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Diversas entidades vitivinícolas de Mendoza y San Juan ultiman la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal para detener la aplicación de la Resolución 37/2025. La información surge de un artículo publicado por LM Neuquén, que detalla que la normativa entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y desmonta el sistema de control que durante décadas llevó adelante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La resolución, firmada el 7 de noviembre de 2025, elimina 973 normas históricas y redefine el rol del INV, que dejará de fiscalizar procesos clave como cosecha, transporte, elaboración y fraccionamiento. El organismo, con sede en Mendoza, pasará a controlar únicamente el producto final mediante muestreos de laboratorio.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la medida. En declaraciones citadas por LM Neuquén, sostuvo: “Creemos que no hay que regular con la idea de que los productores no son honestos. El 99,9% de esta industria está formada por gente comprometida con su desarrollo”.
Entre los procedimientos que dejarán de ser obligatorios se encuentran:
140.000 permisos de tránsito emitidos anualmente.
Declaración Jurada semanal de elaboración.
Certificado de Ingreso de Uva (CIU), ahora optativo.
Certificaciones de añada, varietal y origen para el mercado interno.
Cerca de 5.000 inspecciones presenciales por año en bodegas.
Sturzenegger celebró la reforma como una “modernización histórica” que reduce la normativa en un 80% y alinea a Argentina con modelos de países como Estados Unidos y Chile, donde el control se concentra en el producto terminado.
La respuesta del sector, sin embargo, está lejos de ser unánime. Las principales cooperativas, cámaras y productores primarios expresan que la desregulación compromete la trazabilidad y las Indicaciones Geográficas (IG), esenciales para sostener el valor y la reputación del vino argentino en el mundo.
José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), advirtió en diálogo con LM Neuquén: “Están desregulando el vino como si fuera acero. El vino es un producto vivo, con origen determinante. Una desregulación indiscriminada amenaza décadas de institucionalidad y puede llevar a pérdida de identidad e informalización”.
Hoy, las IG representan uno de los diferenciales más importantes del vino argentino en exportaciones que superan los 800 millones de dólares anuales.
La acción de amparo que se presentará en los próximos días contará con el respaldo de:
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI)
Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita)
Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Juan
La única entidad que se mantiene alineada de manera plena con la reforma es Bodegas de Argentina, que agrupa a las grandes exportadoras.
El pedido central será una medida cautelar que suspenda la resolución mientras se analiza su constitucionalidad. Si el planteo prospera, la cosecha 2026 continuaría bajo el régimen actual. De lo contrario, desde enero regirá un esquema basado en certificaciones voluntarias y declaraciones digitales, que para buena parte del sector resultan insuficientes para garantizar origen y transparencia.
Las entidades coinciden en una consigna que resume la tensión de fondo: sin trazabilidad no hay Indicación Geográfica; sin Indicación Geográfica no hay vino argentino premium.
La Justicia Federal de Mendoza, epicentro de la actividad vitivinícola, tendrá ahora el rol decisivo en una disputa que excede lo administrativo: se trata de definir el modelo productivo que regirá para uno de los sectores más identificados con la economía, la identidad y la cultura del país.
