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El Gobierno de Santa Fe evalúa lanzar durante 2026 una línea de créditos específica para contratistas rurales, con el objetivo de fortalecer a uno de los eslabones clave de la cadena agroindustrial. La iniciativa forma parte de la agenda de trabajo de la Mesa Provincial de Contratistas Rurales, un espacio de articulación entre el sector público y privado que funciona en la provincia desde 2025 y que ya consiguió avances concretos en materia normativa, operativa y de reconocimiento institucional. La medida es relevante porque podría mejorar el acceso al financiamiento de cientos de prestadores de servicios que resultan estratégicos para la producción agrícola.
La propuesta comenzó a delinearse tras el balance positivo que dejaron las primeras acciones impulsadas por esta mesa de diálogo, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial. El esquema busca consolidar un canal permanente entre áreas del Estado, organismos técnicos, entidades sectoriales y contratistas, con el objetivo de resolver trabas históricas, ordenar regulaciones y diseñar herramientas que mejoren la competitividad del sector.
El ministro de Producción, Gustavo Puccini, explicó que el funcionamiento de este tipo de ámbitos de trabajo responde a una decisión política de profundizar el vínculo con los actores productivos. “Tenemos 48 mesas productivas en el Ministerio, en cada una de ellas dialogamos directamente con los protagonistas de cada área, y fruto de ese diálogo salen cosas positivas. Es un método de trabajo impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro que vamos a profundizar este año, y a robustecer porque está dando buenos resultados”, afirmó.
Durante 2025, la Mesa de Contratistas Rurales avanzó sobre problemáticas concretas que impactaban de lleno en la operatoria cotidiana del sector. Uno de los principales logros fue la normalización del tránsito de maquinaria agrícola en el Puente Rosario–Victoria, un corredor estratégico que hasta entonces presentaba restricciones y generaba demoras significativas en momentos de alta demanda de servicios.
A través de una gestión coordinada entre la Dirección de Desarrollo Territorial Agropecuario, la Secretaría de Transporte y Logística y representantes de los contratistas, se estableció un protocolo específico que habilita el paso de maquinaria por ese corredor. Según explicó el director de Desarrollo Territorial Agropecuario, Dieter von Pannwitz, “la medida permitió reducir tiempos de traslado y costos logísticos, además de mejorar la seguridad vial en un punto crítico de la red caminera santafesina”. El cambio tuvo impacto directo en la eficiencia operativa del sector, especialmente durante las campañas de siembra y cosecha.
Otro avance relevante se dio en materia de licencias para conductores de equipos agrícolas. Durante años, los contratistas enfrentaron dificultades para obtener la licencia específica G3, necesaria para el manejo de maquinaria de gran porte, debido a fallas en el sistema informático provincial. Esa situación generaba sanciones, demoras y un escenario de incertidumbre para trabajadores y empresas.
Frente a ese problema, se acordó reconocer de manera transitoria la validez de las licencias G1 y G2 como documentos suplentes, medida respaldada mediante una Circular Oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) distribuida a municipios, comunas y organismos de control. Además, la APSV asumió el compromiso de actualizar su sistema para que, a partir de 2026, todos los centros de emisión puedan otorgar la licencia G3 con normalidad, una demanda histórica del sector.
Sobre esa base, la agenda para 2026 busca avanzar hacia una etapa más ambiciosa: el diseño de instrumentos financieros específicos. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la creación de una línea de financiamiento para capital de trabajo destinada a contratistas rurales aparece como uno de los objetivos centrales del próximo año.
Von Pannwitz detalló que “también se prevé la creación de una línea de crédito específica para capital de trabajo destinada a contratistas rurales asociados a las cámaras del sector”. Según lo proyectado, la propuesta contempla un monto máximo de 20 millones de pesos por solicitante, con el objetivo de dinamizar la actividad y mejorar la capacidad operativa de quienes prestan servicios esenciales para la producción primaria.
El funcionario remarcó que, si bien el balance de 2025 es positivo, todavía persisten desafíos estructurales que requieren continuidad de gestión. “El balance de 2025 es positivo ya que logramos avances. Sin embargo, permanecen temas estructurales que tendrán atención prioritaria en 2026, como la agilización de trámites vinculados a las declaraciones de emergencias o desastre agropecuario, reconociendo la interdependencia de este sector con la producción primaria”, señaló.
La importancia de los contratistas rurales dentro del entramado agropecuario explica por qué el Gobierno provincial decidió jerarquizar este espacio de trabajo. Se trata de empresas y trabajadores que aportan servicios de siembra, cosecha, pulverización y logística, con altos niveles de tecnificación y generación de empleo calificado. Su desempeño incide directamente en la productividad del campo y, por extensión, en la competitividad de toda la cadena agroindustrial.
En ese contexto, también se comenzó a trabajar junto a la APSV en la elaboración de nuevas normativas para habilitar el traslado nocturno de máquinas pulverizadoras. El planteo parte de una realidad técnica: cerca del 80% de las aplicaciones se realizan durante la noche para lograr mayor eficiencia y minimizar riesgos, en línea con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La adecuación del marco regulatorio busca acompañar esa dinámica productiva sin descuidar la seguridad vial.
La Mesa Provincial de Contratistas Rurales está encabezada por von Pannwitz y cuenta con la participación de la Secretaría de Transporte y Logística y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. También integran el espacio entidades representativas del sector, como la Asociación Propietarios Máquinas Rurales Casilda (APMRC), el Centro de Contratistas de Máquinas Agrícolas (CECOMA) y contratistas independientes de distintos puntos de la provincia. Esta composición le da al ámbito un carácter verdaderamente representativo y operativo.
Para el Gobierno provincial, la experiencia de esta mesa confirma una línea de trabajo que busca construir políticas públicas desde el territorio y con participación directa de los actores involucrados. La articulación permitió no solo destrabar problemas administrativos, sino también generar confianza entre el Estado y el sector privado, un elemento clave para sostener procesos de mediano y largo plazo.
La eventual puesta en marcha de una línea de créditos específica marcaría un paso adicional en esa dirección. El acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales limitaciones para muchos contratistas, que deben afrontar inversiones permanentes en maquinaria, tecnología y mantenimiento, con costos elevados y márgenes ajustados. Contar con instrumentos diseñados a medida podría mejorar su capacidad de planificación y potenciar su rol dentro del sistema productivo.
Con una agenda que combina mejoras normativas, soluciones operativas y herramientas financieras, Santa Fe busca consolidar un modelo de gestión sectorial que trascienda las coyunturas y se proyecte en el tiempo. La continuidad de la Mesa de Contratistas Rurales durante 2026 aparece así como una apuesta estratégica para fortalecer un eslabón clave del agro y acompañar la transformación productiva de la provincia.
