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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) analiza la constitucionalidad de artículos centrales de la ley provincial que regula la aplicación de fitosanitarios, luego de que se presentaran acciones judiciales que cuestionan las distancias de exclusión para fumigaciones terrestres y aéreas en áreas rurales cercanas a zonas habitadas. En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) se presentó ante el tribunal como amicus curiae para aportar argumentos técnicos en defensa de la norma vigente, en un debate que impacta en el ordenamiento territorial y en el funcionamiento de la producción agropecuaria de la provincia. La información fue publicada originalmente por TNCampo.
El informe presentado advierte sobre el impacto productivo que podrían generar mayores restricciones en el territorio entrerriano. (Foto: BCER).
La discusión judicial, que volvió a instalarse en el centro del debate público en los últimos días, gira en torno a la validez de dos artículos de la legislación provincial que establecen criterios para el uso de productos fitosanitarios. La resolución del máximo tribunal provincial será determinante para definir el marco regulatorio bajo el cual se desarrollará una parte significativa de la actividad agrícola entrerriana.
Según consignó TNCampo, la BCER intervino formalmente en el proceso judicial con el objetivo de respaldar la norma sancionada por la Legislatura provincial tras un proceso de elaboración técnica y legislativa que se extendió durante varios años. La entidad busca sostener la vigencia de los artículos que fijan las distancias mínimas para la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en operaciones terrestres como aéreas.
La presentación de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se realizó bajo la figura de amicus curiae, una herramienta jurídica que permite a instituciones especializadas aportar información técnica o institucional relevante en procesos judiciales de interés público.
En su exposición ante el tribunal, la entidad advirtió sobre las implicancias productivas y territoriales que podría tener una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. El planteo se basa en un informe técnico que analiza el impacto potencial de aplicar criterios más restrictivos para el uso de fitosanitarios en el territorio provincial.
De acuerdo con lo informado por TNCampo, desde la entidad sostienen que el debate no se limita a una cuestión jurídica, sino que también involucra aspectos ambientales, sanitarios, productivos y sociales, vinculados con la convivencia entre áreas urbanas en expansión y zonas dedicadas a la producción de alimentos
El debate pone en tensión el ordenamiento territorial y la convivencia entre áreas urbanas y zonas de producción de alimentos. (Foto: BCER).
La normativa actualmente en vigencia es el resultado de un proceso que comenzó en 2019, cuando el propio Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura avanzar en una regulación específica sobre la aplicación de fitosanitarios.
A partir de esa decisión judicial, durante las gestiones provinciales encabezadas primero por Gustavo Bordet y posteriormente por Rogelio Frigerio, se desarrolló un proceso de trabajo técnico e institucional orientado a elaborar un nuevo marco regulatorio.
El proyecto de ley fue finalmente presentado en 2024 y sometido a análisis durante más de un año en la Cámara de Diputados provincial, con especial tratamiento en la Comisión de Ambiente. Durante ese período se incorporaron aportes provenientes de universidades, especialistas, organizaciones productivas, entidades profesionales y actores sociales.
Tal como detalló TNCampo, desde la Bolsa de Cereales destacaron que el proceso legislativo fue amplio, participativo y basado en evidencia científica, lo que permitió alcanzar un consenso significativo entre los distintos sectores involucrados.
La ley fue finalmente sancionada con un amplio respaldo legislativo, estableciendo criterios regulatorios para el uso de fitosanitarios en el territorio provincial y definiendo distancias de resguardo en áreas cercanas a escuelas rurales y zonas urbanizadas.
A pesar del consenso alcanzado durante la elaboración de la norma, acciones de amparo presentadas posteriormente volvieron a cuestionar la constitucionalidad de dos artículos clave, vinculados específicamente a las distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios.
Estos planteos judiciales reactivaron el debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre la protección ambiental y sanitaria y la continuidad de las actividades productivas en las zonas rurales de la provincia.
El análisis del STJ se produce en un contexto en el que el crecimiento urbano en algunas localidades rurales ha generado nuevas tensiones en el uso del suelo, especialmente en áreas donde barrios residenciales conviven con explotaciones agrícolas.
Uno de los ejes centrales del debate es el posible impacto que tendría la adopción de criterios más restrictivos para las aplicaciones de fitosanitarios. Entre los antecedentes judiciales citados en la discusión se encuentran decisiones que fijan distancias de exclusión de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para fumigaciones aéreas.
Según informó TNCampo, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos sostienen que aplicar esos parámetros de forma generalizada en todo el territorio provincial podría generar consecuencias significativas para la producción agrícola, el uso del suelo y la economía regional.
El presidente de la entidad, Héctor Bolzán, mantuvo recientemente un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, en el que se presentó el informe técnico elaborado para acompañar la exposición ante el tribunal.
Del intercambio también participaron funcionarios del área agrícola provincial, integrantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y representantes de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez.
El documento elaborado por la entidad incluye un análisis espacial del territorio agrícola para estimar la superficie que quedaría afectada bajo distintos escenarios de restricciones.
Para ello se tomaron como referencia casos concretos de urbanización rural, como Loteo Tierra Alta y Aldea Salto, donde se evaluó el impacto potencial de ampliar las zonas de exclusión.
El informe también analizó el efecto que estas restricciones podrían tener sobre la producción de alimentos, particularmente en cultivos extensivos como trigo y maíz, que forman parte de la base de la producción agrícola entrerriana.
Según las conclusiones del estudio citadas por TNCampo, la aplicación de los parámetros más restrictivos podría impedir la producción de 33.700 toneladas de granos, volumen que la entidad asocia con implicancias más amplias para la disponibilidad de alimentos.
De acuerdo con la estimación presentada, esa cantidad de trigo y maíz permitiría generar más de 112 millones de platos de comida, considerando su utilización en productos derivados de harina y otros alimentos.
Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos sostienen que el debate debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple la protección ambiental, la salud pública y la necesidad de mantener la producción de alimentos.
En ese sentido, la entidad plantea la importancia de avanzar hacia un ordenamiento territorial equilibrado, que permita la convivencia entre el desarrollo urbano y la actividad agrícola sin afectar de manera desproporcionada el uso productivo del suelo.
En su presentación ante el tribunal, la institución también destacó que la ley actualmente vigente incorpora medidas de resguardo que, según su interpretación, incluso superan estándares considerados razonables por parte de la comunidad científica, según publicó TNCampo.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá ahora analizar los argumentos presentados por las distintas partes y definir el alcance de la norma cuestionada.
La resolución tendrá consecuencias relevantes no solo desde el punto de vista jurídico, sino también para la organización del territorio, el funcionamiento del sistema productivo y el equilibrio entre actividades agrícolas y áreas urbanizadas.
Lo que está en juego, según coinciden distintos actores del sector, no es únicamente la validez de dos artículos de la ley, sino también el marco regulatorio que definirá cómo se gestionan los fitosanitarios en una de las principales provincias agrícolas de la Argentina, según informó TNCampo.
