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El Gobierno argentino y la administración de Estados Unidos formalizaron a fines de noviembre de 2025 un acuerdo comercial bilateral que apunta a reducir barreras arancelarias y no arancelarias, ampliar el acceso a mercados estratégicos y fortalecer la cooperación en inversiones, comercio digital y minerales críticos. El texto final del entendimiento fue publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y confirmado por la Casa Rosada, que destacó su relevancia como un paso clave para la inserción internacional de la Argentina y su alineamiento con las principales economías occidentales.
El acuerdo, que deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, establece compromisos recíprocos en áreas sensibles como aranceles, licencias de importación, propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente y servicios, además de un capítulo específico sobre minerales críticos y energía. Desde Washington, la USTR señaló que el objetivo central es “mejorar la reciprocidad mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y mejorar la alineación para abordar prácticas comerciales desleales que amenazan nuestra prosperidad”.
Uno de los ejes más relevantes del entendimiento es el esquema arancelario. Según informó la Cancillería argentina, Estados Unidos eliminará los aranceles para 1.675 productos de origen argentino, pertenecientes a distintos sectores, lo que permitiría reactivar exportaciones por un valor estimado de 1.013 millones de dólares. La medida beneficia principalmente a rubros vinculados con recursos naturales, alimentos, acero, aluminio y carne vacuna, considerados estratégicos por el Gobierno nacional.
En paralelo, la administración estadounidense se comprometió a revisar “oportunamente” los aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, un punto largamente reclamado por la Argentina. A cambio, el país aplicará una tarifa recíproca revisada sobre los bienes originarios de Estados Unidos y eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Además, se reducirá al 2% la tasa para otras 20 posiciones —en su mayoría autopartes— y se establecerán cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.
Otro aspecto central del acuerdo es la eliminación de restricciones administrativas. El documento establece que la Argentina deberá suprimir las licencias de importación o, en su defecto, aplicar licencias automáticas para los productos originarios de Estados Unidos. La medida busca agilizar el comercio bilateral y reducir costos asociados a trámites y demoras aduaneras.
En materia agrícola, el entendimiento exige que las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) se basen en criterios científicos y de riesgo, y que no funcionen como restricciones encubiertas al comercio. En ese marco, la Argentina se compromete a eliminar cualquier barrera MSF injustificada que afecte la reciprocidad y a no asumir compromisos con terceros países que resulten incompatibles con las obligaciones asumidas con Estados Unidos.
El capítulo laboral incorpora estándares internacionales. El país deberá adoptar y aplicar de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, conforme a los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También se prevé que la Argentina considere las determinaciones del gobierno estadounidense vinculadas a la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930, que prohíbe el ingreso de productos elaborados por empresas involucradas en ese tipo de prácticas. El texto remarca, además, la obligación de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente, aplicar sanciones ante infracciones y no debilitar la legislación vigente.
En cuanto a la propiedad intelectual, el acuerdo fija la necesidad de garantizar un estándar sólido de protección y de contar con sistemas efectivos de aplicación civil, penal y en frontera, incluyendo el entorno digital. La Argentina deberá priorizar acciones contra la infracción de derechos de autor y marcas registradas, con el objetivo de desalentar la piratería y la apropiación indebida.
El entendimiento también incorpora compromisos en medio ambiente, al exigir la aplicación efectiva de las leyes ambientales y la consolidación de estructuras de gobernanza que eviten ventajas comerciales derivadas de regulaciones laxas. En el plano impositivo, se establece que la Argentina no podrá aplicar impuestos al valor agregado que discriminen a empresas estadounidenses, ni por ley ni en la práctica.
Un capítulo destacado es el de inversiones. El acuerdo señala que la Argentina permitirá y facilitará la inversión de Estados Unidos en la exploración, extracción, refinación y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, así como en sectores como telecomunicaciones, transporte e infraestructura, bajo condiciones no menos favorables que las otorgadas a inversores locales. A su vez, Estados Unidos evaluará, a través de organismos como el EXIM Bank y la DFC, el financiamiento de proyectos en sectores considerados críticos, en colaboración con el sector privado.
En línea con esa estrategia, el capítulo específico sobre minerales críticos establece que la Argentina trabajará junto a los gobiernos provinciales para facilitar la inversión estadounidense en proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos. El país se compromete a agilizar las solicitudes de proyectos que ingresen al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y a fomentar la inversión nacional en infraestructura minera. El documento subraya la intención de priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en este sector, por sobre economías o empresas que “manipulan el mercado”.
El acuerdo también avanza en administración aduanera y facilitación comercial, con la implementación de soluciones tecnológicas que permitan el procesamiento previo a la llegada, el comercio sin papeles y procedimientos digitalizados para el movimiento de bienes. En servicios, la Argentina deberá eliminar barreras existentes y abstenerse de imponer nuevas restricciones que otorguen un trato menos favorable a proveedores estadounidenses frente a los nacionales o a los de terceros países.
En el terreno tecnológico y digital, el texto garantiza la posibilidad de transferir datos personales hacia Estados Unidos, con el reconocimiento de ese país como una jurisdicción con nivel adecuado de protección de datos. Además, la Argentina presentará su carta de intención para participar como asociada en el Foro Global de Reglas de Privacidad Transfronteriza y reconocerá como válida la firma digital emitida en territorio estadounidense que cumpla con estándares de identificación e integridad.
Por último, el acuerdo aborda la importación de bienes usados y remanufacturados. La Argentina deberá exceptuar bienes de capital adicionales —como equipos de construcción, agrícolas, mineros y dispositivos médicos— mediante la modificación de regulaciones vinculadas al Decreto 273/2025, y continuar trabajando con Estados Unidos para ampliar el acceso a este tipo de productos.
Desde el Gobierno nacional destacaron que el entendimiento “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, reglas claras para el intercambio comercial y una visión moderna de la complementariedad”, y lo presentaron como un paso clave dentro de la política exterior y económica de la administración actual. Según consignó Infobae, el acuerdo —firmado entre Argentina y Estados Unidos y que ahora será enviado al Congreso para su tratamiento y posible aprobación— genera expectativas empresarias sobre su impacto en el comercio y las inversiones, pero también enfrenta un contexto de fuerte discusión política antes de su ratificación parlamentaria.
