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El Gobierno de Santa Cruz reunió a directivos de las principales compañías mineras que operan en la provincia para exigir el cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente, reforzar los controles en los yacimientos y garantizar la prioridad del empleo local, en un encuentro realizado en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, que definió nuevas obligaciones para las empresas y marcó un endurecimiento de la política de fiscalización sobre la actividad.
La reunión fue encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, quienes notificaron formalmente a las operadoras sobre la obligación de ajustarse a la resolución 2026/00002822, reglamentaria de la Ley Provincial N° 3.141, modificada por la Ley N° 3.960, conocida como Ley 90/10, que establece la prioridad de contratación de trabajadores santacruceños en la actividad minera.
Del encuentro participaron representantes de Newmont (yacimiento Cerro Negro), Cerro Vanguardia S.A. (proyecto Cerro Vanguardia), Minera Santa Cruz (yacimiento San José) y Don Nicolás (proyecto ubicado en cercanías de Tres Cerros), además del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.
La convocatoria no tuvo un carácter protocolar: las autoridades provinciales comunicaron a las empresas que deberán presentar informes detallados sobre su grado de cumplimiento de la normativa, identificar los desvíos existentes y avanzar en correcciones concretas. Se trató, según fuentes oficiales, de un paso formal de intimación al cumplimiento, con implicancias administrativas en caso de incumplimiento.
Como resultado del encuentro, se establecieron tres líneas de acción inmediatas. En primer lugar, las operadoras deberán elevar reportes completos sobre la composición de su nómina laboral, especificando cuántos trabajadores son residentes en Santa Cruz y cuántos provienen de otras provincias. En segundo término, se acordó dar continuidad y fortalecer los procesos de capacitación destinados a mejorar la calificación de trabajadores locales, con el objetivo de ampliar el universo de perfiles disponibles para la industria. Finalmente, se exigió la presentación de un plan de reconversión laboral, orientado al reemplazo progresivo de empleo no local por mano de obra santacruceña.
El Gobierno provincial también informó que se retoman y refuerzan los controles en los accesos a los yacimientos y en las distintas etapas de la actividad minera. Estas tareas de fiscalización alcanzarán tanto a las empresas operadoras como a las firmas contratistas que prestan servicios en los proyectos, con auditorías más frecuentes y verificación documental en terreno.
Uno de los ejes centrales planteados en la reunión fue el cumplimiento obligatorio del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local), una herramienta que permite monitorear en tiempo real la contratación de personal y que busca aportar transparencia al proceso. La Provincia advirtió que el uso del sistema no es opcional y que su implementación plena es clave para verificar el respeto efectivo de la prioridad de empleo local que fija la legislación.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la decisión de profundizar los controles responde a una doble necesidad. Por un lado, garantizar que los beneficios económicos derivados de la minería tengan un impacto directo en la población local. Por otro, evitar distorsiones en un sector que concentra inversiones de gran magnitud y que tiene un peso significativo en la economía santacruceña. La aplicación rigurosa de la Ley 90/10, remarcan, forma parte de una política de mayor presencia del Estado en la regulación de la actividad.
Durante la reunión también se abordaron aspectos vinculados a nuevas inversiones proyectadas por las compañías que operan en la provincia. Las autoridades remarcaron que cualquier proceso de expansión deberá desarrollarse dentro de un marco de legalidad, responsabilidad social y respeto por los derechos laborales, y que el cumplimiento de la normativa vigente será un requisito central para la continuidad y el crecimiento de los proyectos.
La minería metalífera es uno de los sectores estratégicos de Santa Cruz, con operaciones de gran escala distribuidas en distintas zonas del territorio provincial. Proyectos como Cerro Negro, Cerro Vanguardia y San José concentran miles de puestos de trabajo directos e indirectos y representan una porción significativa de las exportaciones provinciales. En ese contexto, la discusión sobre el origen de la mano de obra y la aplicación de la prioridad de empleo local ha sido un tema recurrente en la agenda política y social.
La Ley 90/10 establece que al menos el 70% de los trabajadores de la actividad minera deben ser residentes en Santa Cruz, y fija mecanismos de control y sanción para los casos de incumplimiento. Su reglamentación actualizada, comunicada a las empresas en esta reunión, busca cerrar vacíos administrativos y fortalecer la capacidad del Estado para auditar el cumplimiento efectivo de la norma.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo provincial busca enviar una señal clara a las operadoras: el desarrollo de la actividad minera debe estar acompañado por un cumplimiento estricto de las reglas locales y por un compromiso verificable con la contratación de trabajadores santacruceños. La exigencia de informes, planes de reconversión y el refuerzo de controles marcan una etapa de mayor presión regulatoria sobre un sector que, por su peso económico, ocupa un lugar central en la política pública de la provincia.
