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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que propondrá ante el Gobierno nacional la eliminación de las retenciones a la actividad pesquera y un conjunto de medidas para proteger el recurso en la Milla 201, una zona clave afectada por la pesca ilegal, durante una reunión realizada este fin de semana en la Casa de Gobierno provincial, en Rawson. El anuncio, que cobra relevancia por el impacto económico y laboral del sector, se dio en el marco de la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, un ámbito que busca articular políticas de inversión, competitividad y control del recurso.
El encuentro reunió a funcionarios provinciales, intendentes, cámaras empresarias y representantes de la flota y la industria, y marcó el inicio formal de una agenda que el Ejecutivo chubutense pretende llevar a la Nación. El objetivo central es aliviar la carga fiscal sobre una de las principales economías regionales de la provincia y, en paralelo, reforzar la defensa de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) frente a prácticas ilegales que, según estimaciones oficiales, generan pérdidas para el país de entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada.
Torres planteó que la pesca es un sector estratégico no solo por su aporte exportador, sino también por su capacidad de generar empleo en tierra, especialmente en los puertos de la provincia. En ese contexto, sostuvo que el crecimiento reciente de las exportaciones chubutenses está estrechamente vinculado al desempeño del complejo pesquero y que ese sendero puede profundizarse con reglas de juego más competitivas.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la revisión de los derechos de exportación que gravan a la pesca, una actividad que, a diferencia de otras economías regionales, no cuenta con esquemas de alivio fiscal específicos. El gobernador explicó que la iniciativa apunta a reducir o eliminar las retenciones y a establecer un mecanismo que asegure que el ahorro fiscal resultante se traduzca en inversiones concretas.
“Lo que vamos a elevar a Nación es una propuesta para que el ahorro fiscal producto de la eliminación de los derechos de exportación —que oscila entre los 120 y los 160 millones de dólares a nivel país— se reinvierta en renovación de flota o en infraestructura portuaria”, afirmó Torres durante la reunión. El mandatario subrayó que se trata de una medida con impacto positivo múltiple: mejora la competitividad, fortalece el empleo local y contribuye a aumentar las exportaciones en un contexto en el que el país necesita divisas.
El planteo se apoya en antecedentes recientes. Torres recordó la experiencia de la Mesa de Competitividad conformada con el sector petrolero, donde gremios, empresas y el Estado acordaron un esquema de reinversión del ahorro fiscal tras la quita de retenciones. “Lo mismo queremos replicar en la pesca”, señaló, al destacar la importancia de compromisos verificables por parte de todos los actores.
Desde el Gobierno provincial consideran que la falta de inversión sostenida en puertos y logística termina erosionando la competitividad del sector, encarece los costos y limita el potencial exportador. En ese sentido, la propuesta busca alinear incentivos fiscales con un programa de obras y modernización que permita agregar valor y sostener el crecimiento.
Torres puso especial énfasis en el impacto social de la actividad. “En 2025 la provincia alcanzó el mayor récord de exportaciones de los últimos veinte años, en gran medida por el crecimiento de un sector estratégico como la pesca, que es el que más empleo generó y el que mayor potencial tiene para seguir generando trabajo en tierra”, sostuvo.
La Mesa de Desarrollo Pesquero, que funcionará en el ámbito de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, apunta a ordenar una agenda común entre el Estado, las empresas y los municipios. En la primera reunión participaron, entre otros, representantes de la flota amarilla, de la flota artesanal, de las cámaras industriales y de comercio exterior, además de intendentes de Puerto Madryn y Rawson.
La estrategia provincial contempla también la agregación de valor como condición para acceder a beneficios fiscales. Según explicó el mandatario, la reducción de retenciones estará asociada al procesamiento local, la industrialización y la generación de empleo en la provincia, con el objetivo de evitar que el incentivo se diluya sin impacto productivo.
El otro pilar de la agenda es el combate a la pesca ilegal en la Milla 201, el área internacional adyacente a la ZEEA donde operan flotas extranjeras sin control argentino. Torres advirtió que el problema excede al sector pesquero y tiene implicancias económicas, ambientales y de soberanía.
“No se trata solo de un problema del sector pesquero, sino de un perjuicio económico que estimamos entre 600 y 1.000 millones de dólares que el país pierde por temporada, producto de la depredación de nuestros recursos”, afirmó. El gobernador agregó que estas prácticas están asociadas a delitos complejos, como la trata de personas, y que requieren una respuesta integral y coordinada a nivel nacional e internacional.
En ese marco, explicó que existe un acuerdo internacional que incorpora la figura del Estado rector del puerto, un mecanismo que permite exigir trazabilidad a las capturas y diferenciar a quienes cumplen la ley —pagan impuestos y tienen a sus trabajadores registrados— de quienes operan al margen de las normas. Para Chubut, la aplicación efectiva de estos instrumentos es clave, ya que la Milla 201 se encuentra frente a sus costas y el impacto se siente directamente sobre los recursos provinciales.
“Es una discusión que tenemos que dar con firmeza, porque hay una cuestión de soberanía que implica defender lo nuestro. Hoy nos están robando recursos por hasta 1.000 millones de dólares por temporada, y Chubut es la provincia más perjudicada”, sostuvo Torres, al reclamar mayor presencia y coordinación del Estado nacional.
El gobernador anticipó que en los próximos días retomará contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para avanzar en una agenda conjunta. Según explicó, la proliferación de poteros ilegales en el límite de la ZEEA exige acciones urgentes y sostenidas, tanto en el plano diplomático como en el control operativo.
La intención del Ejecutivo chubutense es que la discusión por la pesca ilegal se incorpore de manera prioritaria en la agenda nacional, no solo por su impacto económico, sino también por la necesidad de preservar los recursos a largo plazo. En paralelo, la provincia busca consolidar un esquema de desarrollo que combine competitividad, inversión y control, con reglas claras para todos los actores.
El lanzamiento de la Mesa de Desarrollo Pesquero marca, así, el inicio de una etapa en la que Chubut intentará alinear su política sectorial con decisiones de alcance nacional. La eliminación de retenciones, la reinversión del ahorro fiscal y la defensa de la Milla 201 aparecen como los ejes de una estrategia que apunta a fortalecer uno de los pilares productivos de la provincia y a reposicionar a la pesca argentina en el mercado internacional.
