El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en la Casa de Gobierno provincial para revisar el estado de las obras de competencia federal comprometidas para la provincia, plantear la necesidad de mayor previsibilidad en los fondos y avanzar en una agenda común sobre infraestructura y empleo. El encuentro, que contó con la participación de equipos técnicos de ambas jurisdicciones, fue relevante porque puso en el centro el cumplimiento de convenios firmados, el impacto de la obra pública en el desarrollo regional y la búsqueda de consensos en torno a la modernización laboral.
Durante la reunión se realizó un análisis técnico y financiero de los proyectos que fueron acordados con Nación mediante un convenio suscripto el año pasado. Según se detalló, se trata de iniciativas vinculadas a infraestructura vial, educativa, de saneamiento y de justicia, consideradas estratégicas para el crecimiento de la provincia. Sáenz subrayó que Salta asumió la ejecución de obras que originalmente eran de competencia nacional y remarcó la importancia de que exista correspondencia en el cumplimiento de los compromisos. “Si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, expresó el mandatario provincial al referirse al esquema de financiamiento acordado.
Entre las obras evaluadas se encuentran tramos clave de rutas nacionales como la RN 9/34 y la RN 51, además de los puentes sobre el río Vaqueros, considerados fundamentales para mejorar la conectividad. También forman parte del paquete de proyectos las plantas depuradoras de la zona sur de la ciudad de Salta y de Cafayate, la escuela Tesla de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán, además de iniciativas habitacionales que incluyen más de dos mil viviendas y la construcción de alrededor de 20 escuelas en distintos puntos del territorio. Para el Gobierno provincial, estas obras no solo tienen impacto inmediato en la generación de empleo, sino que también buscan modificar la matriz productiva y turística y saldar una deuda histórica con el norte argentino.
Sáenz destacó además la actitud de Santilli durante el encuentro y valoró la apertura al diálogo y la mirada federal. Señaló que resulta clave que los funcionarios nacionales recorran las provincias y conozcan de primera mano las problemáticas locales, en lugar de limitarse a una visión centralizada. En esa línea, sostuvo que el trabajo conjunto permite priorizar proyectos y ordenar una agenda de desarrollo que contemple las necesidades concretas de cada región.
Otro de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional. El gobernador manifestó su disposición a acompañar una actualización de la legislación vigente que permita promover el empleo formal y generar mejores condiciones para el crecimiento económico. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, afirmó al referirse a la necesidad de adaptar el marco normativo a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.
En ese contexto, Sáenz recordó que desde el inicio de la actual etapa política acompañó varias de las medidas impulsadas por la Nación, al considerar que eran necesarias para sostener el rumbo económico general. No obstante, aclaró que su posición no es automática y que la provincia también ha marcado diferencias cuando entendió que determinadas decisiones podían perjudicar a Salta y a sus habitantes. Para el mandatario, la clave está en sostener un equilibrio entre cooperación institucional y defensa de los intereses provinciales.
Por su parte, Santilli explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma laboral es avanzar en la formalización del empleo, con foco en los millones de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad. Según señaló, la intención es promover un sistema más inclusivo, con reglas claras y progresivas, que no implique pérdida de derechos adquiridos. En relación con el impacto fiscal de las modificaciones propuestas, indicó que la reforma tendría un efecto acotado en la recaudación de impuestos como Ganancias, tanto para las provincias como para la Nación, y que ese costo podría verse compensado por la ampliación de la base de aportantes a partir de la formalización.
El ministro también remarcó que se viene trabajando con los gobernadores en un esquema gradual que permita reducir la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del empleo privado en el país. Desde la óptica del Gobierno nacional, la combinación entre modernización normativa y alivio impositivo puede convertirse en una herramienta clave para dinamizar la economía y fortalecer el mercado laboral.
La reunión contó con la presencia de varios funcionarios provinciales, entre ellos el jefe de Gabinete Sergio Camacho, el ministro de Gobierno y Justicia Ignacio Jarsún, la secretaria general de la Gobernación Matilde López Morillo, el secretario de Trabajo Alfredo Batule y el secretario de Finanzas Ariel Burgos. Por el lado nacional participaron también el secretario del Interior Gustavo Javier Coria y el asesor ministerial Gonzalo Palese. La amplitud de la delegación reflejó el carácter técnico del encuentro y la intención de avanzar en definiciones concretas.
Más allá de los aspectos formales, el encuentro dejó en evidencia que la obra pública sigue siendo un eje central en la relación entre Nación y provincias. Para Salta, la continuidad de los proyectos comprometidos resulta clave no solo por el impacto directo en la infraestructura, sino también por el efecto multiplicador sobre el empleo, la inversión privada y el desarrollo regional. En un contexto de restricciones presupuestarias y reordenamiento del gasto público, la previsibilidad en los fondos se vuelve un factor determinante para planificar a mediano y largo plazo.
La agenda abordada por Sáenz y Santilli combinó, así, dos dimensiones complementarias: por un lado, la necesidad de garantizar que los compromisos de financiamiento para obras estratégicas se cumplan en tiempo y forma; por otro, el desafío de construir consensos políticos para actualizar el marco laboral y fiscal con el objetivo de promover el empleo formal y la competitividad. El resultado fue un mensaje de cooperación institucional, con matices y reclamos claros, que busca posicionar a Salta como una provincia activa en la discusión sobre el futuro del desarrollo y el federalismo en la Argentina.