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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha en 2026 una batería de medidas fiscales orientadas a estimular la economía en un año electoral clave. La estrategia combina reembolsos impositivos más elevados, eliminación de ciertos tributos y una reducción en la capacidad de control del Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el objetivo de inyectar liquidez en el corto plazo y mejorar el clima económico antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes.
Tras la temporada de declaraciones de abril, el contribuyente promedio recibirá un reembolso estimado de 3.800 dólares, por encima de los 3.000 dólares registrados en los dos años previos, según proyecciones de la Tax Foundation. A esto se suman anuncios de alto impacto político, como la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, que la Casa Blanca presenta como medidas directas para aumentar el ingreso disponible de los trabajadores.
La apuesta oficial apunta a que el alivio sea visible y rápido. En el primer mandato de Trump, las rebajas fiscales aprobadas por el Congreso no lograron traducirse en un rédito electoral inmediato, en parte porque sus efectos se aplicaron de manera gradual. Ahora, el diseño busca que los beneficios lleguen de forma concentrada y perceptible.
Uno de los ejes centrales del nuevo enfoque es la reducción del alcance operativo del IRS. La administración anterior había incrementado la plantilla del organismo en unos 20.000 empleados para fortalecer las auditorías, especialmente sobre grandes contribuyentes. El actual gobierno revirtió esa expansión y avanzó con despidos que, según estimaciones académicas, tendrán impacto directo en la recaudación.
Un estudio publicado en 2025 por el economista Nathaniel Hendren, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), calculó que cada dólar invertido en auditorías a contribuyentes de altos ingresos generaba 12 dólares adicionales en ingresos fiscales. La reducción de personal implica, por lo tanto, una pérdida potencial de recursos para el Tesoro.
El Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que la salida de 22.000 empleados podría traducirse en una merma de 10.000 millones de dólares en recaudación este año y 20.000 millones hacia 2029. En los hechos, esto supone que quienes incumplen o eluden obligaciones tributarias tengan mayores probabilidades de no ser detectados.
Las estimaciones indican que el 5% de mayores ingresos concentra cerca de la mitad de los impuestos impagos. Declaraciones complejas y asesoramiento especializado facilitan el uso de vacíos legales cuando el control se debilita. Un informe reciente del inspector general también advirtió sobre retrasos en el procesamiento de declaraciones y dificultades en la preparación de la temporada fiscal 2026 tras los recortes de personal.
En paralelo, la administración modificó regulaciones vinculadas a la aplicación de impuestos corporativos. Se redujo el alcance de los gravámenes sobre recompra de acciones y se flexibilizaron controles sobre estructuras societarias complejas que permiten minimizar la carga fiscal.
El Departamento del Tesoro también dejó sin efecto la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa, que buscaba identificar a los beneficiarios finales de sociedades pantalla. Especialistas en finanzas públicas estiman que el conjunto de estas medidas podría implicar que las empresas paguen decenas de miles de millones de dólares menos en la próxima década.
Desde el punto de vista macroeconómico, la menor recaudación implica un mayor déficit público, que funciona como un estímulo indirecto al incrementar el gasto neto en la economía. Sin embargo, economistas advierten que los recortes concentrados en sectores de mayores ingresos tienden a tener menor impacto inmediato en el consumo que aquellos orientados a hogares de ingresos medios y bajos.
El riesgo inflacionario también aparece en el horizonte. Las políticas de mayores barreras comerciales y restricciones migratorias pueden limitar la oferta de bienes y servicios. Si la demanda crece por efecto de estímulos fiscales, la presión sobre los precios podría intensificarse, especialmente si la Reserva Federal adopta una postura monetaria más flexible en los próximos meses.
Otro frente abierto es la revisión judicial de los aranceles “recíprocos” impuestos por la Casa Blanca invocando poderes de emergencia. La Corte Suprema debe definir si esas medidas fueron legales. En caso de un fallo adverso al Ejecutivo, el Gobierno podría verse obligado a reembolsar más de 100.000 millones de dólares recaudados el último año, equivalentes a aproximadamente 0,3% del Producto Interno Bruto.
Esos fondos regresarían principalmente a empresas importadoras, por lo que su efecto en el consumo sería gradual. Aun así, representarían una nueva inyección de liquidez en un año decisivo desde el punto de vista político.
La combinación de reembolsos directos, menor fiscalización y alivio regulatorio configura una estrategia de estímulo poco convencional, centrada en reducir la presión tributaria más que en ampliar el gasto social. Según consignó Infobae, el objetivo es generar una sensación de mejora económica inmediata antes de las elecciones de noviembre, aun a costa de un mayor déficit y posibles tensiones inflacionarias en el mediano plazo.
