El gobierno de Estados Unidos evalúa avanzar en una flexibilización adicional de las sanciones económicas contra Venezuela con el objetivo de facilitar la venta de petróleo, liberar activos financieros congelados y permitir que los ingresos generados por el crudo regresen al país sudamericano. La iniciativa fue confirmada por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, quien anticipó que las medidas podrían definirse “tan pronto como la próxima semana”. Según informó Infobae, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia para impulsar la estabilidad económica venezolana y reactivar el interés de empresas energéticas internacionales.
El anuncio se produjo en una entrevista concedida por Bessent a la agencia Reuters, en la que detalló que el Departamento del Tesoro analiza mecanismos técnicos y financieros para garantizar que las ganancias provenientes de la comercialización de petróleo venezolano, actualmente almacenado en barcos, puedan canalizarse de regreso a Venezuela y destinarse tanto al funcionamiento del Estado como a la atención de necesidades básicas de la población.
De concretarse, la flexibilización permitiría además destrabar cerca de USD 5.000 millones en activos venezolanos actualmente congelados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), recursos que podrían convertirse en una herramienta clave para la reconstrucción económica de un país que enfrenta una prolongada crisis financiera y productiva.
Bessent evitó precisar qué sanciones específicas serían levantadas o modificadas, aunque dejó abierta la posibilidad de un alivio gradual y condicionado. “Podría suceder tan pronto como la próxima semana”, afirmó el funcionario, al ser consultado sobre el calendario de implementación, sin ofrecer mayores detalles operativos.
La eventual decisión forma parte de un giro en la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, en un contexto marcado por cambios políticos internos en el país caribeño y por la intención de Washington de reinsertar a empresas estadounidenses en uno de los mayores reservorios de petróleo del mundo. En ese marco, la estrategia apunta a reactivar la producción y exportación de crudo bajo esquemas de control financiero que eviten desvíos de fondos.
Las sanciones vigentes han tenido un impacto profundo en la economía venezolana, en particular en el sector energético, históricamente el principal generador de divisas del país. Además, han limitado la capacidad del gobierno de transición para acceder a financiamiento externo y negociar la reestructuración de una deuda estimada en USD 150.000 millones, al impedir la participación de bancos y acreedores internacionales.
En paralelo al análisis sobre el levantamiento de sanciones, el viernes pasado Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a tribunales y acreedores embargar ingresos provenientes de la venta de petróleo venezolano que se encuentren depositados en cuentas del Tesoro estadounidense. La medida busca proteger esos fondos y asegurar que puedan ser utilizados con fines económicos y sociales dentro de Venezuela.
Durante la firma de la orden, el presidente estadounidense mantuvo un encuentro con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron, a quienes alentó a evaluar nuevas inversiones en el sector energético venezolano. Según trascendió, el volumen potencial de inversiones podría alcanzar hasta USD 100.000 millones, aunque condicionado a cambios estructurales en el marco legal y comercial del país.
En ese sentido, Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, advirtió que cualquier desembarco de gran escala requerirá reformas profundas. Señaló que el entorno jurídico y regulatorio sigue siendo un factor crítico para la toma de decisiones de largo plazo. Tanto ExxonMobil como ConocoPhillips mantienen reclamos millonarios contra el Estado venezolano por la nacionalización de activos ocurrida en años anteriores, un antecedente que todavía pesa en la evaluación de riesgos.
Actualmente, Chevron es la única empresa estadounidense autorizada a operar en Venezuela bajo el régimen de sanciones vigente. Bessent destacó que la compañía ha mantenido una presencia estable en el país y sugirió que su nivel de compromiso podría incrementarse si se concreta el alivio de las restricciones. Además, planteó la posibilidad de que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos participe como garante de financiamiento para futuras operaciones, en línea con declaraciones previas del secretario de Energía, Chris Wright.
En el plano financiero internacional, Venezuela posee alrededor de 3.590 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) en el FMI, equivalentes a unos USD 4.900 millones, pero actualmente no puede acceder a esos recursos debido a las sanciones y a la falta de reconocimiento pleno de su representación ante el organismo. La liberación de esos fondos es uno de los puntos centrales en evaluación por parte del Tesoro estadounidense.
Desde el punto de vista del mercado petrolero, Bessent señaló que empresas privadas de menor escala podrían regresar con mayor rapidez al sector venezolano, a diferencia de las grandes petroleras internacionales, cuyos activos fueron objeto de nacionalizaciones en más de una ocasión. Esa reapertura parcial permitiría incrementar gradualmente la producción y mejorar el flujo de exportaciones.
No obstante, mientras Washington avanza en el análisis de una eventual flexibilización de sanciones, el Gobierno de Estados Unidos mantiene una postura cautelosa en materia de seguridad. En los últimos días, emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos en Venezuela, advirtiendo sobre la presencia de milicias armadas que podrían intentar identificar a estadounidenses o personas vinculadas al país norteamericano, e instó a abandonar el territorio venezolano ante el aumento de los riesgos.
La evaluación de nuevas medidas hacia Venezuela refleja un delicado equilibrio entre objetivos económicos, consideraciones geopolíticas y preocupaciones de seguridad. Para Estados Unidos, la posibilidad de reactivar el sector petrolero venezolano aparece como una herramienta para promover estabilidad, recuperar influencia regional y garantizar un flujo controlado de recursos, en un escenario internacional marcado por la volatilidad energética y las tensiones globales.
En las próximas semanas, el alcance concreto de las decisiones del Departamento del Tesoro será clave para determinar si este giro se traduce en una reapertura efectiva del sector petrolero venezolano y en una mejora tangible de las condiciones económicas del país sudamericano.
