El gobierno de Bolivia, bajo la administración del presidente Rodrigo Paz, ha aprobado la suscripción de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, cuyo propósito es financiar el "Programa de fortalecimiento del sistema de protección social" en el país. La medida fue formalizada a través del Decreto Supremo 5573, que autoriza el inicio de este proceso. Actualmente, el trámite se encuentra en espera de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los recursos provenientes de este préstamo estarán destinados a la creación de un nuevo registro social de hogares, una herramienta clave para optimizar la asignación de recursos públicos. Este sistema tiene como objetivo mejorar la gestión y distribución de los fondos, permitiendo que los recursos sean asignados de manera más eficiente a las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad. Según las estimaciones, se prevé que el programa beneficiará a más de un millón de personas en todo el país.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, será el encargado de suscribir el contrato con el BID, y posteriormente remitirá el acuerdo a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación. En un comunicado oficial, el gobierno destacó que este crédito es un paso importante en el fortalecimiento de la protección social, una de las áreas prioritarias de la actual administración.
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien visitó Bolivia en enero de 2023, resaltó la importancia de los proyectos de cooperación con el país. Durante su visita, Goldfajn anunció créditos por un total de hasta 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028, lo que refleja el compromiso de la institución con el desarrollo económico y social de Bolivia. “Estamos para trabajar junto con ustedes en el futuro de Bolivia”, expresó el presidente del BID en esa ocasión.
Aunque durante la campaña electoral Paz había descartado la opción de recurrir a organizaciones multilaterales para financiar el desarrollo del país, en los primeros meses de su gobierno se ha concretado un avance significativo en las negociaciones con entidades como el BID, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Estos acuerdos se han buscado principalmente para enfrentar la crisis económica que atraviesa Bolivia, exacerbada por la escasez de divisas y la reducción de los ingresos por la caída de la producción de gas.
El primero de los créditos obtenidos en este marco fue un préstamo de 3.100 millones de dólares otorgado por la CAF para los próximos cinco años. De este monto, 450 millones de dólares ya fueron desembolsados en diciembre de 2023. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que estos recursos contribuyen a aliviar la presión sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la economía nacional.
“Esos dólares no están saliendo para pagar combustibles, sino que ahora tenemos la posibilidad de retenerlos un poco más en el Banco Central y, por lo tanto, ya iniciamos el proceso de reconstrucción de las reservas internacionales”, afirmó Espinoza en una rueda de prensa.
Bolivia ha enfrentado una grave crisis económica en los últimos años, originada principalmente por la caída en la producción de gas, que ha reducido considerablemente los ingresos provenientes de las exportaciones de este recurso natural. Esta situación se ha visto reflejada en una escasez de dólares, periodos de desabastecimiento de combustible y un aumento en los precios de alimentos y productos básicos. La desaceleración económica que comenzó a gestarse una década atrás, se hizo evidente a inicios de 2023, afectando directamente el poder adquisitivo de los bolivianos.
Ante este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el cargo en noviembre de 2023, ha adoptado una serie de reformas económicas orientadas a recuperar la economía nacional. Entre las principales medidas adoptadas se encuentran la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre de 2023, la apertura de mercados internacionales para diversificar las exportaciones, y la accesibilidad a créditos internacionales para financiar proyectos que ayuden a recuperar las reservas internacionales.
El crédito con el BID es uno de varios acuerdos firmados por el gobierno de Paz en un intento por gestionar la creciente deuda externa y estabilizar las finanzas públicas. Según informes de prensa, actualmente se calcula que Bolivia ha gestionado cerca de 7.000 millones de dólares en préstamos internacionales. Si bien estos recursos han sido clave para el alivio de la crisis, también han aumentado la dependencia de las organizaciones multilaterales para financiar el desarrollo, lo que podría generar tensiones con ciertos sectores que prefieren no recurrir a los fondos internacionales debido a los compromisos y condiciones asociados.
El gobierno de Paz sigue defendiendo que estos créditos internacionales son necesarios para salvar la economía boliviana y permitir la recuperación de las reservas internacionales, fundamentales para garantizar la estabilidad económica y la autonomía financiera del país. El crédito aprobado por el BID es, sin duda, un paso clave en la estrategia del gobierno de Bolivia para mejorar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. A través de este préstamo, se espera avanzar en la modernización del sistema de protección social y la optimización de recursos públicos, mientras se sigue gestionando la crisis económica a través de otras medidas y negociaciones con organismos internacionales, como se detalla en Infobae.