La nueva licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, principal canal de exportación de granos de Argentina, genera preocupación entre productores y especialistas. En diálogo con este medio, Alejandro Bustamante, consultor en logística fluvial, explicó que la concesión plantea tarifas más altas y limita la competencia a solo dos empresas belgas, lo que podría trasladar costos adicionales al sector agrícola. Según informó Canal Rural, el proceso comenzó con la publicación del pliego en diciembre de 2025 y la apertura de sobres en febrero de 2026.
Según Bustamante, “la tarifa mínima propuesta por el gobierno es prácticamente el doble de lo que podría ser según estudios independientes. La profundización del canal no alcanza a resolver la necesidad de completar buques en puertos secundarios, lo que genera un sobrecosto de 5 a 7 dólares por tonelada”.
El especialista detalló que inicialmente se recibieron tres ofertas, pero una fue descalificada por falta de garantías. Las dos ofertas serias provienen de empresas belgas, mientras que otras empresas europeas y la principal empresa china quedaron excluidas por decisiones estratégicas, pese a contar con capacidad técnica. Sobre el plazo de concesión, Bustamante señaló: “La propuesta es de 25 años, pero un plazo de 10 a 15 años sería suficiente para asegurar inversiones y mantener competitividad”.
En relación con la transparencia del proceso, el consultor afirmó que se contrató a un auditor externo de la ONU (UNTAC), “que no tiene experiencia en licitaciones de infraestructura de transporte y cuyo informe no evalúa la conveniencia para el país, sino solo si la tarifa permite al concesionario cubrir costos”. Además, alertó que la calificación económica está limitada a un 3% sobre la tarifa mínima, eliminando cualquier competencia real en precios.
Bustamante también recordó que la hidrovía Paraná-Paraguay conecta los mercados internacionales con los campos argentinos y que su eficiencia impacta directamente en los precios que reciben los productores. “Una primera licitación en 2025 fue declarada desierta. Los ajustes posteriores no resolvieron problemas estructurales. Estudios previos realizados por exportadoras en 2020 indicaban que 42 pies de profundidad podrían alcanzarse con tarifas de 3 dólares por tonelada, mucho menos que la propuesta actual”, sostuvo.
El impacto sobre los productores podría ser significativo. Según el especialista, “los productores podrían absorber mayores costos de exportación sin que haya mejoras reales en la navegabilidad de la hidrovía. La falta de competencia y el control tarifario centralizado reduce incentivos para la eficiencia y limita la oportunidad de obtener una hidrovía más competitiva”.
Bustamante concluyó que la oportunidad de mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas está siendo desaprovechada y que la nueva concesión repite errores de licitaciones previas. Su análisis aporta una mirada crítica sobre cómo la decisión afectará directamente al sector agrícola y al comercio exterior del país.
