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La Región Centro del país, que concentra más del 80% de la producción de cultivos extensivos y el 63% del rodeo nacional, fue el epicentro de la primera Reunión Regional del Consejo Federal Agropecuario (CFA), un encuentro considerado estratégico para la cadena productiva. El cónclave se desarrolló recientemente en Córdoba con la participación de delegados ministeriales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, junto a autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el SENASA. El tema central y de mayor impacto económico fue la aplicación de la Resolución 711/2025, la cual proyecta un ahorro estimado de USD 25 millones para los productores a partir de la reducción en la cantidad de dosis de la vacuna antiaftosa, una medida que comenzará a implementarse progresivamente en las próximas campañas.
La reunión, que tuvo lugar en la provincia mediterránea, congregó a representantes clave del sector, incluyendo al subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Ricardo Baraldi, y al director de Ganadería, Marcelo Lluch, quienes destacaron la relevancia de los temas abordados para el futuro productivo de la zona. La agenda abarcó desde cuestiones de sanidad animal y normativa del SENASA hasta el análisis de herramientas financieras y la innovación tecnológica aplicada al campo.
Uno de los principales ejes de debate y la decisión con mayor peso financiero fue la implementación de la Resolución 711/2025, que modifica el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa. Esta medida, que fue resaltada por la delegación pampeana como uno de los "principales temas" del encuentro, busca optimizar los costos productivos sin comprometer el estatus sanitario nacional.
Según lo informado por el subsecretario pampeano, Ricardo Baraldi, la normativa contempla la exclusión de ciertas categorías de hacienda de la segunda campaña de vacunación a partir de 2026. Específicamente, se dejaría de vacunar a vaquillonas, novillos y novillitos. Adicionalmente, se prevé excluir a los feedlots de la primera campaña de ese mismo año. El impacto económico de esta decisión es significativo para los productores de la Región Centro, proyectándose un ahorro colectivo que alcanzaría los 25 millones de dólares. Esta desgravación en costos de sanidad representa un alivio directo en la estructura de gastos operativos, especialmente relevante para una región que concentra el 80% de la faena nacional.
Otro punto crucial que generó consenso en la reunión fue la discusión sobre la obligatoriedad de la identificación electrónica del ganado, conocida como la colocación de caravanas, cuya implementación estaba prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026.
Desde la representación de La Pampa se impulsó enérgicamente la necesidad de una prórroga en el plazo de aplicación y se propuso una estratificación de los productores. La complejidad logística y los costos asociados, especialmente para los pequeños y medianos establecimientos, motivaron este pedido de flexibilización. Las autoridades del SENASA, tras escuchar el planteo, se mostraron receptivas y estimaron que la entrada en vigencia de la obligatoriedad podría extenderse "unos meses más", contemplando el período de parición de los animales. El organismo de sanidad se comprometió a actuar con la necesaria flexibilidad para atender a las distintas realidades de los productores agropecuarios.
Si bien el ámbito federal repasó las distintas herramientas financieras diseñadas para impulsar la actividad productiva, la delegación pampeana puso el foco en las condiciones de acceso, solicitando una revisión de los requisitos para las líneas de crédito.
En el encuentro se presentaron las propuestas de financiamiento a valor producto otorgadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dirigidas a sectores específicos como lechería, porcinos y novillos, así como la línea ofrecida por el Banco Nación para el sector ovino. No obstante, Ricardo Baraldi hizo hincapié en una preocupación central: los requisitos de acceso vigentes. Baraldi resaltó el pedido explícito de la Provincia para que las propuestas a valor producto sean más inclusivas para los pequeños y medianos productores ganaderos.
El motivo de esta solicitud radica en que la condición impuesta, que exige a los productores contar con más de 250 vientres para acceder a los créditos, excluye de manera directa al 75% de los productores pampeanos. La situación se ve agravada por la modalidad de ajuste de los préstamos, dado que el valor producto propuesto por el Gobierno nacional se establece con una tasa de interés referenciada al valor UVA más 8 puntos. La exclusión de las tres cuartas partes de los productores por una restricción de escala fue un punto de fricción en el diálogo con las autoridades nacionales.
Más allá de los debates económicos y normativos, el CFA avanzó en la consolidación de la agenda sanitaria federal. En materia de sanidad aviar, se informó que Argentina ha logrado obtener la certificación de país libre de influenza aviar, un hito fundamental para la exportación de productos avícolas.
Respecto a la producción porcina, se delinearon los puntos centrales del nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, buscando reforzar las barreras sanitarias. Finalmente, la reunión abordó otras problemáticas zoosanitarias de importancia regional, como la elaboración del Plan de Garrapata del Bovino y las acciones en marcha dentro del Plan de Sanidad Apícola, demostrando un enfoque integral sobre la salud del rodeo y la producción primaria.
El rol de la innovación tecnológica en el sector agropecuario también fue parte de la agenda. Representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) expusieron sobre diversas acciones vinculadas al uso de tecnología aplicada al agro. La presentación se centró en la optimización del riego y el potencial del uso de drones para la aplicación eficiente de fitosanitarios.
La primera Reunión Regional del CFA en Córdoba sirvió, en definitiva, para alinear las políticas productivas entre el Gobierno nacional y las provincias de la Región Centro, reafirmando el carácter estratégico de esta zona para la economía del país. Las decisiones tomadas, desde el ahorro por la vacuna antiaftosa hasta la flexibilización de la caravana electrónica, buscan equilibrar la sanidad, la eficiencia productiva y la sustentabilidad económica del sector.
