El Senasa actualiza las reglas fitosanitarias y endurece los controles sobre viveros y plantas en todo el país

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó un nuevo régimen fitosanitario para el material de propagación vegetal en la Argentina, que refuerza los controles sanitarios, consolida los sistemas de trazabilidad y actualiza las obligaciones de los operadores del sector. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada el 26 de enero en el Boletín Oficial, y alcanza a la producción, comercialización, transporte e importación de plantas de vivero y sus partes, con excepción de la semilla botánica.

La decisión es relevante porque el material de propagación vegetal constituye una de las principales vías de introducción y diseminación de plagas que pueden afectar gravemente a la producción agrícola y forestal, el comercio interno y las exportaciones. Con esta normativa, el Senasa busca fortalecer la prevención sanitaria en todo el territorio nacional y adecuar el sistema a estándares internacionales.

El nuevo marco mantiene vigente el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO), pero introduce modificaciones en su funcionamiento. La resolución establece criterios más claros de inscripción, categorización y obligaciones para productores, intermediarios, expendedores, importadores y demás actores vinculados al movimiento de plantas y material vegetal.

Uno de los ejes centrales de la norma es la protección del estatus fitosanitario nacional. En ese sentido, el Senasa refuerza el concepto de corresponsabilidad entre el Estado y los operadores privados, asignando un rol activo a los inscriptos en el RENFO en la prevención, detección temprana y denuncia obligatoria de riesgos sanitarios.

La resolución define de manera precisa quiénes deben inscribirse de forma obligatoria en el registro y contempla excepciones para pequeños expendedores locales, siempre que no comercialicen especies priorizadas ni superen determinados volúmenes de plantas. No obstante, la Dirección Nacional de Protección Vegetal queda facultada para exigir la inscripción cuando existan riesgos fitosanitarios debidamente justificados.

En materia de trazabilidad, la normativa consolida el uso obligatorio del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal electrónico (DTV-e) como herramienta central para el movimiento de plantas y material de propagación, tanto de origen nacional como importado. El DTV-e deberá ser emitido para cada traslado y archivado por un plazo mínimo de tres años, lo que permitirá reconstruir el recorrido del material ante eventuales detecciones de plagas.

Otro aspecto relevante del nuevo régimen es la regulación del rol del Responsable Técnico, figura clave dentro del sistema. La resolución exige que este profesional cuente con título habilitante, autorización vigente del Senasa y capacitación periódica. Además, detalla sus funciones y responsabilidades, que incluyen el asesoramiento técnico permanente, la supervisión de las prácticas fitosanitarias, el control sanitario de los lotes y la denuncia obligatoria ante la sospecha de plagas cuarentenarias o reglamentadas.

La norma también aprueba los Requisitos Técnicos Específicos por especie o grupo de especies vegetales, que podrán ser actualizados por el organismo sanitario en función del riesgo fitosanitario. Este esquema permite adaptar los controles a las particularidades de cada cultivo y a la evolución del contexto sanitario nacional e internacional.

En línea con un proceso de modernización administrativa, la resolución habilita la implementación de registros digitales para reemplazar los tradicionales libros físicos de novedades, siempre que se garantice la integridad de la información, la trazabilidad de los procesos y el acceso a los datos por parte de las autoridades durante las inspecciones oficiales.

La Resolución 64/2026 deroga normativas anteriores que habían quedado desactualizadas y establece un plazo de 90 días para que los operadores ya inscriptos en el RENFO adecuen su situación al nuevo régimen. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones previstas en la Ley N.º 27.233, que regula el sistema nacional de sanidad y calidad agroalimentaria.

Desde el Senasa remarcan que el manejo inadecuado del material de propagación vegetal implica un alto riesgo sanitario, ya que puede facilitar la introducción de plagas exóticas o la diseminación de enfermedades ya presentes en el país, con impactos económicos significativos para las economías regionales.

Con esta actualización normativa, el organismo apunta a consolidar un sistema más ágil, transparente y eficiente, que reduzca los riesgos fitosanitarios, mejore el control oficial y brinde mayor previsibilidad a los operadores. Al mismo tiempo, la medida busca fortalecer la competitividad del sector productivo argentino y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el comercio interno y externo de plantas y productos vegetales.