La UE vuelve a poner en pausa el acuerdo con el Mercosur y estira su definición hasta 2027

El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, paralizó su proceso de ratificación y resolvió enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una medida adoptada en Bruselas que vuelve a sembrar incertidumbre sobre uno de los tratados más ambiciosos de la agenda comercial global. La decisión, tomada esta semana, no implica un rechazo definitivo, pero sí congela cualquier posibilidad de entrada en vigor en el corto plazo y abre un proceso judicial que podría extenderse hasta dos años, según estimaciones de fuentes comunitarias.

El paso dado por la Eurocámara resulta relevante porque reconfigura el calendario político y económico del acuerdo, negociado durante más de dos décadas y presentado en reiteradas oportunidades como inminente. Hasta que el máximo tribunal europeo se expida sobre la validez jurídica del texto, el Parlamento no podrá retomar su tratamiento, lo que desplaza cualquier definición concreta hacia 2027 o incluso 2028.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea comenzó a negociarse formalmente a fines de los años noventa y atravesó un extenso recorrido marcado por cambios de gobierno, crisis económicas, debates ambientales y fuertes resistencias sectoriales en ambos bloques. En 2019, tras veinte años de negociaciones, se anunció un acuerdo político que luego debió ser revisado y complementado, un proceso que se reactivó en los últimos años en un contexto internacional atravesado por la guerra en Ucrania, la creciente competencia con China y la necesidad europea de diversificar socios comerciales estratégicos.

En ese marco, la Comisión Europea había retomado el liderazgo del proceso y transmitía señales de optimismo sobre una firma definitiva seguida de una ratificación relativamente ágil. Sin embargo, el Parlamento Europeo volvió a convertirse en un actor clave y, al mismo tiempo, en un freno central, reflejando las profundas divisiones internas que el tratado genera dentro del bloque.

La decisión de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia se basa en cuestionamientos sobre su encuadre legal. En particular, un grupo de eurodiputados planteó dudas sobre la base jurídica utilizada por la Comisión para avanzar con el proceso y sobre la posibilidad de ratificar el tratado de manera parcial, sin que pase por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembro. Para estos sectores, el acuerdo excede las competencias exclusivas de la política comercial común de la Unión y debería atravesar un proceso de aprobación más amplio y complejo.

El debate no es menor: toca uno de los puntos estructurales del funcionamiento institucional europeo y define hasta dónde puede llegar la Unión Europea en materia de acuerdos comerciales sin el aval directo de cada país. Hasta que el Tribunal no se pronuncie, el texto queda en suspenso y sin margen político para avanzar.

El paso por la Justicia comunitaria introduce un factor de tiempo determinante. Los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suelen llevar varios meses y, en casos de alta complejidad institucional, pueden extenderse durante años. En Bruselas admiten que el proceso podría demandar entre 18 y 24 meses, un plazo que, en los hechos, congela el acuerdo durante buena parte del próximo ciclo político europeo.

Esa demora no solo afecta a la Unión Europea. También reconfigura las expectativas de los países del Mercosur, que observan cómo un tratado presentado como estratégico vuelve a dilatarse. Además, un eventual fallo adverso podría obligar a revisar aspectos centrales del acuerdo o incluso su arquitectura institucional, lo que reabriría negociaciones ya cerradas en el plano político.

Detrás de la decisión parlamentaria aparece con fuerza la presión de los productores agropecuarios europeos, uno de los sectores más críticos del acuerdo desde sus inicios. Las resistencias más visibles provienen de Francia, donde el agro tiene un peso político significativo y donde las organizaciones rurales vienen alertando desde hace años sobre el impacto del tratado en la competitividad del sector.

Los productores franceses sostienen que el acuerdo con el Mercosur expone a la agricultura europea a una competencia que consideran desigual, especialmente en rubros sensibles como la carne bovina, la producción aviar, el azúcar y otros productos agroindustriales. A estos argumentos se suman cuestionamientos vinculados a los estándares ambientales y sanitarios, que se convirtieron en una bandera recurrente para frenar el avance del tratado.

En los últimos meses, ese malestar se expresó en protestas y movilizaciones en distintos países de Europa, en un contexto más amplio de crisis del sector agropecuario, aumento de costos y reclamos por mayor protección estatal. El acuerdo con el Mercosur quedó así atrapado en una discusión interna más profunda sobre el modelo productivo europeo, la apertura comercial y el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad.

Para los países del Mercosur, el nuevo freno representa otro capítulo de un proceso marcado por la incertidumbre. El tratado con la Unión Europea es visto como una oportunidad estratégica para ampliar el acceso a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo, mejorar condiciones arancelarias y ofrecer previsibilidad de largo plazo a las exportaciones.

En el caso de la Argentina, distintos sectores productivos, industriales y exportadores seguían de cerca la evolución del acuerdo, en un contexto de necesidad de generar divisas, diversificar mercados y consolidar el perfil agroindustrial del país. La postergación vuelve a enfriar esas expectativas y obliga a recalibrar estrategias comerciales y diplomáticas, en un escenario global cada vez más fragmentado.

Aunque el acuerdo Mercosur–Unión Europea no está formalmente caído, su futuro inmediato quedó condicionado por una decisión judicial y por la capacidad política de la Unión para resolver sus tensiones internas. El envío al Tribunal de Justicia marca un punto de inflexión que aleja cualquier definición rápida y deja al tratado en un limbo institucional, con un desenlace abierto y cargado de incertidumbre.