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El Gobierno nacional oficializó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, con el objetivo de fomentar nuevas inversiones agroindustriales, fortalecer a las PyMEs del sector y actualizar el esquema de contratación rural. La medida, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, fue presentada este 2 de marzo de 2026 y establece beneficios fiscales y laborales para proyectos productivos en todo el país, con montos que van desde los US$ 150.000 para microempresas hasta los US$ 9 millones para empresas medianas tramo 2.
El nuevo esquema se propone complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y ampliar el acceso a herramientas de promoción para el entramado productivo de menor escala, que concentra buena parte del empleo rural y la generación de valor agregado en las economías regionales. Desde el área agropecuaria destacaron que el RIMI apunta a dinamizar la inversión privada, mejorar la competitividad y adecuar el marco normativo a las necesidades actuales del sector.
El foco central del régimen está puesto en las inversiones productivas, especialmente en la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos que resulten amortizables en el impuesto a las ganancias, así como en la ejecución de obras destinadas a la producción. El esquema también contempla incentivos para proyectos estratégicos vinculados con tecnología, eficiencia y protección de cultivos.
Uno de los aspectos más relevantes es que no se establecen montos mínimos para determinadas inversiones estratégicas, entre ellas la incorporación de sistemas y equipos de riego, la compra de bienes de alta eficiencia energética, la instalación de mallas antigranizo y la adquisición de bienes semovientes. Esta flexibilización busca facilitar el acceso a beneficios fiscales en actividades clave para la modernización y sustentabilidad del agro.
En materia impositiva, el RIMI prevé un régimen de amortización acelerada. Para las inversiones estratégicas sin monto mínimo, la amortización podrá realizarse en una única cuota, mientras que en el caso de bienes muebles se habilita su cómputo en dos cuotas. De esta manera, las empresas podrán recuperar más rápidamente el impacto fiscal de sus inversiones.
Asimismo, se establece que los créditos fiscales de IVA generados por estas inversiones podrán computarse luego de tres períodos fiscales mensuales, lo que mejora la liquidez de las empresas y reduce los tiempos de recuperación del capital invertido.
Otro de los cambios destacados es la reducción de la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial. La medida apunta a disminuir los costos operativos en actividades intensivas en consumo energético, en un contexto de creciente necesidad de optimizar recursos hídricos y energéticos.
En paralelo, el régimen introduce modificaciones en el sistema de valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral. El nuevo esquema impacta en la determinación del impuesto a las ganancias, ya que reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio fiscal. Con ello, se busca atenuar la carga tributaria asociada a variaciones de valor que no necesariamente implican ingresos efectivos.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que el conjunto de medidas impositivas pretende generar un entorno más previsible para la planificación de inversiones, incentivar la incorporación de tecnología y favorecer la formalización de proyectos productivos en distintas regiones del país.
Además de los incentivos económicos, la normativa incorpora modificaciones en el régimen laboral agrario, con el objetivo de modernizar las relaciones de trabajo y adaptarlas a la dinámica estacional propia de la actividad.
Uno de los puntos centrales es la modificación de la subcontratación y cesión de personal, estableciendo una relación directa con quien registre la relación laboral y limitando la responsabilidad solidaria. Según lo informado por la cartera agropecuaria, la intención es otorgar mayor claridad jurídica en la contratación y evitar superposiciones de responsabilidades.
También se asegura la temporalidad de contratos sucesivos en actividades estacionales y se amplía el período de prueba a ocho meses, una extensión que busca brindar mayor margen de evaluación para empleadores y trabajadores en tareas que requieren capacitación específica o adaptación a ciclos productivos.
La reforma elimina las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, trasladando su determinación al ámbito de las convenciones colectivas. Este cambio incluye la remuneración por rendimiento y pretende dar mayor flexibilidad a la negociación sectorial, según explicaron fuentes oficiales.
Otro aspecto relevante es la compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, lo que garantiza la continuidad en la percepción de asignaciones familiares y otros beneficios durante los períodos de empleo estacional. El objetivo declarado es incentivar la formalización del empleo sin que los trabajadores pierdan derechos adquiridos.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas modificaciones buscan equilibrar la protección laboral con la necesidad de generar empleo formal en el campo, donde la estacionalidad y la dispersión geográfica plantean desafíos particulares.
El lanzamiento del RIMI se produce en un contexto de búsqueda de mayor dinamismo en las economías regionales, que en muchos casos dependen de la incorporación de tecnología, infraestructura y financiamiento para sostener su competitividad. Sectores como la fruticultura, la vitivinicultura, la producción hortícola y la ganadería intensiva podrían beneficiarse de los incentivos previstos para riego, eficiencia energética y mejoras en instalaciones productivas.
Al establecer escalas de inversión que parten de los US$ 150.000, el régimen apunta a un universo amplio de pequeñas y medianas empresas que hasta ahora no alcanzaban los requisitos del RIGI. La complementariedad entre ambos esquemas busca cubrir desde proyectos de gran envergadura hasta iniciativas de menor escala, pero con impacto local significativo.
Analistas del sector destacan que la clave estará en la implementación efectiva, la reglamentación operativa y la capacidad de las empresas para estructurar proyectos que cumplan con los requisitos establecidos. También señalan que la estabilidad macroeconómica y el acceso al crédito serán factores determinantes para que el régimen cumpla con su objetivo de impulsar nuevas inversiones.
En términos fiscales, el Gobierno apuesta a que el estímulo a la inversión y la formalización del empleo generen, en el mediano plazo, un aumento en la producción y en la base tributaria, compensando los beneficios otorgados en la etapa inicial.
Con la puesta en marcha del RIMI, el Ejecutivo busca enviar una señal de apoyo al entramado agroindustrial, considerado uno de los motores de la economía argentina. La combinación de incentivos impositivos y reformas laborales marca un cambio estructural en el marco regulatorio del sector, cuyo impacto comenzará a medirse en los próximos meses a partir de la presentación y ejecución de los primeros proyectos.
