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El Gobierno nacional envió al Congreso el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea para su ratificación legislativa, con el objetivo de que la Argentina sea el primer país del bloque en aprobarlo y así mejorar su posición relativa en el acceso a cuotas de exportación. El proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, aunque aún no hay fecha definida para llevarlo al recinto, en un contexto marcado por apoyos mayoritarios y reparos de la oposición peronista.
La iniciativa fue incorporada al temario de las sesiones extraordinarias de febrero y forma parte de la estrategia de la Casa Rosada para acelerar la entrada en vigencia del tratado. Según explicaron fuentes oficiales, el texto —que supera las 5.000 páginas y fue traducido a varios idiomas— está en proceso de publicación en el portal parlamentario, paso previo a su giro formal a las comisiones.
En Diputados, el acuerdo deberá pasar por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur, que comenzaron esta semana a conformarse. Las autoridades de la Cámara fijaron un plazo hasta este viernes para que los bloques envíen los nombres de sus representantes, por lo que ambas comisiones quedarían formalmente constituidas recién la semana próxima. Recién entonces podría comenzar el análisis técnico y político del texto.
Al tratarse de un tratado internacional, el Congreso deberá aprobarlo o rechazarlo en su totalidad en ambas Cámaras, una característica que, según el oficialismo, “simplifica” el debate y acelera los tiempos. Desde el bloque libertario remarcan además que las negociaciones se extendieron durante 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento que, sostienen, debería facilitar los consensos.
En ese marco, casi todos los bloques anticiparon su respaldo. El PRO celebró el envío del acuerdo y destacó que consolida “el camino iniciado en 2019”, al tiempo que subrayó el potencial para abrir mercados a PyMEs, economías regionales y exportadores. La UCR también manifestó su apoyo y señaló que, en un escenario global complejo, la competitividad y la escala vuelven indispensable el diálogo entre regiones. A estas posiciones se sumaron Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
El peronismo, en cambio, mantiene una postura más cauta. Diputados de ese espacio impulsaron un proyecto para crear una comisión bicameral que evalúe los impactos del acuerdo en la economía local, con especial atención en la industria y el empleo. Aunque no anticiparon un rechazo cerrado, plantearon la necesidad de un análisis más profundo antes de fijar posición.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y una reducción significativa de las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos. Para el Gobierno, su implementación implicaría un salto en la estrategia de inserción internacional de la Argentina.
En la presentación enviada al Congreso, el Poder Ejecutivo destacó que el tratado conformará un mercado de más de 700 millones de personas y ampliará de manera sustancial la porción del PBI global con la que el país mantiene acuerdos comerciales. “A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, la Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, señalaron fuentes oficiales.
El texto también remarca que, con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas. En particular, el Gobierno apunta a mejorar el acceso a cuotas para productos sensibles como la carne, un punto clave en la competencia intrabloque.
El apuro argentino contrasta con el escenario en Europa. Hace dos semanas, el Parlamento Europeo anunció que remitirá el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión fue interpretada como un revés político, ya que la aprobación por parte de los países europeos quedará en suspenso hasta que el tribunal se pronuncie, un proceso que podría demorar hasta dos años.
No obstante, el Ejecutivo argentino sigue de cerca otra alternativa: la Comisión Europea podría avanzar con una implementación provisional del acuerdo sin esperar la ratificación de la Eurocámara, una posibilidad prevista en los mecanismos comunitarios. Ese escenario permitiría que algunos capítulos del tratado comiencen a regir mientras se completa el proceso institucional en Europa.
En paralelo, Brasil dio esta semana una señal política relevante. Al inaugurarse las sesiones ordinarias del Congreso brasileño, el presidente Lula da Silva envió el acuerdo para iniciar su propio proceso de ratificación y llamó a todas las fuerzas a aprobarlo “en el menor plazo posible”. La movida del principal socio del Mercosur agrega presión al calendario regional y refuerza la competencia por ser el primer país en completar el trámite legislativo.
Para la Argentina, ese orden no es menor. La entrada en vigencia temprana permitiría cubrir antes las cuotas de exportación previstas en el acuerdo, una ventaja concreta frente a los socios del bloque. De allí la insistencia del Gobierno en acelerar los tiempos parlamentarios, aun cuando el panorama europeo siga abierto.
Mientras se ultiman los pasos administrativos en Diputados, el debate promete concentrarse en los impactos sectoriales del tratado y en la capacidad de la economía local para adaptarse a una mayor competencia. El oficialismo confía en un respaldo amplio y en una aprobación sin sobresaltos, pero reconoce que la discusión en comisiones será clave para despejar dudas y sumar voluntades.
Con el envío formal al Congreso, el acuerdo Mercosur–UE ingresó en una etapa decisiva para la política comercial argentina. El desenlace dependerá ahora del ritmo legislativo, de la posición final del peronismo y de un contexto internacional que, tanto en Europa como en la región, sigue en movimiento, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes oficiales y parlamentarias.
