AySA vuelve al mercado de capitales y consigue financiamiento récord en la antesala de su privatización

Mientras avanza el cronograma oficial para su privatización, AySA volvió al mercado de capitales y logró captar $30.000 millones, el monto máximo previsto, a través de la Serie I de su Fideicomiso Financiero “AySA I”. La operación se concretó en Buenos Aires, en los últimos días de diciembre, y resulta relevante porque marca el regreso de la compañía a una fuente de financiamiento alternativa, en un momento clave de transición hacia la gestión privada y sin recurrir al endeudamiento bancario tradicional.

La colocación despertó un fuerte interés entre los inversores: recibió ofertas por $61.257 millones, lo que implicó una sobresuscripción superior al 100%. El resultado fue interpretado por el mercado como una señal de confianza en la estructura financiera de la empresa y en la previsibilidad de sus flujos, en un contexto de cambios profundos en el esquema de gestión del servicio público de agua y saneamiento.

Desde AySA destacaron que la operación cumple un doble objetivo. Por un lado, fortalece el capital de trabajo de la compañía al anticipar ingresos futuros; por otro, funciona como un termómetro de valuación frente al mercado, en la antesala del proceso de privatización que el Gobierno prevé lanzar en el primer trimestre de 2026. La empresa presta servicios a cerca de 15 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

El financiamiento obtenido será destinado principalmente al plan de obras 2024-2026, orientado a mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y saneamiento. Según explicaron desde la compañía, la prioridad es garantizar la sostenibilidad operativa durante el período de transición, en un contexto en el que el Estado busca reducir su participación directa en empresas públicas.

La emisión se realizó bajo el Programa Global “SECUVAL III” y está prevista para integrarse este viernes. Cerró con un margen del 6,80% nominal anual sobre la tasa TAMAR, una referencia habitual en operaciones de este tipo. Los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) cuentan con una calificación AA+sf (arg), con perspectiva estable, otorgada por FIX SCR, lo que contribuyó a ampliar el universo de inversores interesados.

El activo que respalda la operación está conformado por la cesión del 100% de los flujos futuros provenientes del cobro de servicios a través de tarjetas de crédito y débito seleccionadas. Se trata de un mecanismo que reduce el riesgo de la operación y aporta previsibilidad a los pagos, un factor clave para explicar la elevada demanda registrada durante la colocación.

En el mercado financiero interpretan que este tipo de instrumentos le permite a AySA mostrar capacidad de generar ingresos recurrentes y estructurar financiamiento sin depender exclusivamente del Tesoro. Esa señal resulta especialmente relevante en un escenario en el que el Gobierno busca atraer capital privado y maximizar el valor de los activos antes de avanzar con la venta de la compañía.

En paralelo a la operación financiera, el Ejecutivo avanza con la cuenta regresiva para la privatización. El plan oficial contempla lanzar una licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del capital accionario a inversores privados, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los empleados, bajo un esquema de participación accionaria. El proceso es asesorado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial especializado en el sector privado.

Según fuentes oficiales, el objetivo es replicar, con ajustes regulatorios, el esquema de concesión aplicado en la década del 90, cuando el servicio estuvo en manos privadas. En esta nueva etapa, el Gobierno apunta a combinar inversión, eficiencia operativa y control regulatorio, en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de mejorar la infraestructura.

El interés del mercado no se limita al plano local. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, ya se registraron consultas de fondos de inversión y empresas internacionales, atraídos por la escala del servicio, la base de usuarios y la posibilidad de participar en un sector considerado estratégico. La reciente colocación de deuda es vista como un antecedente que aporta información concreta sobre la capacidad de repago y la estructura de ingresos de la compañía.

Para AySA, el regreso al mercado de capitales también implica reconstruir un historial financiero que había quedado relegado en los últimos años, cuando la empresa dependía en mayor medida de transferencias estatales. En ese sentido, la sobresuscripción obtenida refuerza la estrategia de mostrar una compañía con flujos identificables y herramientas financieras modernas.

Analistas del sector coinciden en que el desempeño de esta emisión será observado de cerca por potenciales interesados en la privatización. La tasa obtenida, la calificación crediticia y la respuesta de los inversores funcionan como indicadores de riesgo y retorno, claves para definir valuaciones en una eventual venta.

En el corto plazo, la empresa deberá ejecutar el plan de obras comprometido y sostener los niveles de servicio, mientras se define el marco regulatorio que regirá la etapa post-privatización. En el mediano plazo, el desafío será compatibilizar la lógica de mercado con la naturaleza de un servicio público esencial.

Con esta operación, AySA no solo consiguió financiamiento récord, sino que también envió una señal clara al mercado sobre su capacidad de adaptarse a un nuevo escenario económico y financiero. En un contexto de reformas estructurales y redefinición del rol del Estado, la colocación de $30.000 millones aparece como un hito clave en el camino hacia la privatización de una de las empresas de servicios públicos más relevantes del país, un proceso que, según consignó El Economista, ya comenzó a captar la atención de inversores locales e internacionales.