La licitación de los tubos para el gasoducto Vaca Muerta, que dejó fuera a Techint y derivó en un fuerte cruce entre el presidente Javier Milei y el empresario Paolo Rocca, abrió una grieta inesperada dentro del empresariado mendocino con fuerte presencia en San Juan. El conflicto, que se desató a comienzos de febrero de 2026 tras la adjudicación a la firma india Welspun, enfrentó públicamente a Mauricio Badaloni y José Luis Manzano, dos referentes con intereses económicos relevantes en la provincia cuyana y con lecturas opuestas sobre el rumbo económico del país.
La controversia no se limitó al plano político ni al debate técnico sobre precios. Rápidamente se trasladó al mundo empresario, donde quedaron expuestas dos visiones antagónicas: por un lado, la defensa de la industria nacional y el empleo, y por otro, la necesidad de competir sin protecciones en un mercado global abierto. La discusión tomó mayor relevancia por el peso específico de los actores involucrados y por el impacto que el proyecto de Vaca Muerta tiene sobre la matriz energética y exportadora de la Argentina.
El punto de partida fue la decisión oficial de no convalidar la oferta de Tenaris, del Grupo Techint, para la provisión de tubos del gasoducto, al considerar que los precios presentados superaban en alrededor de un 40% a los de la competencia internacional. La adjudicación a Welspun motivó declaraciones públicas del presidente Milei, quien cuestionó duramente a Rocca, y del ministro Federico Sturzenegger, que calificó la propuesta de Techint como “indefendible” por su costo.
Desde la empresa, en cambio, rechazaron esas cifras y aseguraron que la oferta tenía un margen prácticamente nulo, con el objetivo de sostener más de 400 puestos de trabajo en el país. Ese argumento fue retomado por Badaloni, quien se alineó con la postura de Rocca y puso el foco en la presión impositiva como principal causa de la falta de competitividad de la industria local.
Badaloni, uno de los dueños de Diario de Cuyo y director del Grupo Andesmar, sostuvo que el resultado de la licitación no refleja ineficiencia empresarial sino un problema estructural del Estado. En declaraciones públicas, afirmó que las empresas argentinas enfrentan una carga tributaria excesiva, con decenas de impuestos que encarecen los costos y las dejan en desventaja frente a competidores internacionales, en especial de países con esquemas fiscales más simples.
El empresario también cuestionó la actitud del Gobierno frente a la derrota de una compañía nacional en una obra estratégica. A su entender, celebrar el resultado de la licitación implica desconocer el impacto que estas decisiones tienen sobre el empleo industrial y la cadena de valor local. En ese sentido, comparó la situación con Chile, donde, según su visión, las estructuras de costos permiten competir en igualdad de condiciones, algo que hoy no ocurre en la Argentina.
En la vereda opuesta se ubicó José Luis Manzano, exministro del Interior y actual referente del Grupo América, quien respaldó la decisión del Gobierno y se mostró más cerca del enfoque oficial. Para Manzano, con inversiones crecientes en minería y energía, la clave está en garantizar precios competitivos que no comprometan la viabilidad de proyectos estratégicos orientados a la exportación.
El empresario consideró que sectores como el energético y el minero no pueden absorber sobrecostos si pretenden consolidarse en el mercado internacional. Desde esa lógica, advirtió que un escenario global adverso, como una eventual caída del precio del petróleo, obligaría a las empresas a ser aún más eficientes para sobrevivir. En ese marco, defendió la apertura económica y la necesidad de integrarse a los grandes bloques y potencias mundiales, sin recurrir a mecanismos de protección que, según su mirada, terminan encareciendo la producción local.
La discusión entre Badaloni y Manzano no es solo discursiva. Ambos tienen intereses concretos en San Juan, una provincia que en los últimos años se consolidó como polo minero y energético. Badaloni fortaleció su presencia en el sector de medios con la adquisición de Diario de Cuyo en 2025 y mantiene una fuerte gravitación empresaria desde Mendoza, además de su rol en entidades industriales.
Manzano, en tanto, profundizó su perfil inversor con la compra de Telefé y con su expansión en el negocio minero. A través de Integra Capital, participa en proyectos de potasio en Mendoza y en emprendimientos en Perú, y desde 2025 avanzó con fuerza en la exploración de cobre en San Juan. En esa provincia creó la firma Aguilar San Juan y obtuvo licencias clave para explorar áreas como Amarillos, Chez 6, Anahí-Pía y Girasol, consideradas estratégicas por su potencial.
La licitación del gasoducto, así, actuó como catalizador de un debate más profundo sobre el modelo económico que atraviesa al empresariado argentino. Mientras algunos sectores reclaman una transición más gradual, con alivio fiscal previo a la apertura, otros consideran que la competitividad debe imponerse como regla, aun cuando eso implique costos de corto plazo para la industria local.
Más allá de los nombres propios, el episodio dejó en evidencia que el alineamiento con el Gobierno de Milei no es homogéneo dentro del mundo empresario, incluso entre actores que comparten origen geográfico y ámbitos de negocios. La resolución del conflicto con Techint y las próximas decisiones en materia de infraestructura, energía y minería serán claves para medir hasta dónde se profundiza esta grieta y qué impacto tendrá sobre las inversiones en regiones estratégicas como San Juan.
