El Gobierno de la República Dominicana inició nuevas gestiones diplomáticas y técnicas con Estados Unidos para lograr una reducción del arancel adicional que hoy grava a sus exportaciones, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector productivo y preservar el acceso al principal destino de sus ventas externas. La iniciativa, que se desarrolla durante febrero de 2026 y tiene como antecedente acuerdos recientes alcanzados por países de Centroamérica, es relevante por su impacto directo en la industria, el agro y el comercio exterior dominicano.
Según información difundida por Infobae, las autoridades dominicanas buscan replicar el esquema negociado por Guatemala y El Salvador, que lograron reducir a cero los aranceles impuestos por Washington en el marco de una orden ejecutiva aplicada en 2025. En el caso dominicano, la tasa vigente es del 10%, establecida hace diez meses, y afecta a un amplio conjunto de bienes exportados.
Desde la implementación de la política arancelaria estadounidense en abril de 2025, los exportadores dominicanos abonaron USD 396,4 millones en concepto de aranceles hasta noviembre de ese año, de acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El impacto se concentró principalmente en la industria, seguida por el sector agropecuario, el textil y la minería, que absorbieron el costo adicional derivado de la medida.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) confirmó que, desde la entrada en vigor del recargo, se realizaron unas 18 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas con autoridades estadounidenses. “Las autoridades competentes en el país han estado analizando las órdenes ejecutivas, el impacto que tienen en el país, los acuerdos que han sido publicados y los insumos recibidos en los intercambios con las diferentes agencias de los Estados Unidos”, señaló la cartera en declaraciones recogidas por medios locales.
La estrategia oficial apunta a un entendimiento similar al alcanzado por Guatemala y El Salvador en enero, que permitió eliminar el arancel para todas las partidas incluidas en la orden ejecutiva y fijar un tope máximo del 10% para otros productos. A cambio, esos países aceptaron cláusulas que los obligan a acompañar eventuales restricciones comerciales que Estados Unidos aplique a terceros mercados, un mecanismo que busca alinear las políticas comerciales de los socios con los intereses de Washington.
En el caso dominicano, el MICM anticipó que podría haber anuncios relevantes en los próximos días y aseguró que el proceso se lleva adelante con información permanente al sector público y privado. “Estados Unidos —sobre todo la embajadora, Leah Campos— ha reiterado su compromiso de mantener relaciones comerciales profundas y de cercanía”, indicaron desde el ministerio.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del vínculo bilateral: las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos alcanzaron USD 6.568,7 millones, lo que representó el 48,65% del total de ventas externas del país. Del total de pagos arancelarios, la industria concentró el 62,08%, seguida por el agro (27,04%), el sector textil (10,63%) y la minería (0,25%).
Desde la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) señalaron que, si bien el arancel anunciado era del 10%, la tasa efectiva promedio fue del 7,2%, ya que no todos los productos quedaron plenamente alcanzados. Además, existe una disposición que permite reducir hasta un 20% la base imponible cuando se demuestra que el bien incorpora insumos originarios de Estados Unidos.
“A pesar de que el monto total recaudado es significativo, no se observa una pérdida estructural de competitividad ni una reducción en la participación de mercado de la República Dominicana en Estados Unidos”, afirmó Adoexpo. El gremio valoró el esfuerzo diplomático y técnico del Gobierno y destacó la adaptación de las empresas, que ajustaron precios, optimizaron su logística y aprovecharon excepciones y tasas efectivas menores.
El proceso de negociación se desarrolla en un contexto de cooperación bilateral. Las autoridades dominicanas sostienen que el país no enfrenta algunos de los principales focos de tensión comercial de Washington, como el tráfico de fentanilo o la migración irregular, y confían en que ese escenario facilite un acuerdo que permita consolidar el acceso al mercado estadounidense y brindar mayor previsibilidad al sector exportador.
