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El gobierno de Uruguay declaró la emergencia sanitaria nacional luego de confirmar la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5 en aves silvestres detectadas en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. La medida, oficializada el 24 de febrero de 2026 mediante la Resolución DGSG Nº 058/2026, implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y nuevas exigencias para sistemas productivos de traspatio y free range. La decisión es relevante por su impacto en la cadena avícola local y por la alerta regional que genera en un contexto de alta vigilancia sanitaria.
La resolución fue adoptada por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y firmada en Montevideo. Según el texto oficial, la declaración se sustenta en las facultades conferidas por la Ley Nº 3.606 y el artículo 215 de la Ley Nº 18.362, que habilitan al Poder Ejecutivo a establecer emergencias ante enfermedades que representen riesgos para la salud animal, la salud pública o el ambiente.
Entre las principales disposiciones, la autoridad sanitaria resolvió la restricción de todos los movimientos de aves de traspatio y de aquellas que no estén registradas en el Sistema de Monitoreo Avícola en todo el territorio nacional. La excepción alcanza únicamente a los movimientos de aves que se encuentren debidamente inscriptas y controladas dentro de ese sistema, lo que refuerza el criterio de trazabilidad y formalización del sector.
Además, se dispuso que las aves de traspatio y las pertenecientes a sistemas productivos free range deberán permanecer en instalaciones cerradas y techadas, en línea con lo establecido en el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por la autoridad sanitaria. El objetivo es reducir el contacto con aves silvestres, consideradas el principal vector de diseminación del virus.
La resolución también establece la suspensión de ferias, remates, exposiciones y todo evento vinculado a la especie aviar en todo el país mientras se mantenga la emergencia. A su vez, se dispuso la comunicación formal de la medida al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente, en un enfoque que articula la respuesta sanitaria con una perspectiva interinstitucional.
El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en las sanciones previstas por la normativa vigente. Desde el punto de vista oficial, el cumplimiento estricto de las medidas es clave para preservar el estatus sanitario del país y evitar consecuencias comerciales en los mercados de exportación.
La decisión de Uruguay se inscribe en un escenario regional marcado por la circulación del virus en distintos países de América del Sur. La Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) ha generado en los últimos años impactos productivos significativos, con sacrificios masivos de aves, restricciones comerciales y pérdidas económicas para la industria avícola.
En paralelo, días atrás se informó sobre la detección de influenza aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, lo que motivó el refuerzo de controles sanitarios en la Argentina. En ese contexto, la emergencia declarada por Uruguay agrega un componente de vigilancia transfronteriza en una región con fuerte integración productiva y comercial.
El comercio avícola entre países del Cono Sur, así como el movimiento de aves silvestres migratorias, obliga a extremar las medidas de bioseguridad, monitoreo y trazabilidad. La propagación del virus no solo compromete la producción de carne y huevos, sino que también puede afectar la confianza de los mercados internacionales y generar restricciones a las exportaciones.
Para el sector agroindustrial argentino, la situación implica reforzar protocolos internos, sostener la vigilancia epidemiológica y coordinar acciones con los organismos sanitarios regionales. El antecedente de brotes previos mostró que la rapidez en la detección y el aislamiento de focos resulta determinante para contener la enfermedad.
En Uruguay, la declaración de emergencia busca anticiparse a una eventual expansión del virus dentro del territorio y evitar que la circulación en aves silvestres derive en contagios en establecimientos comerciales. El énfasis oficial está puesto en minimizar riesgos y sostener la estabilidad productiva.
El desafío inmediato será mantener el equilibrio entre las restricciones sanitarias y la continuidad de la actividad económica. La industria avícola uruguaya tiene un peso relevante tanto en el abastecimiento interno como en el comercio exterior, por lo que la preservación del estatus sanitario resulta estratégica.
Con esta resolución, Uruguay activa un esquema de control integral frente a la influenza aviar y envía una señal de alerta a la región. La evolución epidemiológica en las próximas semanas será determinante para evaluar la efectividad de las medidas y el impacto en la dinámica productiva y comercial del sector.
