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El Gobierno de la Provincia de Córdoba entregó más de 91 millones de pesos a 235 productores frutihortícolas de la ciudad capital, en su mayoría pertenecientes al cinturón verde, que validaron Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), y anunció la creación de un fondo propio de emergencia agropecuaria para pequeños productores afectados por eventos climáticos. La medida se concretó el 2 de febrero de 2026, en la ciudad de Córdoba, y resulta relevante porque refuerza una política pública orientada a la producción sustentable, la seguridad alimentaria y la previsibilidad frente a riesgos cada vez más frecuentes en el sector.
La inversión forma parte del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, una herramienta que la Provincia sostiene desde hace años para promover sistemas productivos responsables desde el punto de vista ambiental, social y económico. En esta edición, el Consejo Consultivo de BPAs resolvió duplicar el puntaje asignado a las prácticas hortícolas en comparación con la edición anterior, lo que se tradujo en un incremento significativo de los aportes recibidos por los productores del sector.
El reconocimiento económico alcanzó a productores de distintas escalas, aunque tuvo un impacto particular en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, una zona estratégica para el abastecimiento de frutas y hortalizas frescas al mercado interno. Según datos oficiales, el esquema de incentivos busca no solo premiar el cumplimiento de estándares productivos, sino también estimular un cambio cultural en el agro y consolidar modelos de producción con menor impacto ambiental.
Desde el Ministerio de Bioagroindustria, organismo a cargo de la implementación del programa, remarcaron que el trabajo se desarrolla de manera articulada con Aproduco, la Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba. El objetivo es acompañar a los productores en la adopción de tecnologías, fortalecer el asociativismo y garantizar instancias de capacitación permanente, claves para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector.
Además del aporte económico directo, los productores que participan del programa acceden a beneficios fiscales, entre ellos un descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural, un incentivo que apunta a reforzar la adhesión a las BPAs y a consolidar su alcance territorial.
Durante el acto de entrega, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, subrayó el carácter integrador de la iniciativa. “Este programa reconoce y estimula a los productores que hacen las cosas bien en el campo. Es una herramienta integradora, donde participan grandes, medianos y pequeños productores”, señaló el funcionario, según consignó información oficial del Gobierno provincial.
La decisión de reforzar el componente hortícola del programa responde a una definición estratégica del Ejecutivo cordobés. El sector cumple un rol central en la seguridad alimentaria, genera empleo intensivo y está compuesto mayoritariamente por pequeños y medianos productores, que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento y asistencia técnica.
En ese marco, el anuncio más relevante de la jornada fue la puesta en marcha del Programa para Mitigar Efectos Adversos en el Marco de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, un fondo propio de la Provincia destinado exclusivamente a pequeños productores. Se trata de una herramienta inédita en Córdoba, diseñada para dar respuestas rápidas ante contingencias provocadas por fenómenos climáticos, telúricos, biológicos o físicos.
“Es la primera vez que vamos a contar con un fondo con recursos propios para acompañar a pequeños productores afectados por eventos climáticos. Es un avance enorme en términos de previsibilidad y presencia del Estado”, afirmó Busso durante su discurso, de acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo provincial.
El nuevo programa contempla una batería de instrumentos financieros, entre los que se incluyen subsidios de tasas, aportes no reintegrables y asistencia directa para la recomposición de la capacidad productiva y de la infraestructura de trabajo dañada por eventos adversos. La iniciativa apunta a complementar los esquemas tradicionales de emergencia agropecuaria y a reducir los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.
Desde la Provincia destacaron que la creación de este fondo propio permitirá actuar con mayor rapidez y autonomía, sin depender exclusivamente de declaraciones nacionales de emergencia o desastre. En un contexto de variabilidad climática creciente, la previsibilidad y la capacidad de intervención temprana aparecen como factores clave para la sostenibilidad de los sistemas productivos.
El acto contó con la presencia del viceintendente de la ciudad de Córdoba a cargo del Ejecutivo, Javier Pretto, además de legisladoras, concejales y autoridades provinciales. Entre ellos estuvo el director de Fortalecimiento Productivo Regional y coordinador del programa BPAs, Santiago Dellarossa, quien viene encabezando la articulación técnica del esquema junto a entidades del sector.
La política de Buenas Prácticas Agropecuarias se consolidó en Córdoba como una de las experiencias más amplias del país en materia de incentivos a la producción responsable. A lo largo de sus distintas ediciones, el programa incorporó prácticas vinculadas al manejo de suelos, el uso eficiente del agua, la gestión de envases, la trazabilidad y el cuidado de los trabajadores rurales, entre otros ejes.
Con la ampliación de los incentivos para la horticultura y la creación del fondo de emergencia, el Gobierno provincial busca profundizar una agenda que combina desarrollo productivo, criterios ambientales e inclusión, en un sector estratégico para la economía regional y el abastecimiento de alimentos. La apuesta, según remarcan desde el Ejecutivo, es sostener la producción en el territorio, fortalecer a los pequeños productores y dotar al sistema agroalimentario de mayor resiliencia frente a los desafíos climáticos.
