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Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes conformaron un frente conjunto para enfrentar un posible bloqueo de la Unión Europea a las exportaciones argentinas de biodiésel, una medida que podría afectar un mercado de hasta US$400 millones anuales. La postura se consolidó durante la edición 2026 de Expoagro, realizada en San Nicolás, donde funcionarios provinciales y representantes del sector privado alertaron sobre el impacto económico y productivo que podría generar la decisión europea.
El conflicto surge luego de que la Comisión Europea publicara un documento que modifica los criterios sobre el riesgo de cambio indirecto de uso del suelo, un indicador que analiza la expansión de cultivos destinados a producir biocombustibles. La revisión incluye a la soja, principal materia prima del biodiésel argentino, como un insumo considerado de “alto riesgo”.
Según informaron autoridades provinciales, de avanzar esta evaluación podría restringirse el acceso del biodiésel argentino al mercado europeo, uno de los principales destinos de exportación para este producto.
El encuentro que formalizó la estrategia conjunta se desarrolló en la jornada titulada “Región Centro: el biodiésel como motor de futuro”, en el marco de Expoagro. Participaron los ministros Gustavo Puccini (Santa Fe), Sergio Busso (Córdoba), Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) y Walter Chávez (Corrientes).
Puccini advirtió sobre la gravedad del escenario y explicó que la preocupación radica en el impacto directo que tendría la medida sobre la economía nacional.
“Traemos una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar 400 millones de dólares al país”, afirmó el funcionario.
El biodiésel argentino se produce principalmente a partir de aceite de soja, una cadena productiva que involucra a miles de productores, plantas industriales, puertos y empresas logísticas en distintas regiones del país.
Los ministros provinciales coincidieron en que el posible bloqueo no solo afectaría a las empresas exportadoras, sino a toda la cadena de valor de la soja y los biocombustibles.
El ministro cordobés Sergio Busso sostuvo que el sector privado también acompaña el reclamo y remarcó la necesidad de que se reconozca la competitividad del biodiésel argentino en los mercados internacionales.
Por su parte, el entrerriano Guillermo Bernaudo destacó el impacto territorial que podría generar una restricción comercial de este tipo.
“Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado”, explicó.
A la postura de los gobiernos provinciales se sumaron referentes del sector productivo y comercial.
El presidente de Carbio, Luis Zubizarreta, aseguró que la industria llevará el reclamo a todas las instancias necesarias para evitar que avance la restricción.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, el director ejecutivo Javier Cervio consideró que la decisión europea responde a intereses comerciales más que a criterios técnicos.
“Cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos”, señaló al referirse al documento europeo, y advirtió que la medida implicaría un retroceso en el vínculo comercial entre ambos bloques.
En la misma línea, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, aseguró que el sector cuenta con evidencia suficiente para demostrar que la producción argentina cumple con estándares ambientales.
Los representantes provinciales remarcaron que gran parte de la soja producida en Santa Fe se cultiva mediante siembra directa, un sistema que reduce la erosión del suelo y contribuye a capturar carbono.
Además, destacaron que el biodiésel argentino puede generar un ahorro superior al 70% en emisiones de gases de efecto invernadero respecto del diésel de origen fósil.
En ese sentido, los funcionarios sostuvieron que la eventual restricción europea contradice los propios objetivos ambientales que promueve la región.
“Europa castiga al producto más eficiente ambientalmente para proteger sus aceites vegetales, más caros y menos sustentables”, señalaron.
Ante este escenario, las provincias anunciaron dos líneas de acción para defender el acceso del biodiésel argentino a los mercados internacionales.
La primera consiste en elaborar un dossier técnico y jurídico para presentar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de denunciar un posible caso de proteccionismo comercial. La estrategia se apoya en un antecedente favorable obtenido por Argentina en 2016.
La segunda iniciativa busca impulsar en el Congreso nacional una nueva Ley de Biocombustibles que permita ampliar el corte obligatorio de biodiésel en combustibles, actualmente limitado al 7,5%.
Según explicaron los funcionarios, esta medida permitiría fortalecer el mercado interno y expandir la capacidad productiva del sector.
Por ahora, el objetivo principal es evitar que la discusión técnica en Europa derive en una restricción comercial que afecte a uno de los complejos exportadores más importantes del país.
Según informó La Nación, la coordinación entre provincias y sector privado apunta a sostener el peso del biodiésel argentino en el comercio internacional y proteger una actividad que genera empleo, divisas y desarrollo regional.
