La postergación del Parlamento Europeo abre un compás de espera para las agroexportaciones del Mercosur

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) introdujo un nuevo factor de incertidumbre para las agroexportaciones sudamericanas, al postergar su puesta en marcha y trasladar el debate del plano político al jurídico. La medida, adoptada en enero de 2026 en Bruselas, podría paralizar el proceso por más de un año, aunque no descarta una aplicación parcial del capítulo comercial del convenio, clave para el sector agroindustrial.

El pedido de dictamen al TJUE busca determinar si el acuerdo es compatible con los Tratados constitutivos de la Unión Europea. Si bien el contenido comercial ya cuenta con validación política por parte del Consejo Europeo, la intervención judicial condiciona el tratamiento parlamentario y dilata los plazos previstos para su ratificación definitiva.

El impacto de esta decisión sobre el agro fue analizado por la Fundación Barbechando, integrada por productores argentinos que siguen de cerca la agenda legislativa vinculada al sector. El informe, difundido por TN Campo, advierte que los dictámenes consultivos del TJUE suelen demandar más de doce meses, lo que implicaría un freno significativo en la implementación plena del acuerdo, aun cuando su texto ya se encuentra cerrado.

Según el análisis, esta instancia judicial “introduce una demora institucional relevante” y traslada la discusión hacia aspectos jurídico-formales, alejándola momentáneamente del debate político que había permitido destrabar el entendimiento entre ambos bloques tras más de dos décadas de negociaciones.

No obstante, el escenario no es homogéneamente negativo. Tanto la Comisión Europea como el Consejo dejaron abierta la posibilidad de avanzar con una aplicación provisoria del acuerdo en su pilar comercial. Este mecanismo permitiría comenzar a ejecutar los compromisos vinculados al comercio de bienes entre la Unión Europea y aquellos Estados del Mercosur que completen sus procesos de ratificación interna, sin necesidad de aguardar la conclusión total del trámite europeo.

La viabilidad de esta alternativa dependerá del alcance del dictamen que emita el TJUE y de las decisiones políticas que adopten las instituciones comunitarias una vez conocido ese pronunciamiento. Aun así, representa una ventana de oportunidad para las economías agroexportadoras del Mercosur, en particular para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El propio texto del Acuerdo UE–Mercosur contempla la posibilidad de una entrada en vigor bilateral, lo que habilita que los derechos y obligaciones comiencen a aplicarse entre la Unión Europea y los países del Mercosur que ya hayan ratificado el tratado, incluso si el resto de los socios aún no completó ese proceso.

En este contexto, la celeridad de los congresos nacionales del Mercosur adquiere una relevancia estratégica. La ratificación temprana permitiría acceder de manera inmediata a los beneficios comerciales previstos, especialmente en lo referido a cupos y contingentes arancelarios, cuya utilización efectiva está directamente vinculada al momento de entrada en vigor para cada país.

Desde el punto de vista del agro, el acuerdo representa una mejora sustancial en el acceso al mercado europeo. La Unión Europea otorgará beneficios arancelarios al 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. De ese total, el 84% ingresará con arancel cero, mientras que el 15,5% restante lo hará mediante cuotas o esquemas preferenciales para productos considerados sensibles, como carnes, etanol, arroz y lácteos.

Estas cuotas serán otorgadas al Mercosur como bloque y luego distribuidas entre los Estados Parte, lo que refuerza la importancia de una estrategia coordinada y de una rápida ratificación para no perder competitividad frente a otros proveedores internacionales.

Otro aspecto central del acuerdo es el tratamiento de los derechos de exportación (DEX). Como principio general, el texto establece su eliminación a los tres años de la entrada en vigor para los productos exportados hacia la Unión Europea. Se contemplan excepciones acotadas para determinadas cadenas consideradas sensibles.

En el caso de la soja, por ejemplo, los DEX se consolidan a partir del quinto año con un tope máximo del 18%, que se reduce gradualmente hasta alcanzar un 14% en el décimo año. Además, el acuerdo prohíbe la imposición de restricciones cuantitativas a las exportaciones, como cupos o registros discrecionales, y limita el uso de licencias de importación no automáticas, que solo podrán aplicarse de manera excepcional, transparente y conforme a las reglas de la OMC.

En materia sanitaria y técnica, el convenio establece reglas claras y previsibles para las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) y los obstáculos técnicos al comercio (TBT), basadas en evidencia científica. Se ordenan los procesos de apertura de mercados, auditorías y regionalizaciones, y se incorporan canales de consulta preferenciales para resolver con mayor agilidad los problemas de acceso.

Para el sector vitivinícola, uno de los más dinámicos del Mercosur, el acuerdo reconoce la equivalencia de prácticas enológicas y denominaciones técnicas, lo que facilita el comercio y reduce costos regulatorios.

El capítulo de comercio y desarrollo sostenible reconoce el derecho de las partes a regular en materia ambiental y laboral, al tiempo que refuerza los compromisos asumidos en acuerdos internacionales sobre cambio climático. Sin embargo, no valida automáticamente la compatibilidad de medidas ambientales unilaterales de la Unión Europea con las normas de la OMC, preservando el marco multilateral para la resolución de controversias.

En cuanto a propiedad intelectual, se establece un régimen de protección de indicaciones geográficas con flexibilidades relevantes para el Mercosur, incluyendo períodos de adaptación y excepciones para usuarios históricos. En este marco, la Unión Europea reconoce 104 indicaciones geográficas argentinas, un punto valorado por las economías regionales.

Mientras el proceso europeo ingresa en una etapa de definición judicial, el sector agroexportador del Mercosur sigue de cerca cada paso. La posibilidad de una aplicación provisoria mantiene vivas las expectativas, aunque el escenario de corto plazo estará marcado por la cautela y la necesidad de decisiones políticas coordinadas en ambos lados del Atlántico.