El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes por la mañana a los referentes de las principales cadenas de supermercados del país en una reunión en la sede del Palacio de Hacienda, en Buenos Aires, para analizar la persistente caída del consumo masivo y la creciente presión tributaria a nivel municipal que, según el sector, afecta la actividad y, en última instancia, a los consumidores. El encuentro —que duró alrededor de una hora— reunió a directivos de todas las grandes cadenas y al director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, en un contexto de cifras negativas en ventas y preocupación por costos impositivos que erosionan márgenes.
Las principales preocupaciones planteadas por los supermercadistas durante el encuentro estuvieron centradas en dos ejes: la retracción de las ventas en los últimos meses y las altas tasas municipales, que consideran “sin contraprestación justa” y que impactan directamente en los costos operativos de las actividades comerciales.
Durante la reunión con Caputo, los representantes del sector expusieron su inquietud por la proliferación de tasas municipales que, aseguraron, no siempre tienen una correlación clara con servicios prestados, pero que implican una carga adicional importante para la operatoria diaria. El ministro, acompañado por el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recogió las inquietudes de los participantes y manifestó su comprensión sobre el impacto de la carga impositiva local en la actividad comercial.

Según detallaron fuentes de la reunión, las quejas se concentraron sobre las jurisdicciones de Lanús —donde la tasa municipal alcanza el 6,36% según datos del sector— y Pilar, donde el ejecutivo municipal, Federico Achával, aplica una tasa del 4,50%, más un adicional por Fondo Educativo de $435.997 y una percepción de 2% por tasa ambiental. “Absolutamente descabellado!”, publicó Caputo en un mensaje en redes sociales vinculando estas cifras con la presión fiscal.
Diversos municipios fueron mencionados por los supermercadistas como ejemplos de tasas elevadas: Luján, con 4,20% más una tasa ambiental del 1,50% que la eleva a 5,13%; Hurlingham, con 3,50% más contribuciones adicionales que llevan la tasa efectiva al 4,50%; Bahía Blanca, con un 2,70% más adicionales que la elevan al 4,05%; y Quilmes, con una tasa base de 3,74% y adicionales que la elevan también por encima del 4%.
Representantes del sector manifestaron que, con niveles de ventas deprimidos, sostener la carga fiscal —especialmente la subnacional— resulta cada vez más difícil sin trasladar parcial o totalmente esos costos al precio final que paga el consumidor. “Hoy te lo termina absorbiendo la presión impositiva o lo perdés por ventas que migran al canal informal”, sintetizó una fuente del supermercadismo tras la reunión con las autoridades oficiales.
Este traslado de costos tributarios a los precios aparece, según el sector, como una variable que profundiza la caída del consumo, ya que reduce el poder adquisitivo de los consumidores y, a su vez, merma la competitividad de los comercios formales frente a alternativas informales que no enfrentan las mismas cargas.
Aunque Caputo no brindó cifras propias durante el encuentro, la situación del consumo masivo es un tema de creciente preocupación para los supermercadistas. Según datos de la consultora Scentia, durante febrero el consumo masivo profundizó su caída, registrando una contracción interanual del 3,4%, consolidando una tendencia negativa que se venía observando desde los primeros meses del año. Asimismo, las ventas en todos los canales presentó una fuerte contracción respecto de enero, con una caída del 6,3% mes contra mes.

El deterioro del consumo se reflejó con claridad en el balance del primer bimestre del año: entre enero y febrero, el consumo acumulado registró una contracción del 2,1%. En ese marco, casi todos los formatos comerciales mostraron caídas, con excepción del e-commerce, que fue el único canal que logró registrar crecimiento significativo. El canal moderno —integrado por las grandes cadenas de supermercados— fue el más afectado, con una caída interanual del 5,9%, según el informe.
La baja en la actividad comercial impacta directamente en los ingresos de los comercios y, por ende, en la capacidad de absorber cargas fijas como impuestos y tasas. Esta situación, sumada a un entorno de precios ajustados y demanda retraída, complica la planificación de inversiones y la sustentabilidad de los negocios en el corto y mediano plazo.
Además de los temas fiscales y de consumo, durante el encuentro también se tocaron aspectos relativos a la reciente paritaria del sector de comercio. El acuerdo contempla un incremento salarial del 5% entre abril y junio, distribuido en tramos (2% en abril; 1,5% en mayo y 1,5% en junio), junto con una suma no remunerativa de $20.000 que se sumará a los $100.000 que ya perciben los trabajadores del sector.
Sin embargo, este aspecto también generó cierto malestar dentro de la Asociación de Supermercados Unidos, ya que algunos directivos expresaron su disconformidad con ciertos conceptos incluidos en el acuerdo y no descartaron iniciar un análisis para una posible impugnación. La preocupación central radica en que el incremento de costos laborales se da en un contexto de caída de ventas, lo que amplifica las tensiones sobre la rentabilidad de las operaciones.
Desde el Gobierno, el mensaje transmitido por Caputo fue de atención y seguimiento a las preocupaciones del sector, aunque con una mirada que también incorpora expectativas positivas sobre la evolución de la economía en ciertos sectores. El ministro resaltó su “excelente reunión” con los supermercadistas y subrayó que el principal problema planteado fue la presión de las tasas municipales, las cuales consideró perjudiciales para el sector y, por supuesto, para los consumidores.
Al mismo tiempo, Caputo mostró una perspectiva optimista en torno a algunos indicadores económicos que podrían mejorar en los próximos meses, particularmente en rubros como la construcción y con el impulso de eventos climáticos favorables para la cosecha, una variable relevante para el desempeño general de la economía.
Si bien el ministro no se refirió de manera puntual a los datos de consumo masivo durante el encuentro, su reconocimiento del sector como uno de los más afectados por la coyuntura fiscal y económica marca un punto de atención dentro de la estrategia oficial para abordar la retracción de la demanda.
La reunión de Caputo con los principales supermercadistas puso sobre la mesa una agenda compleja, dominada por la caída del consumo y la persistente presión de cargas tributarias locales. El sector apunta a aliviar la presión fiscal municipal como una forma de sostener su actividad en un contexto de ventas deprimidas, mientras que desde el Gobierno se mostró receptividad y una mirada que combina el reconocimiento de los problemas con expectativas de recuperación en otros sectores de la economía, según publicó Infobae.
El desafío, según los protagonistas, será encontrar medidas que permitan compatibilizar la sustentabilidad del sector formal con la necesidad de preservar la competitividad de precios y la rentabilidad en un contexto macroeconómico complejo.