San Juan consolida su perfil minero con un proyecto de más de US$519 millones aprobado por la Nación

El Gobierno nacional aprobó la adhesión del proyecto minero Carbonatos Profundos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando una inversión superior a US$519 millones en la provincia de San Juan. La medida fue formalizada mediante la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía, publicada esta semana en el Boletín Oficial, y resulta relevante por su impacto potencial en el desarrollo del sector minero, la atracción de capitales de gran escala y el fortalecimiento de las economías regionales.

El emprendimiento está a cargo de Minas Argentinas SA Sucursal Dedicada RIGI I – Nuevo Gualcamayo (MASA-SD) y permitirá a la compañía acceder a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en la ley 27.742, marco normativo que creó el RIGI con el objetivo de otorgar previsibilidad a proyectos considerados estratégicos para el crecimiento económico.

La iniciativa se desarrolla dentro del complejo Nuevo Gualcamayo, uno de los yacimientos auríferos más relevantes de San Juan, y apunta a extender su vida útil mediante la exploración y eventual explotación de nuevos cuerpos mineralizados ubicados en profundidad. El proyecto incluye tareas de exploración avanzada, estudios geológicos y metalúrgicos, análisis de recursos y reservas, además del diseño, construcción y operación de una planta de tratamiento para el procesamiento de mineral.

Según lo establecido en la resolución, Carbonatos Profundos se inscribe en el sector Minería, dentro del subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, con exclusión expresa de litio y potasio. El foco está puesto en el desarrollo de un yacimiento de oro y plata, con actividades que abarcan desde perforaciones profundas hasta la evaluación de factibilidad técnica y económica del proyecto.

Uno de los aspectos centrales del esquema aprobado es el volumen de inversión comprometido. El plan presentado por la empresa contempla activos computables por US$519.647.635, cifra que supera ampliamente el umbral mínimo requerido para acceder al régimen. De acuerdo con el cronograma oficial, durante los primeros dos años desde la adhesión al RIGI deberán ejecutarse desembolsos por US$90,6 millones, distribuidos en US$46,7 millones el primer año y US$43,8 millones el segundo. El plazo máximo para cumplir con la inversión mínima total fue fijado para el 31 de diciembre de 2028, mientras que la fecha de adhesión y adquisición de derechos al régimen quedó establecida el 27 de noviembre de 2025.

La resolución también destaca el nivel de integración de proveedores nacionales previsto para el desarrollo del proyecto. Según la documentación presentada por la compañía, el 69% del gasto en bienes, obras y servicios se canalizará a través de proveedores locales, un porcentaje muy superior al 20% mínimo exigido por la normativa. Este componente fue valorado de forma positiva durante el proceso de evaluación, ya que implica un impacto directo sobre la cadena de valor nacional, con efectos en sectores como servicios de ingeniería, obras civiles, transporte, mantenimiento, suministros industriales y logística.

Desde el punto de vista técnico, la factibilidad del proyecto fue analizada por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, con intervención de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras. Ambos organismos concluyeron que la iniciativa cumple con los requisitos técnicos, económicos y operativos establecidos por el régimen. El expediente fue luego elevado al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que otorgó su aval en la reunión celebrada el 23 de diciembre de 2025, paso indispensable para la aprobación definitiva.

Otro componente clave del proceso fue la evaluación del impacto cambiario. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el análisis y determinó que el proyecto no presenta observaciones en términos de distorsión sobre el mercado de cambios, habilitando así el acceso de la empresa a los incentivos cambiarios previstos por el RIGI para proyectos de gran escala.

La adhesión al régimen también habilita beneficios concretos en materia fiscal y aduanera. Entre ellos se incluye la posibilidad de importar bienes de capital e insumos bajo franquicia aduanera, lo que reduce costos en la etapa de inversión inicial. Asimismo, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a otorgar una CUIT especial para el proyecto, tal como establece la normativa vigente. El esquema contempla, además, estabilidad fiscal por un período determinado y reglas claras para la operatoria de largo plazo, un punto considerado clave para este tipo de emprendimientos.

La resolución incorpora también la aceptación de mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de eventuales controversias, incluyendo la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este aspecto forma parte de las garantías jurídicas que ofrece el régimen y busca alinear el marco local con estándares internacionales aplicables a proyectos de inversión de gran envergadura.

La fiscalización y el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa estarán a cargo de la Secretaría de Minería, que deberá verificar tanto el avance del cronograma de inversiones como el respeto de los porcentajes de contenido local y las condiciones técnicas declaradas en el plan de desarrollo. Este seguimiento será determinante para sostener los beneficios otorgados bajo el RIGI.

El proyecto Carbonatos Profundos se suma así al conjunto de iniciativas que el Gobierno busca impulsar bajo el paraguas del régimen de incentivos, con el objetivo de consolidar a la minería como uno de los sectores estratégicos para la generación de divisas, la creación de empleo y el desarrollo regional. En el caso de San Juan, una provincia con larga tradición minera, la aprobación de este emprendimiento refuerza su posicionamiento como uno de los polos más dinámicos del sector a nivel nacional.

Con una inversión que supera los US$519 millones, un alto grado de participación de proveedores locales y un horizonte de desarrollo hasta al menos 2028, el avance del proyecto representa un hito relevante tanto para la actividad minera como para la estrategia oficial de atraer capitales de gran escala en un contexto de competencia internacional por inversiones productivas.