Chile redefine su política energética tras las elecciones y abre una ventana clave para Vaca Muerta

Las elecciones presidenciales en Chile, celebradas en diciembre de 2025, marcaron un cambio político con impacto directo en la agenda energética y productiva regional. El triunfo de José Antonio Kast, con cerca del 56% de los votos en la segunda vuelta frente a Jara, redefine prioridades regulatorias, envía señales al mercado y reconfigura la relación energética con Argentina, en un contexto global atravesado por la relocalización industrial y la búsqueda de energía confiable y competitiva. El resultado es relevante porque acelera decisiones largamente postergadas y abre oportunidades concretas para Vaca Muerta, según informó El Economista.

El nuevo gobierno chileno asume en un escenario exigente. El cierre de Huachipato, la histórica siderúrgica de Talcahuano, fundada en 1950 y durante décadas eje del entramado industrial del Biobío, se convirtió en un símbolo del agotamiento de un modelo productivo presionado por costos crecientes y regulaciones extensas. Su paralización no solo impacta en el empleo y la cadena industrial local, sino que obliga a repensar la matriz productiva regional y nacional con urgencia.

En paralelo, Argentina atraviesa el ciclo de expansión hidrocarburífera más relevante de su historia reciente. Vaca Muerta dejó de ser una promesa para transformarse en una plataforma en plena ejecución, con una producción de petróleo y gas que crece a un ritmo superior a la capacidad actual de evacuación, transporte y procesamiento. Ese descalce vuelve estratégica la integración regional: ya no como opción, sino como necesidad.

En el escenario poselectoral chileno, la permisología se convirtió en el eje ordenador de las decisiones de inversión. El gobierno entrante avanzó con una Reforma de Permisos Sectoriales, aprobada por amplia mayoría en el Congreso (93 votos), que reduce entre un 30% y un 70% los plazos de tramitación para proyectos energéticos, mineros e industriales. La implementación de ventanilla única, la tramitación en paralelo y la clarificación de criterios técnicos representan un cambio estructural en la relación entre el Estado y la inversión productiva.

Este nuevo marco no implica una baja de estándares ambientales. Apunta, en cambio, a reorganizar procesos que durante años generaron superposiciones y demoras, en algunos casos extendiendo proyectos estratégicos por más de ocho años. En un contexto donde el capital global compara plazos, previsibilidad y certezas, la reforma devuelve competitividad y reposiciona a Chile como destino de inversión.

A ese proceso se suma la discusión de una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aún en trámite legislativo. Su articulación con la reforma de permisos sectoriales será determinante para destrabar inversiones de gran escala en energía, puertos e infraestructura, y para capturar la próxima ola de capitales que busca activos reales y suministro energético estable.

El nuevo mapa político también consolida una alineación inédita con Argentina. La sintonía entre el gobierno de Kast y la administración de Javier Milei se expresa en una visión compartida sobre apertura económica, atracción de capital y reducción de trabas regulatorias. A esta convergencia se suma el rol del economista José Luis Daza, hoy viceministro en el Ministerio de Economía argentino y cercano a Kast, que facilita una coordinación binacional ausente durante años.

La integración energética ya muestra avances concretos. El Oleoducto Transandino (OTASA) y el Gasoducto del Pacífico se encuentran operativos y con capacidad de ampliación. La refinería de ENAP en el Biobío puede procesar crudo liviano de Vaca Muerta con altos niveles de eficiencia. En este marco, se difundió recientemente un contrato entre ENAP y un consorcio de operadoras argentinas por unos US$ 12.000 millones, que asegura suministro de crudo hasta mediados de 2033. Son decisiones tomadas, contratos firmados y flujos que comienzan a materializarse.

El impacto del cierre de Huachipato acelera esta redefinición, especialmente en el Biobío, donde crece el interés por instalar data centers atraídos por suelo industrial, conectividad portuaria y acceso potencial a energía firme. En ese contexto, un proyecto FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) emerge como alternativa concreta. Con una capacidad estimada de 1,5 a 3 millones de toneladas anuales, permitiría monetizar gas argentino excedente, abastecer la demanda regional y funcionar como infraestructura flexible para escalar exportaciones. El factor decisivo vuelve a ser el marco regulatorio y la velocidad de implementación.

Para Argentina, este esquema consolida a Chile como corredor energético hacia el Pacífico, no solo para petróleo y gas, sino también para derivados y, en una etapa posterior, para minerales críticos. La salida exclusivamente atlántica resulta insuficiente para sostener el crecimiento productivo proyectado. Para Chile, el acceso a energía competitiva permite recomponer su base industrial, reducir costos sistémicos y posicionarse como plataforma logística y energética regional.

Junto al vector energético aparece un segundo plano de integración: la minería. Un estudio reciente de Fundar y el Consejo Minero de Chile (Cesco) identifica la oportunidad de estructurar un corredor minero transcordillerano. Argentina concentra más de una decena de proyectos de cobre, litio, oro y plata ubicados a menos de 150 kilómetros de la frontera chilena. En varios casos, la salida por puertos del Pacífico permitiría reducir más de diez días el tránsito hacia Asia y aliviar la presión sobre una infraestructura atlántica exigida.

Si bien el hidrocarburo es hoy el principal vector de integración, este corredor minero agrega sinergias productivas en un contexto de demanda global creciente por minerales críticos. Nuevamente, la coordinación de permisos y la infraestructura aparecen como condiciones necesarias para que estas oportunidades se materialicen.

Con las elecciones definidas, el debate deja de ser contrafáctico. El nuevo mapa político chileno habilita decisiones largamente postergadas y acelera procesos que el mercado ya comenzó a descontar. La ventana está abierta, los recursos existen y la infraestructura está en marcha. A partir de ahora, la diferencia entre una oportunidad histórica y una ocasión perdida dependerá menos de diagnósticos y más de ejecución.