Ecuador impone una tasa del 30% a las importaciones colombianas en medio de crecientes tensiones diplomáticas

Ecuador aplicará un arancel del 30% a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero. La medida, anunciada el 23 de enero por el presidente Daniel Noboa, surge en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Según el mandatario ecuatoriano, la decisión responde a la falta de reciprocidad de Colombia frente a los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. La imposición de este arancel se da un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitara la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción.

En su anuncio, Noboa explicó que la "tasa de seguridad" se mantendrá vigente hasta que Colombia demuestre un compromiso serio en la lucha contra el crimen organizado en la frontera. Esta medida busca presionar al Gobierno colombiano a cooperar más estrechamente con Ecuador en asuntos de seguridad, un tema de creciente preocupación debido a la violencia desatada por grupos criminales en la zona limítrofe. Según Noboa, las fuerzas armadas ecuatorianas continúan enfrentando estos grupos sin el apoyo de sus pares colombianos, lo que ha generado frustración en Quito.

"Nuestro país ha hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, asumiendo incluso un déficit comercial anual superior a los USD 1.000 millones", sostuvo el presidente ecuatoriano. No obstante, agregó que los resultados han sido limitados, sobre todo en lo que respecta a la seguridad en la frontera norte, donde se libra una intensa lucha contra el narcotráfico. La medida del Gobierno ecuatoriano llega en un contexto de creciente presión interna, que exige resultados concretos en la gestión de la seguridad.

La medida, sin precedentes en la historia reciente de las relaciones bilaterales, tiene implicaciones económicas y diplomáticas. Ecuador y Colombia han mantenido una relación comercial sólida, siendo Colombia uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región andina. A pesar de este intercambio, que incluye productos industriales, alimentos y hasta compras de energía, la aplicación de un arancel de este tipo podría afectar gravemente el comercio bilateral.

Desde el punto de vista jurídico, la decisión de Noboa podría estar en contravención con los acuerdos del Acuerdo de Cartagena, que regula el comercio dentro de la Comunidad Andina (CAN), y prohíbe la imposición de aranceles dentro de la región, salvo excepciones relacionadas con seguridad nacional o el orden público. Esto podría abrir un flanco para posibles disputas jurídicas, especialmente si se interpreta que la "tasa de seguridad" no cumple con los requisitos legales establecidos por el acuerdo. Los analistas advierten que esta medida podría desencadenar una controversia ante las instancias correspondientes de la CAN.

El contexto político también es relevante. Un día antes del anuncio de Noboa, el presidente Petro se pronunció públicamente sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena de ocho años de prisión por corrupción en el marco del caso Sobornos 2012-2016. En su tuit, Petro calificó la situación de Glas como una presunta "tortura psicológica" y pidió su liberación, comparando su caso con los de los denominados presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Estas declaraciones fueron mal recibidas en Ecuador, donde se interpretaron como una injerencia en los asuntos internos del país.

Aunque Noboa no mencionó directamente el tuit de Petro en su discurso, la coincidencia temporal entre ambos eventos ha generado la percepción de que ambas situaciones están vinculadas, lo que podría haber alimentado la fricción diplomática. Para Ecuador, la seguridad en la frontera con Colombia se ha convertido en una prioridad de gobierno, dada la escalada de violencia vinculada a grupos de crimen organizado.

El impacto de esta medida aún está por verse, pero podría alterar el equilibrio económico en la región. Los gremios empresariales de ambos países están a la espera de una respuesta oficial de Bogotá. Mientras tanto, los expertos sugieren que este nuevo episodio podría afectar las iniciativas de integración regional en las que ambos países participan, particularmente en el marco de la CAN y otros mecanismos multilaterales.

Por su parte, el Gobierno colombiano aún no ha emitido una respuesta oficial a la decisión de Ecuador. Los analistas consideran que esta tensión podría llevar a una revisión de la estrategia bilateral en temas de seguridad y comercio, con el riesgo de que la relación entre ambos países se vea afectada a largo plazo, según informa Infobae.