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El Gobierno nacional actualizó la normativa que regula las autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) de uso agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con el objetivo de modernizar el marco regulatorio, reducir tiempos administrativos y acompañar los avances científicos del sector. La medida fue oficializada el 11 de marzo de 2026 mediante la Resolución 255/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que reemplaza la normativa vigente desde 2011 y establece un sistema más ágil para evaluar nuevos desarrollos biotecnológicos.
Según informó el Ministerio de Economía, la actualización normativa busca fortalecer la previsibilidad para las inversiones, promover la innovación tecnológica y mejorar la competitividad del sector agroindustrial argentino, en un contexto de creciente desarrollo científico en materia de biotecnología aplicada a la producción.
La nueva resolución reemplaza a la Resolución 763/2011, que durante más de una década funcionó como marco regulatorio para la evaluación y autorización de OGMs en el país. Con la actualización, el Gobierno introdujo criterios técnicos más precisos, reducción de plazos de evaluación, simplificación de procedimientos y eliminación de cargas administrativas consideradas innecesarias.
De acuerdo con la información oficial, el cambio responde a la evolución científica y tecnológica registrada en los últimos años, que amplió el campo de aplicación de los organismos genéticamente modificados más allá del ámbito estrictamente agropecuario.
Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la normativa anterior fue una herramienta relevante para el desarrollo del sector, pero que el tiempo transcurrido y los avances en biotecnología justificaban una actualización integral del sistema.
La nueva regulación establece procedimientos diferenciados según el tipo de organismo modificado y el uso previsto, ya sea para experimentación, investigación o comercialización. El objetivo es ordenar los procesos de evaluación manteniendo los estándares de seguridad que rigen para estos desarrollos.
El Gobierno destacó que el sistema continuará garantizando la seguridad del agroecosistema, la aptitud alimentaria para humanos y animales y la preservación de los mercados de exportación, aspectos clave para la competitividad del sector agroindustrial argentino.
Los organismos genéticamente modificados se utilizan en agricultura para introducir características específicas en cultivos, como mayor resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas o mejoras en rendimiento productivo, lo que contribuye a aumentar la eficiencia de la producción.
Argentina ocupa desde hace décadas un lugar destacado en la regulación de biotecnología aplicada al agro. El país comenzó a desarrollar su sistema de evaluación de organismos genéticamente modificados en 1991, cuando se establecieron los primeros mecanismos de análisis científico y regulatorio para estos productos.
El objetivo del sistema regulatorio es asegurar que los OGMs destinados a la producción agropecuaria sean seguros tanto en las etapas experimentales como en su posterior comercialización, evitando al mismo tiempo impactos negativos sobre el ambiente, la salud o el comercio internacional.
De acuerdo con datos oficiales citados por el Ministerio de Economía, desde 1996 hasta la actualidad el Estado nacional aprobó 134 desarrollos biotecnológicos genéticamente modificados destinados al sector productivo.
Del total de aprobaciones registradas en las últimas tres décadas, 38 autorizaciones se concretaron durante la actual gestión, lo que representa casi el 28% de todos los desarrollos comerciales aprobados en el país en los últimos 30 años.
Este volumen de aprobaciones refleja el crecimiento de la investigación y el desarrollo en biotecnología agrícola, un campo en el que participan tanto organismos públicos de investigación como empresas privadas.
El campo de aplicación de los organismos genéticamente modificados se ha ampliado progresivamente en las últimas décadas. Inicialmente concentrados en la producción agrícola, estos desarrollos comenzaron a extenderse hacia sectores agroalimentarios y agroindustriales, incorporando nuevos productos, subproductos y tecnologías derivadas.
Según la información difundida por el Gobierno, esta expansión permitió incrementar la productividad del agro, fortalecer las exportaciones de materias primas y promover la producción de alimentos considerados seguros, en línea con las demandas de los mercados internacionales.
La nueva normativa busca adaptarse a esta evolución tecnológica, estableciendo un marco regulatorio más flexible pero basado en evidencia científica y criterios técnicos rigurosos.
El trabajo que derivó en la actualización regulatoria se realizó a partir de un proceso técnico de análisis y consenso entre especialistas del sector público y privado, quienes evaluaron los avances de la ciencia regulatoria y las necesidades del sistema productivo.
Desde el Gobierno sostienen que la modernización normativa permitirá mejorar el clima de inversión en el sector biotecnológico, al reducir tiempos y costos asociados a los procesos de autorización.
El desarrollo de nuevas variedades genéticamente modificadas implica largos procesos de investigación, evaluación y aprobación, por lo que la previsibilidad regulatoria es considerada un factor clave para atraer inversiones en ciencia y tecnología aplicada al agro.
Además, la biotecnología se consolidó como uno de los pilares de la competitividad del sistema agroindustrial argentino, que se encuentra entre los principales exportadores mundiales de productos agrícolas.
Las autoridades señalaron que la actualización de la normativa forma parte de una estrategia orientada a acompañar la transformación tecnológica del sector agropecuario, fomentar la generación de valor agregado y consolidar la posición del país en el desarrollo de soluciones biotecnológicas aplicadas a la producción.
Con esta medida, el Gobierno busca mantener a Argentina entre los países con marcos regulatorios avanzados en biotecnología agrícola, un aspecto considerado clave para sostener la innovación científica, fortalecer la producción y preservar el acceso a los mercados internacionales.
