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La Comisión Técnica Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) advirtió este año que Argentina registra más de 10.000 incendios rurales por año, una cifra que, según el organismo, confirma un cambio estructural en el régimen de fuego y obliga a abandonar la lógica reactiva basada casi exclusivamente en el combate. El pronunciamiento, difundido en un documento técnico al que accedió ArgentinaForestal.com, subraya que el país necesita una política permanente de prevención como eje central de la seguridad pública y ambiental.
Desde Buenos Aires, la Comisión expresó su “profundo pesar por los graves daños ocasionados por los incendios rurales que azotan actualmente la Patagonia argentina”, con especial mención a la Patagonia Norte, el Parque Nacional Los Alerces y áreas afectadas en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. “Manifestamos nuestra solidaridad con todas las comunidades impactadas por esta tragedia ambiental y humana”, señalaron.
El documento sostiene que la recurrencia de eventos extremos se ha normalizado tanto en el plano comunicacional como operativo. “Lamentablemente, desde el punto de vista comunicacional y operativo, se fue normalizando la recurrencia de estos eventos catastróficos. No se observan cambios sustantivos en las estrategias para enfrentarlos, a pesar de que los resultados han sido reiteradamente devastadores”, afirmaron desde la Comisión.
El análisis repasa antecedentes recientes que evidencian la magnitud del problema. En la temporada 2016-2017 se quemaron más de 2.000.000 de hectáreas en regiones pampeanas y del noreste patagónico. En 2020, otra de las campañas más críticas, el fuego afectó más de 1.150.000 hectáreas en todo el país, con impacto significativo en el Delta del Paraná y Córdoba.
En 2021-2022 se registraron alrededor de 1.054.000 hectáreas quemadas, con especial gravedad en Corrientes, donde el fuego arrasó cerca de 934.000 hectáreas y provocó pérdidas económicas y ecológicas de gran escala. Las temporadas 2024-2025 y la actual 2025-2026 mantienen la tendencia. Solo en enero de este año, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) reportó más de 140.000 hectáreas afectadas, entre ellas 73.000 en La Pampa y 55.000 en Chubut.
Para la Comisión, estos datos reflejan una persistencia que no ha sido revertida y que se ve agravada por sequías prolongadas y altas temperaturas. “Estos hechos no son episodios aislados, sino una tendencia persistente que el país no ha logrado revertir”, indicaron.
El documento reconoce la labor de brigadistas y fuerzas que intervienen en el combate de incendios, pero cuestiona el enfoque predominante. “Reconocemos y valoramos los esfuerzos actuales en el combate por parte de quienes honesta y eficazmente están actuando para el control y la protección de vidas, comunidades y ecosistemas. Sin embargo, se ha instalado la idea de que un mayor presupuesto para el combate es la solución principal para enfrentar el problema. La experiencia demuestra que no basta con aumentar recursos si se mantiene inalterada una estrategia centrada casi exclusivamente en el combate y la extinción”, señalaron.
La Comisión plantea que la mayoría de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad, situación que —afirman— se ha confirmado en numerosos focos recientes en la Patagonia. En ese contexto, proponen un giro estructural hacia la prevención activa.
Entre las medidas sugeridas figura un patrullaje preventivo obligatorio y permanente durante las temporadas de alto riesgo, con participación coordinada de Gendarmería Nacional, Policía Federal y fuerzas provinciales, especialmente en zonas de interfaz urbano-rural y áreas protegidas.
También recomiendan el uso intensivo de drones, monitoreo satelital, cámaras térmicas y sistemas inteligentes de análisis de imágenes, no solo para detectar focos incipientes, sino para identificar conductas sospechosas.
El ordenamiento territorial ocupa un lugar central en la propuesta. El documento advierte que la expansión urbana sin regulación en zonas de alto riesgo incrementó la exposición de la población y calificó como “social, humana y económicamente insostenible” reconstruir reiteradamente en áreas vulnerables sin planificación preventiva.
La educación ambiental y la concientización ciudadana son otros pilares señalados como indispensables para reducir conductas de riesgo. A ello se suma el manejo sostenible de bosques nativos, con reducción de carga combustible y restauración de áreas degradadas, y una persecución penal eficaz que garantice sanciones proporcionales para quienes resulten responsables.
“La conclusión es categórica: mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas humanas, destrucción de comunidades y degradación ambiental”, afirmaron. Y agregaron: “Los incendios no son desastres naturales inevitables: en su inmensa mayoría son hechos prevenibles, agravados por factores antrópicos y climáticos que requieren una respuesta integral”.
Finalmente, el CPIA manifestó su disposición a colaborar técnica e institucionalmente en el diseño de una estrategia nacional que priorice la prevención, la disuasión y la protección de la vida humana, en un escenario donde el fuego dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un desafío estructural.
