción del gasto operativo del Gobierno federal y un ajuste en el tamaño de la administración pública. Entre las medidas incluidas figura la creación de una nueva agencia nacional de vivienda, Build Canada Homes, orientada a agilizar los tiempos de construcción residencial y atraer capital privado al sector. La iniciativa responde a uno de los principales desafíos del país: el acceso a la vivienda, un problema que se intensificó durante los últimos años y que se convirtió en una de las principales prioridades políticas del Ejecutivo.
El contexto comercial también juega un rol central en la estrategia fiscal. Hasta este año, alrededor del 76% de las exportaciones canadienses se dirigían a Estados Unidos, una cifra que refleja la fuerte integración económica entre ambos países. Sin embargo, la reciente decisión de Washington de aplicar los aranceles más altos entre los países del G7 obligó a Ottawa a reorientar su política exterior económica. En ese sentido, el presupuesto establece lineamientos para incrementar el comercio interno, diversificar mercados y profundizar vínculos con Europa.
Durante la presentación pública del proyecto, Carney advirtió que las relaciones con Estados Unidos difícilmente regresen a la normalidad previa a las medidas comerciales vigentes. Según argumentó, el escenario actual exige políticas más activas para proteger la soberanía económica y consolidar alternativas que permitan reducir la dependencia estructural del gigante vecino. En esa línea, aseguró que el país atraviesa “un momento para lograr grandes cosas”, remarcando la necesidad de actuar con rapidez y determinación.
El apoyo político obtenido por el Gobierno en la Cámara de los Comunes también reflejó la compleja aritmética parlamentaria. Los liberales cuentan con 169 de los 343 escaños, por lo que el voto de May y la abstención de los legisladores del NPD resultaron cruciales para alcanzar la mayoría mínima requerida. La oposición —compuesta por el Partido Conservador, el Bloque Quebequés (BQ) y cinco diputados del propio NPD— votó en contra del proyecto, cuestionando la magnitud del déficit y el rumbo económico del Gobierno.
Los detractores del plan afirman que el aumento del gasto podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país y generar efectos adversos a mediano plazo. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que las inversiones previstas constituyen un motor esencial para estimular la economía y amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses. Para Carney, el presupuesto no solo responde a una coyuntura desafiante, sino que establece las bases para un nuevo ciclo de desarrollo centrado en la innovación, la infraestructura estratégica y la capacidad productiva nacional.
La aprobación del presupuesto también tiene un impacto político significativo. De no haber conseguido los votos necesarios, el Gobierno habría quedado obligado a convocar a elecciones anticipadas, apenas siete meses después de los comicios anteriores. Para los analistas, la ajustada votación refleja la fragmentación del escenario político canadiense y anticipa meses de negociaciones intensas entre el oficialismo y las fuerzas opositoras para avanzar en futuras iniciativas.
En ese marco, la administración Carney se prepara para implementar el paquete de medidas aprobado, en un contexto marcado por la necesidad simultánea de atender las demandas internas y gestionar la compleja relación comercial con Estados Unidos. Según destacó Infobae, el Gobierno enfrenta ahora el desafío de transformar el respaldo parlamentario en resultados concretos, en un escenario donde cada decisión fiscal puede tener efectos sensibles sobre la actividad y la competitividad.