El presidente y CEO de Bayer Cono Sur, Juan Farinati, afirmó que la compañía podría analizar un regreso al negocio de semillas de soja en Argentina si el país adopta estándares internacionales de propiedad intelectual, como los contemplados en el convenio UPOV-91. Las declaraciones se realizaron durante Expoagro, en San Nicolás, en medio del debate que impulsa el Gobierno nacional sobre un nuevo régimen para la innovación en semillas, según informó La Nación en una nota del periodista Fernando Bertello.
La empresa se había retirado del negocio de semillas de soja en el país en 2021. En ese contexto, Farinati señaló que cualquier decisión sobre un eventual retorno dependerá del marco regulatorio que se establezca para la protección de la innovación tecnológica en el sector.
“Para Bayer es una condición que haya estándares de propiedad intelectual internacionales”, afirmó el ejecutivo al referirse al debate que atraviesa el sistema de propiedad intelectual en cultivos autógamos, como soja y trigo. Según indicó, solo en ese escenario la empresa podría “empezar a analizar si se podría hacer algo en la Argentina”.
El planteo surge mientras el Gobierno nacional evalúa impulsar en el Congreso la adhesión del país al convenio UPOV-91, una normativa internacional que refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales. El tema volvió al centro de la agenda luego de que el presidente Javier Milei anunciara durante la apertura de sesiones ordinarias que se promoverá un régimen para los innovadores en semillas.
Debate por el modelo de propiedad intelectual
La discusión enfrenta distintas posiciones dentro del sector agropecuario. Por un lado, empresas tecnológicas y semilleras sostienen que la adopción de estándares internacionales permitiría atraer más inversiones en investigación y desarrollo. Por otro, entidades de productores advierten que el sistema podría limitar el derecho al uso propio de semillas.
En ese marco, la Mesa de Enlace presentó una propuesta al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que plantea mantener el esquema actual basado en UPOV-78 y establecer un sistema de pago por el uso propio de semillas para determinadas superficies productivas.
La iniciativa propone que los productores que siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada mantengan el derecho al uso propio gratuito durante tres campañas agrícolas. A partir de ese plazo, el productor debería abonar por la reutilización del material genético.
Las entidades rurales argumentan que el convenio UPOV-91 otorga mayor poder de control a las empresas obtentoras de variedades vegetales, ya que exige autorización para actividades vinculadas a la reproducción, comercialización o multiplicación de semillas protegidas.
Frente a ese debate, Farinati planteó que el país necesita evitar una confrontación entre productores e industria y avanzar hacia un esquema que incentive la innovación tecnológica.
“Para que la Argentina produzca más tiene que haber más tecnología, más compañías invirtiendo en tecnología, que esa tecnología pueda acceder a los clientes, que los clientes puedan elegir y ya puedan pagar”, afirmó.
Competencia tecnológica en el agro
El ejecutivo sostuvo que la discusión debe contemplar la competencia internacional por el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas. Según explicó, los países que ofrecen mayor protección a la propiedad intelectual suelen concentrar las inversiones en investigación y desarrollo de las compañías globales.
“Si en un país yo tengo un sistema de estándares de respeto por la propiedad intelectual que están por debajo de otro país, ¿a dónde va a invertir la compañía más recursos? En el país que tiene mejores estándares”, señaló.
Farinati también indicó que la Argentina enfrenta un retraso tecnológico en varios cultivos autógamos si se compara con otros mercados agrícolas relevantes. Entre ellos mencionó el caso de Brasil, donde las condiciones productivas y regulatorias impulsaron un desarrollo más acelerado de tecnologías aplicadas a semillas.
En ese contexto, el ejecutivo remarcó que la discusión sobre propiedad intelectual no solo impacta en la soja, sino también en otros cultivos y economías regionales.
“La Argentina está retrasada en todos los cultivos autógamos desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, desde los cultivos grandes en hectáreas hasta el poroto, maní. Esto tiene un impacto no solamente en lo extensivo, sino federal, en economías regionales”, expresó.
La eventual adhesión del país al convenio UPOV-91 requerirá la aprobación de una ley en el Congreso y posteriormente una reglamentación que defina su implementación.
