Córdoba acelera obras viales rurales para mejorar la logística del agro y fortalecer la conectividad productiva

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria y el Consorcio Caminero Único (CCU), impulsa un plan integral de infraestructura para mejorar la red vial rural con impacto directo en la logística productiva del interior provincial. La iniciativa comprende 19 obras viales en ejecución, concluidas y en proceso de licitación, con una inversión superior a los $182.000 millones, orientada a fortalecer la conectividad entre zonas productivas, centros de acopio, plantas industriales y corredores troncales, según informó Infobae.

La política pública apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella del agro y la agroindustria: la transitabilidad de caminos secundarios y terciarios, determinante para reducir costos, mejorar tiempos de traslado y garantizar previsibilidad operativa durante todo el año. En un contexto donde el transporte terrestre explica una parte significativa de los costos logísticos, la mejora sostenida de la infraestructura rural adquiere un rol estratégico para la competitividad provincial.

Actualmente, el CCU ejecuta 11 obras distribuidas en distintos departamentos de Córdoba, con una inversión superior a los $79.300 millones. Los trabajos incluyen ocho obras de enripiado, dos de pavimentación y una de enarenado, que en conjunto mejoran más de 135 kilómetros de caminos rurales. Estas intervenciones permiten incrementar la capacidad de circulación de camiones y maquinaria, reducir desvíos operativos y minimizar el deterioro de los vehículos, además de asegurar el acceso permanente a establecimientos productivos.

El impacto no se limita al sector agropecuario. La mejora de la red vial rural también beneficia servicios esenciales como el transporte sanitario, escolar y de insumos críticos, que dependen de caminos transitables incluso en condiciones climáticas adversas. La conectividad territorial, en ese sentido, se consolida como un factor clave para la integración social y económica del interior.

Los proyectos en marcha se localizan en departamentos estratégicos para la producción agrícola y agroindustrial, como Río Cuarto, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Colón, entre otros. Se trata de zonas donde la eficiencia del transporte terrestre resulta decisiva para la competitividad regional, tanto para la salida de granos y productos industriales como para el abastecimiento de insumos y servicios.

Durante 2025, el programa también registró avances en obras ya concluidas. El CCU finalizó tres proyectos de pavimentación que suman más de 56 kilómetros, con una inversión cercana a los $34.000 millones. Estas obras mejoran la conexión entre localidades rurales y rutas nacionales y provinciales, facilitando el acceso a corredores logísticos de mayor escala. La pavimentación de estos tramos contribuye a reducir la variabilidad en los tiempos de viaje, mejora la seguridad vial y permite sostener flujos de transporte más estables a lo largo del año.

A las obras en ejecución y finalizadas se agregan cinco nuevos proyectos licitados por más de $68.000 millones. Dos corresponden a pavimentación y tres a mejoramiento integral de caminos rurales, lo que amplía la cobertura territorial del programa. Estas intervenciones buscan reforzar la integración entre pequeñas localidades productivas y los principales ejes de transporte de la provincia, con efectos directos sobre la eficiencia logística en origen.

Desde una perspectiva operativa, la mejora de los caminos rurales permite acortar distancias efectivas, optimizar recorridos y reducir tiempos muertos en la cadena de transporte. Para actividades como la cosecha, el abastecimiento industrial o la distribución regional, la previsibilidad logística se traduce en mejores decisiones de planificación y en una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

El esquema institucional que sostiene este programa se apoya en el Consorcio Caminero Único, creado por la Ley 10.546, que articula esfuerzos entre el Estado provincial y el sector agropecuario bajo un modelo de gestión público-privada. Desde su puesta en marcha en 2019, el CCU busca dar respuesta estructural al deterioro histórico de la red vial rural, un problema que se agudiza en períodos de alta demanda estacional o frente a eventos climáticos extremos.

El financiamiento de las obras proviene del Fondo para el Desarrollo Agropecuario (FDA), nutrido en un 98% por el Impuesto Inmobiliario Rural. Bajo la modalidad de contribución por mejoras, los recursos se destinan de manera específica a infraestructura vinculada al desarrollo productivo, la seguridad vial y la conectividad territorial. Este mecanismo refuerza la relación directa entre el aporte de los contribuyentes rurales y la ejecución de obras que impactan en su propia competitividad.

La experiencia cordobesa muestra un enfoque de política pública que vincula inversión en infraestructura con resultados concretos en materia de logística. En una provincia donde el agro y la agroindustria explican una porción significativa de la actividad económica, la calidad de los caminos rurales no es un tema secundario, sino un factor central para sostener la productividad y la inserción en los mercados.

Especialistas en logística coinciden en que la infraestructura de “última milla” —los caminos que conectan los campos con las rutas principales— suele ser uno de los eslabones más débiles de la cadena. Cuando esa red presenta deficiencias, se incrementan los costos de transporte, se deterioran los equipos y se pierde eficiencia operativa. Por el contrario, cuando la conectividad rural mejora de manera sostenida, se genera un efecto positivo sobre toda la cadena agroindustrial.

El plan de obras también contribuye a reducir las brechas territoriales dentro de la provincia. Las localidades más pequeñas, muchas veces alejadas de las rutas principales, dependen de la calidad de los caminos rurales para acceder a servicios, oportunidades económicas y vínculos comerciales. La mejora de la infraestructura vial favorece una integración más equilibrada del territorio y amplía las posibilidades de desarrollo local.

En términos estratégicos, la apuesta por la infraestructura vial rural se inscribe en una visión de mediano y largo plazo sobre el desarrollo productivo. Las obras no solo responden a demandas coyunturales, sino que buscan consolidar una base logística más robusta para acompañar el crecimiento futuro del sector agroindustrial, la incorporación de tecnología y la diversificación productiva.

Con 19 proyectos en distintas etapas, más de $182.000 millones comprometidos y un esquema de financiamiento y gestión ya consolidado, Córdoba profundiza una política de infraestructura que apunta a fortalecer su posición como una de las principales plataformas productivas del país. La mejora de los caminos rurales, lejos de ser una obra menor, se consolida como una pieza central en la construcción de competitividad y desarrollo sostenible para el interior provincial.