La industria argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Así lo advirtió Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), al analizar el cierre de 2025 y proyectar el escenario económico para 2026. En declaraciones difundidas por Forbes, el dirigente señaló que el sector “ha sido el gran ancla de la inflación”, pero alertó por la caída de la actividad, el aumento de la pérdida de empleo y la necesidad urgente de reformas estructurales para competir en un contexto de mayor apertura comercial.
Según explicó, el balance del año deja una industria golpeada por la recesión, las altas tasas de interés, el costo financiero y un proceso de desinflación que impactó de forma desigual en los distintos rubros. La producción manufacturera acumuló varios meses de retrocesos interanuales y sectores vinculados al consumo masivo, el textil, el calzado y los materiales de construcción continúan operando muy por debajo de los niveles de 2022.
Rapallini situó el problema en un contexto más amplio: una economía en transición hacia un nuevo esquema macroeconómico, con menor inflación pero todavía sin condiciones microeconómicas que permitan a las empresas locales competir en igualdad frente a los productos importados.

En ese marco, el titular de la UIA sostuvo que el sector industrial acompañó el proceso de estabilización de precios. “Hemos tenido inflaciones del 150% o 170% en la economía en general, mientras que en la industria los aumentos estuvieron en torno al 80% o 90%”, afirmó. En contraste, remarcó que los servicios duplicaron esos registros, lo que refuerza —según su mirada— el rol de la industria como factor de contención inflacionaria.
No obstante, ese esfuerzo tuvo costos. Uno de los más sensibles es el empleo. Rapallini reconoció que, si bien es complejo contabilizar cierres netos de empresas por la dinámica habitual de aperturas y bajas, la destrucción de puestos de trabajo se aceleró en la segunda mitad del año. “Veníamos perdiendo entre 1.200 y 1.500 empleos industriales por mes; en los últimos dos meses esa cifra se acercó a entre 3.500 y 4.000”, detalló.
La advertencia se da en un contexto donde el Gobierno nacional profundizó la apertura comercial como herramienta para reducir precios. Desde la UIA, el planteo no apunta a frenar la integración al mundo, sino a corregir distorsiones. Rapallini señaló que una apertura sin controles adecuados puede derivar en competencia desleal, contrabando, subfacturación o prácticas de dumping que afectan a la producción local.
“El aislamiento es lo peor para la industria, pero también lo es competir en condiciones desiguales”, sostuvo, al reclamar un esquema que combine importaciones con reglas claras. En esa línea, cuestionó que la baja de precios se busque exclusivamente a través del ingreso de productos del exterior, sin atacar el peso del Estado en los costos internos, especialmente la carga impositiva, el financiamiento y la logística.
El presidente de la UIA subrayó que otros países de la región, como Brasil, México, Uruguay o Chile, están integrados al comercio internacional, pero al mismo tiempo aplican políticas para garantizar competencia leal y mejorar la competitividad de sus empresas. “Eso es lo que estamos pidiendo en Argentina”, afirmó, al tiempo que valoró el orden macroeconómico y la baja de la inflación como condiciones necesarias, aunque insuficientes.

Uno de los ejes centrales del reclamo empresario es la baja del costo argentino, un concepto que engloba impuestos, tasas, costos laborales, energía, transporte y financiamiento. Rapallini insistió en que no existe una medida aislada capaz de revertir la situación y que el problema es sistémico. Para el dirigente, la agenda 2026 debe incluir una reforma fiscal, una modernización laboral, la reducción de la tasa de interés real y mecanismos de defensa comercial frente a prácticas desleales.
En relación con el financiamiento, sostuvo que el nivel de tasas sigue siendo un obstáculo para la inversión y la reactivación. Si bien reconoció una tendencia a la baja, planteó que el objetivo debería ser converger hacia valores similares a los internacionales. “Con una inflación cercana al 20%, las tasas deberían, como mínimo, alinearse a ese nivel y, en el mediano plazo, acercarse a los costos del crédito en dólares, que rondan el 6% o 7%”, explicó.
Otro punto crítico señalado por la UIA es la litigiosidad laboral. Rapallini describió un escenario que considera insostenible: una fuerte reducción de la accidentología junto con un aumento récord de los juicios. “Tenemos 114 litigios cada 10.000 trabajadores, frente a seis en Chile, con niveles similares de accidentes”, detalló. Según sus datos, el sistema acumula alrededor de 640.000 juicios laborales, lo que equivale a casi el 10% del empleo formal.
Para el dirigente industrial, la combinación de una legislación ambigua y fallos judiciales expansivos terminó debilitando a miles de pymes, incentivando la informalidad y desalentando la creación de empleo. En ese sentido, se mostró expectante ante la posibilidad de avanzar en cambios normativos que aporten previsibilidad jurídica, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

De cara al futuro, Rapallini definió a 2026 como un año “muy desafiante”, pero no exento de oportunidades. Señaló que la recuperación dependerá de la reactivación de la demanda, el acceso al crédito y la inversión productiva, en paralelo con mejoras en competitividad. También destacó el potencial de la energía como factor estratégico para el desarrollo industrial y la generación de valor agregado en distintas cadenas productivas.
Finalmente, el presidente de la UIA apeló al optimismo característico del empresariado. “Los empresarios somos optimistas por naturaleza. Cada día vemos proyectos, ideas y una enorme capacidad de trabajo en todo el país”, afirmó. Y concluyó que, si se logran las condiciones adecuadas, la Argentina puede sorprender con un crecimiento sostenido y una recuperación del empleo industrial.
