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La reaparición de casos de influenza aviar altamente patógena en la Argentina volvió a encender las alarmas en el sector avícola, que atraviesa un escenario crítico sanitario y económico, según informó el diario Clarín. El fenómeno, registrado en los últimos días de marzo de 2026 en distintas regiones del país, impacta directamente en las granjas productoras de huevos y genera preocupación por el abastecimiento interno, el empleo y la continuidad de la actividad, en un contexto donde cada brote implica pérdidas totales.
De acuerdo con el relevamiento publicado por ese medio, la cadena avícola enfrenta una situación de alta fragilidad tras la confirmación de nuevos focos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), lo que obligó a reactivar protocolos sanitarios de emergencia y provocó la pérdida del estatus sanitario internacional.
El impacto es inmediato: ante cada caso detectado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispone el sacrificio total de las aves en los establecimientos afectados, una medida que busca contener la propagación del virus, pero que genera consecuencias económicas profundas para los productores.
Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) advirtieron que el escenario ya no admite demoras y reclamaron la implementación de un esquema de vacunación como herramienta para mitigar el impacto del virus. La entidad sostiene que el modelo sanitario actual prioriza el cumplimiento de estándares internacionales, pero no contempla adecuadamente la realidad productiva local.
El presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, señaló que los productores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Según consignó Clarín, el dirigente advirtió que la aparición de la enfermedad implica la pérdida total del capital invertido en cada granja, sin mecanismos de compensación económica.
Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA)
El problema adquiere mayor gravedad en el segmento de producción de huevos. A diferencia de otras ramas de la avicultura, las gallinas ponedoras requieren largos períodos de desarrollo, lo que implica que, ante un brote, no solo se pierde el stock de aves, sino también el tiempo invertido en su formación.
El esquema sanitario vigente responde a lineamientos internacionales que buscan preservar los mercados externos. Sin embargo, desde el sector señalan una fuerte desproporción: más del 94% de la producción de huevos se destina al consumo interno, mientras que solo una porción menor se exporta.
Esta situación genera tensiones entre la necesidad de cumplir con las exigencias del comercio internacional y la de proteger el mercado interno, que es el principal sostén de la actividad. Según advierten los productores, el sistema actual termina afectando al grueso del sector para resguardar una fracción más pequeña vinculada a las exportaciones.
A esto se suma la falta de herramientas financieras que permitan amortiguar el impacto de los brotes. La ausencia de compensaciones económicas acelera el deterioro de las explotaciones, especialmente en las pequeñas y medianas granjas.
Aunque por el momento no se registran faltantes generalizados de huevos, el sector advierte que una sucesión de brotes podría generar un efecto dominó sobre la oferta, con consecuencias en los precios y en el abastecimiento del mercado interno.
La caída de establecimientos no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena de valor: trabajadores, proveedores de insumos y servicios vinculados a la actividad. En ese contexto, crece la preocupación por el impacto social y económico que podría derivarse de una profundización de la crisis.
Desde CAPIA sostienen que la implementación de un esquema de vacunación, especialmente en aves de ciclo largo, permitiría reducir el riesgo sin detener la producción. La propuesta incluye además la aplicación de modelos de regionalización y compartimentación, que permitirían aislar focos sin paralizar toda la actividad.
La discusión sobre la vacunación no es exclusiva de la Argentina. Las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal establecen criterios estrictos para el manejo de la enfermedad, especialmente en relación con el comercio internacional.
Sin embargo, varios países comenzaron a adaptar sus estrategias para convivir con el virus sin interrumpir completamente la producción. Estos antecedentes son observados con atención por el sector local, que busca alternativas para sostener la actividad en un contexto sanitario complejo.
En las granjas, el clima es de incertidumbre. Productores y trabajadores siguen de cerca la evolución de los casos, conscientes de que un solo brote puede comprometer años de inversión y poner en riesgo la continuidad de la actividad.
El reclamo por medidas urgentes se intensifica a medida que avanza la enfermedad. La advertencia del sector es clara: sin cambios en la estrategia sanitaria y sin herramientas de apoyo económico, el impacto podría profundizarse y derivar en una reducción estructural de la producción.
En ese escenario, la preocupación ya no se limita al presente inmediato. El riesgo de que parte del entramado avícola argentino se vea afectado de manera irreversible comienza a instalarse como una posibilidad concreta, con implicancias directas sobre el abastecimiento de alimentos y la estabilidad de una de las principales economías regionales del país.
